Recordamos el pasado, pero no el futuro: esta es una ineluctable verdad humana que el físico Stephen Hawking solía repetir.
Sin embargo, para algunos resulta preferente padecer amnesia frente a lo ocurrido, mientras alimentan con fe absoluta sus profecías más catastróficas.
Un ejemplo de este fenómeno, entre tantos, lo ofrece el caso del difunto Seguro Popular y su reemplazo por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).
Leo con signos de interrogación sobre mis gruesas gafas que los exsecretarios de Salud andan alarmados. Ayer, por ejemplo, Salomón Chertorivski y Julio Frenk —titulares durante las administraciones de Felipe Calderón y Vicente Fox, respectivamente— publicaron un artículo cuyo título es descaradamente sensacionalista: Insabi: incertidumbre que mata (Reforma).
El argumento principal de este texto viene en el párrafo final: “Por el bien de las personas más vulnerables, sugerimos mantener las reglas del Seguro Popular …, definir con claridad el calendario de transición, asignar recursos realmente adicionales, restablecer los fondos para seguir cubriendo la atención de alta especialidad sin elevar el cobro a los usuarios y retornar a la fructífera práctica de basar las políticas públicas en evidencia.”
La última premisa es indiscutible: respecto a la salud la evidencia lo es prácticamente todo.
Por eso resulta un tanto intrigante que estos mismos exsecretarios hagan como si la transformación del Seguro Popular no hubiera estado precedida por una tonelada de datos que diagnosticaron sin misericordia la catástrofe.
A guisa de ejemplo cabe recordar aquí la información que Gabriel O’Shea —último titular del Seguro Popular durante el mandato de Enrique Peña Nieto— compartió con la opinión pública hace más de dos años (Reforma, 06/08/2017).
Este exfuncionario señaló fallas graves en las reglas de operación del Seguro Popular que permitieron desvíos y un uso deshonesto de los recursos públicos. Durante la década previa se habrían extraviado casi nueve mil millones de pesos, patrimonio del Seguro Popular, sólo en los estados de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Sonora, Veracruz y Tabasco.
Durante el mandato del exgobernador Eruviel Ávila en el Estado de México habrían desaparecido alrededor de 800 millones y en Veracruz los escándalos de corrupción relacionada con medicamentos y diversos servicios alcanzaron proporciones increíbles.
Si se atiende también a los informes de la Auditoría Superior de la Federación, la evidencia del fracaso del Seguro Popular, en lo que toca a corrupción, ha estado disponible desde hace mucho tiempo, pero el tema no mereció relevancia.
No recuerdo, por lo pronto, un artículo como el publicado el día de ayer que igualmente habría merecido un título amarillista como: Corrupción que mata en el Seguro Popular.
Además del robo mayúsculo que implicó un sistema de seguridad mal diseñado, sin controles financieros ni de calidad sobre los servicios que prestaba, y tan propenso para la corrupción, se añade el hecho de que el Seguro Popular no resolvió las inequidades en el derecho constitucional a la salud, al tiempo que potenció la fragmentación de los servicios y los sistemas.
Aquí la opinión no es, nuevamente, de quien escribe estas líneas sino de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En un documento publicado en el 2016 por este organismo internacional se advierte sin ambigüedades: “Sin una reforma de largo alcance, México corre el riesgo de mantener un sistema de salud fragmentado (y) con inequidades marcadas en el acceso a la calidad” (Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México).
El responsable principal de esta evaluación fue Ian Forde, analista senior de política pública en la división de salud de la OCDE. Vale la pena revisar este trabajo en todos sus términos porque ahí se explica, con argumentos asépticos pero contundentes, el fracaso del Seguro Popular y la necesidad de dar paso a otro modelo, como por ejemplo el que se propone —ciertamente aún en líneas generales— con el Insabi.
No guardo memoria de que este documento haya despertado artículos airados en defensa de los más vulnerables. Tampoco sesudas reflexiones que permitieran saldar cuentas con la pésima gestión del Seguro Popular en lo que toca a su fragmentación e inequidad.
ZOOM
La profecía de que el Insabi será responsable de la muerte es mucho más incierta que el balance sobre los males que el Seguro Popular sí produjo en el pasado. Atenerse a la evidencia es, en efecto, una práctica más que saludable, sobre cuando hablamos de temas relacionados con la salud.
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