Eso y no otra cosa es la “prisión preventiva oficiosa”. El imperio del oscurantismo donde por decreto real, el dedo flamígero desde el púlpito del poder señala quiénes son culpables para que se pudran en las cárceles aun sin estar sentenciados. Como en aquella época terrible en que bastaba una mentira infame para que los acusados fueran atormentados en El Potro, o llevados al descuartizamiento brutal o aun a la inhumana hoguera.
A ver: aunque ahora no se llegue a tales extremos hay un hecho incontrovertible e insensato: cuando se encarcela a un inocente, se le están robando años de su vida, es decir, la vida misma. Aun si se prueba su inocencia y logra salir de prisión, ya se le ha roto su existencia. Y la de todos quienes le rodean. Algo a lo que nadie tiene derecho por muy poderoso que sea.
Los datos son una vergüenza para cualquier país que se diga medianamente civilizado: según la Estadística Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad, cuatro de cada diez prisioneros de las cárceles de este país se encuentran en la cárcel, bajo el principio de “prisión preventiva oficiosa”. O sea que, de 225,843 personas privadas de su libertad, 90 mil permanecen encarceladas ¡sin haber sido sentenciadas por un juez!
Los aplaudidores oficiales todavía se atreven a “argumentar” que seguramente entre ellos hay maleantes, ladrones y asesinos; así que mejor que continúen tras las rejas. Pero, ¿qué pasa con los miles que seguramente son inocentes? Además, ¿quién rayos les confiere a los morenos la potestad arrogante de decidir quiénes son culpables? Por si fuera poco, hay un atropello flagrante a un principio sacratísimo del derecho: la presunción de inocencia que todos los días se ve aplastada en este país por los ejercicios abusivos del poder y la incompetencia de Fiscalías, ministerios públicos y jueces que a falta de expedientes jurídicamente bien sustentados prefieren recurrir al recurso facilito y pernicioso de “enciérrenlo, después viriguamos”.
Vale decir también que, además del drama intrínsecamente humano, se advierte en esa obcecación del presidente López Obrador un evidente contenido político y una enorme posibilidad autoritaria. El día de mañana podría encarcelar a sus adversarios sin pruebas y solo con base a acusaciones inventadas. Si alguien cree que exagero, es lo que ha estado haciendo su aliado político Daniel Ortega en Nicaragua: metió a la cárcel a todos los candidatos de la oposición y ahora hasta al obispo de Matagalpa, que ha cometido el pecado de ser un crítico de un gobierno que se ha perpetuado en el poder solo apoyado en las armas de su Ejército. ¿Les suena?
Por lo pronto, está en la Corte Suprema y a debate el proyecto del ministro Luis María Aguilar que propone la eliminación de esta aberración legal llamada prisión preventiva oficiosa. Ya el presidente ha reiterado hasta la náusea que retirarle de la Constitución alentaría la impunidad. Mientras que sus corcholatas Adán y Claudia aseguran que sería atentatoria contra la estrategia de Seguridad de la 4T. ¿Cuál estrategia? ¿La de abrazos y no balazos que ha propiciado bloqueos e incendios cada semana y más miles de muertos y desaparecidos que nunca? Mejor deberían tener el valor de reconocer que se han equivocado y no querer meter a la cárcel a sus opositores y críticos. No vamos a caber.
