Para la nueva Fiscalía General de la República (FGR) el caso Ayotzinapa es la medida de todas las cosas. Si esa tragedia se aleja del océano de impunidad en el que se encuentra, esa institución obtendrá credibilidad y prestigio. En revancha, si nada se resuelve, el descrédito de la anterior Procuraduría General de la República (PGR) caerá como pesada avalancha sobre la dependencia naciente.
Por eso se entiende que el fiscal Alejandro Gertz Manero y sus subordinados estén tan sensibles frente a la crítica que se hace sobre su trabajo. Y, sin embargo, no hay manera de apartar la lupa, destacadamente después de que el juez Samuel Ventura Ramos dictó auto de libertad para Gildardo López Astudillo.
Aunque buena parte de la culpa de esta liberación la tiene la vieja PGR, otro tanto de responsabilidad es imputable a la nueva Fiscalía. Tanto Gilberto Higuera Bernal como Alejandro Gertz restaron importancia a una pieza de evidencia que debió haber ocupado un papel principal a favor de las víctimas de Ayotzinapa.
El 11 de marzo de 2014 el fiscal de distrito en Illinois, Zachary T. Fardon, presentó una denuncia ante un juez federal en contra de ocho sujetos acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína y heroína proveniente de México.
Este expediente criminal quedó registrado con la referencia 14 CR 705. Los ocho presuntos delincuentes mencionados son Pablo Vega Cuevas, Alexander Figueroa, Wilfredo Sorto Hernández, Rubén Sánchez, Eliseo Betancourt, Isaías Mandujano, José Rodríguez y Arturo Martínez.
El juez que dio entrada a esta denuncia autorizó para que se realizaran intercepciones electrónicas sobre los dispositivos de comunicación de estas personas. Así, entre marzo y octubre de 2014, miles de comunicaciones quedaron registradas por los servicios policiales.
Gracias a este operativo fue posible identificar a la contraparte mexicana de Los Guerreros Unidos. Nombres como los de Sidronio y Alfredo Casarrubias, Gildardo López Astudillo o José Luis Abarca, entre muchos otros, aparecen en las transcripciones.
El lunes 12 de junio de 2017 el fiscal Fardon completó la acusación y presentó el caso US vs. Cuevas et al. Cinco meses después, el viernes 8 de diciembre de 2014, siete de los ocho presuntos delincuentes fueron acusados formalmente en los Estados Unidos.
A pesar de que las personas imputadas por este proceso judicial pertenecían a la organización Guerreros Unidos, la autoridad mexicana no prestó ninguna atención al respecto.
Entre 2015 y 2017 ni el gobierno ni la PGR quisieron dar crédito a la hipótesis que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) ofreció en el sentido de que los camiones secuestrados por los estudiantes podían estar siendo utilizados para transportar droga hacia Chicago.
La negación se mantuvo con necedad, incluso después de que el gobierno de los Estados Unidos compartiera con sus homólogos mexicanos, hacia finales de 2017, algunas de las trascripciones relativas a la intercepción de los dispositivos.
El mayor error cometido por el procurador Higuera fue no haber relacionado este valiosísimo material en la causa seguida en México, entre otros, en contra de Gildardo López Astudillo por crimen organizado (123/2014).
Si los testimonios autoinculpatorios se desmoronaron por haber sido obtenidos bajo tortura, estas transcripciones hubieran solventado los vicios del proceso. Pero la PGR olvidó incluir tal evidencia fundamental. López Astudillo salió absuelto del delito de crimen organizado por esta negligencia.
En noviembre de 2018 la PGR presentó algunas de esas transcripciones al juez Ventura, para sustentar la acusación por secuestro (66/2015), pero el Ministerio Público fue avaro a la hora de exponer la relevancia que esa evidencia tenía para el caso: acompañó esos documentos enviados por la autoridad estadounidense con un párrafo de 60 palabras que dice prácticamente nada.
El fiscal Alejandro Gertz Manero debió contrarrestar el mediocre trabajo de sus antecesores con una mejor argumentación ante el juez Ventura. También debió abrir en México un proceso espejo respecto al emprendido por el fiscal Fardon, de Chicago, teniendo como base probatoria la evidencia antes referida. Sin temor al equívoco: de haberlo hecho así López Astudillo seguiría tras las rejas.
ZOOM: Hay una manera de evitar que el resto de la banda criminal Guerreros Unidos logre escapar del castigo que merece. La FGR debería enderezar el caso a partir del trabajo que ya se hizo en Illinois con la causa 14 CR 705.
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