Tiene en sus manos dos expedientes políticamente muy explosivos: los casos Robles y Lozoya. El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinará si proceden las imputaciones presentadas por la Fiscalía General de la República, en contra de esos ex funcionarios de la administración anterior.
¿Quién es este juez? ¿Cómo actuó en casos anteriores? ¿Cuán independiente se comporta frente a las presiones políticas? ¿Sabe lidiar con los reflectores de los medios?
Felipe de Jesús Delgadillo es uno de esos jueces, relativamente jóvenes, que están especializados en el nuevo sistema penal. Con poco más de cuarenta años ha enfrentado varios casos complicados por su carga política.
Se dio a conocer cuando ordenó a la Procuraduría General que investigara el uso que esa misma dependencia habría hecho del software Pegasus, en contra de ciudadanos víctimas de espionaje indebido.
Después de presentar una denuncia ante la PGR, las víctimas recibieron como respuesta del Ministerio Público que no había evidencia de sus dichos y por tanto no se podía proceder con la investigación.
Sin embargo, la opinión del juez Delgadillo fue otra: ordenó al MP investigar el caso argumentando que la carga de la prueba no debe trasladarse a las víctimas. Instruyó para que la PGR hiciera a un lado los pretextos: no debía eludirse una responsabilidad para proceder con una investigación que eventualmente afectaría a los propios directivos de la PGR.
Otro momento interesante en la carrera del juez Delgadillo es la riña mediática que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en marzo pasado, a propósito de la liberación del presunto delincuente, Luis Felipe Pérez, alias El Felipillo.
De acuerdo con este juez, el Ministerio Público integró mal la averiguación previa en contra de dicho sujeto, supuestamente perteneciente al Cártel de Tláhuac. Lo acusó, en concreto, de fabricar drogas sin aportar una sola prueba.
Posterior a su liberación, el presidente López Obrador metió las narices en el asunto y reclamó al juez con palabras duras: “El argumento o la excusa (que dan los jueces) es que no están bien integradas las averiguaciones, que no se cumplió con el debido proceso y esto da pie a que un juez deje en libertad a un delincuente.”
El juez Delgadillo decidió no quedarse callado y dobló la apuesta: dijo que el MP había aducido producción de narcóticos, “pero lo realizó con base a una afirmación falaz y dolosa … una imputación para … quedar bien con la opinión pública.” No aportó pruebas creíbles, pues.
Luego añadió un mensaje rudo contra el presidente: “corrupción es pretender presionar a la autoridad judicial sin sustento alguno, con fines mediáticos.”
El comportamiento previo del juez Delgadillo ofrece confianza a propósito de la actuación que habrá de tener en los casos que hacen fila sobre su escritorio.
No le tocará a él determinar si Robles o Lozoya son culpables; en el nuevo sistema penal esa tarea le corresponderá a otro juzgador.
Su papel es controlar el origen del proceso: determinar, en efecto, si las acusaciones de la Fiscalía están bien fundadas, si cuentan con pruebas solventes, si hay testimonios que les aporten credibilidad.
En otras palabras, la principal responsabilidad que pesa sobre Delgadillo Padierna es colocar un muro contra la política y a las ganas de sangre que tiene la opinión pública, para asegurarse de que las acusaciones en contra de estos dos exfuncionarios tienen ruedas para llegar lejos.
Tanto Rosario Robles como Emilio Lozoya se han llamado víctimas de la 4T. Acusan de estar siendo los chivos expiatorios en una lucha supuesta contra la corrupción. Pues al juez Delgadillo Padierna le tocará aportar los argumentos para combatir esa creencia. Con la ley en la mano habrá de neutralizar a la política para que la justicia haga su trabajo.
Ora que, si la Fiscalía vuelve a hacer mal su tarea —si integra mal la averiguación previa— tal como sucedió en el caso de El Felipillo, tenemos como ventaja la presencia de un juez que es capaz, inclusive, de ponerse al tú por tú con el presidente.
