Así me la imagino yo, como una pinza emanada de las alturas del poder omnímodo, apretando y aplastando las libertades y los derechos humanos de todos los mexicanos que habitamos acá abajo. De un lado, el sometimiento de una cada vez más mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, para aprobar la permanencia de esa aberración jurídica que es la “prisión preventiva oficiosa”, que mantiene en la cárcel a 90 mil hombres y mujeres, sin que hayan sido sentenciados y peor aún que esta brutal injusticia siga siendo práctica cotidiana en este país, donde bastará una sospecha absurda o un señalamiento interesado del gobierno para que a usted o a mí nos encierren en una prisión.
La otra tenaza de la pinza, igual de terrible y perversa es la que se producirá en breve con la aprobación fast track de la anexión de la Guardia Nacional al Ejército. Ya pasó en la Oficialía de Partes del Ejecutivo que es la Cámara de Diputados. Y ahora en el Senado, donde a pesar de que Ricardo Monreal se dobló y adelantó que pasaría con algunos consensos entre sus pares, recibió la grosera respuesta del Presidente de que “esas son politiquerías”, reiterando una vez más su postura soberbia de que sus iniciativas han de pasar rapidito, sin cambiarles ni una coma y sin discusión alguna. Por eso regañó en público a los ministros que le andaban dudando y de quienes dijo se había arrepentido de haberlos propuesto. A lo que los aludidos, muertos de miedo, cambiaron el sentido de su voto y en el colmo, las ministras Yasmín Esquivel y, sobre todo, Loretta Ortiz, han hecho un esfuerzo sobrehumano para hilar dos frases y hacer saber a su amo y señor que están a su servicio.
Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador ya puede presumir y festejar un nuevo y habilidoso triunfo político. Y es que además del SAT y la Fiscalía de Gertz, ahora cuenta con un nuevo y poderosísimo garrote intimidatorio para amedrentar y encarcelar a los que él llama sus adversarios; o sea todos los que no piensan como él o a cualquier ciudadano común. Si no que lo digan Rosario Robles, con tres años de prisión injusta, o la infamia vivida por Daniel García y Reyes Alpízar que estuvieron en prisión preventiva oficiosa en una cárcel del Estado de México durante ¡17 largos años! Sin que se les haya podido probar su culpabilidad por un crimen que aseguran no cometieron y cuyos testimonios fueron obtenidos bajo tortura.
Precisamente, la ONU ha advertido sobre este riego al lanzar un exhorto urgente para que México anule esta ley injusta, declarando contundentemente que “la prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos”. Aquí, en cambio, ministros y ministras han esgrimido argumentos a cuál más de falaces, como el asegurar que suprimirla sería dejar a la sociedad a merced de las bandas. Además que tramposamente han insinuado que la eliminación de esta ominosa ley implicaría abrir las puertas de las cárceles, algo que nadie ha pedido. Y como ha dicho con sabiduría el exministro José Ramón Cosío en estas páginas: Nadie está diciendo que la prisión preventiva desaparezca (porque prevalecería la “justificada”). Lo que se está diciendo es que la prisión preventiva “oficiosa” desaparezca.
Por desgracia, no fue posible en este intento. Así que seguiremos padeciendo este terrible instrumento político. Un gran garrote.