Nada ocurría en Iguala que ellos no ordenaran o supieran. José Luis Abarca era el presidente municipal. María de los Ángeles Pineda, su esposa, iba a sucederlo. Estuve ahí dos días después de la desaparición y todavía olía a la fiesta popular que ella organizó con el pretexto de su informe del DIF, pero que era en realidad su lanzamiento por la alcaldía. Según numerosos testimonios, en pleno jolgorio le fueron a avisar que estaba entrando un camión con estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; así que temerosa de que le arruinaran su festejo le pidió a su marido que los pararan a como diera lugar, echándoles encima a la Policía Municipal. Y así lo hicieron. Él también tenía mucho qué perder: había comprado la candidatura al PRD nacional de entonces; de joyero en pequeño, en dos años amasó una fortuna que le permitió construir el nuevo centro comercial de Iguala, con todo y complejo cinematográfico.
Los dos tenían pasados oscuros. Ella era hermana de Alberto Pineda, alias “El Borrado”, uno de los lugartenientes de los célebres Beltrán Leyva. Es más, era un secreto a voces que ella manejaba la facción local llamada “Guerreros Unidos”. Él era famoso por pagar entre tres y cuatro mil pesos por cada ejecución. Aunque al menos en una ocasión, por su propia mano, José Luis Abarca asesinó a sangre fría, a Arturo Hernández, uno de sus más férreos opositores.
Así que los Abarca sabían perfectamente lo que ocurrió en las horas últimas del 26 y las primeras del 27 de septiembre de 2014. Por eso desaparecieron. Se los tragó la tierra. Hasta que los vomitó en Iztapalapa 40 días después, cuando fueron encontrados y detenidos en una casa de seguridad. Aunque, desde entonces, no desaparece el velo de su misterio: él está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México; ella, recluida en el penal femenil de Amacuzac, Morelos. Sobre ambos pesan acusaciones por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al principio se les investigó por la sospecha de ser los autores intelectuales del primer ataque a los 43 normalistas. Se intentó probar el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Pero estas acusaciones se fueron diluyendo. Su poderosa batería de abogados apeló al recurso de violaciones al debido proceso y luego de anular cinco de los seis expedientes en su contra, ahora los Abarca están cerca de la libertad. Y como una muestra más de quien manda en Iguala, el propio presidente López Obrador fue recibido hace poco con mantas muy bien pintadas: “Abarca-Pineda inocentes”; “Los Abarca, presos políticos”, que portaban parientes e incondicionales envalentonados por la reciente e increíble liberación de Gildardo López Astudillo, “El Gil”, jefe de sicarios de “Guerreros Unidos” —el cártel de María de los Ángeles— quien fuera señalado todo este tiempo como el hombre que ordenó secuestrar y asesinar a los 43 de Ayotzinapa.
Siempre he creído que los Abarca, más que presos están aislados, y si me apuran “protegidos”. Porque jamás fueron “expuestos” a los medios. Tampoco se sabe que hayan sido sometidos a un interrogatorio exhaustivo para determinar, no solo su responsabilidad, sino qué fue lo que pasó exactamente en aquella noche negra que marcó un antes y un después en el México contemporáneo. Y que hasta ahora nos ha planteado preguntas sin respuestas: ¿Participó el ejército? ¿Se involucraron agentes federales? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué? Y, sobre todo, ¿dónde están?
Periodista.
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