Así los llamaban en la Secretaría de Hacienda, al final de la administración anterior: los autonomitos. La primera vez que escuché el término fue a propósito de Coneval.
La Cruzada contra el Hambre —política social estrella de Enrique Peña Nieto— comenzaba a hacer agua y los funcionarios federales de esa época enfurecieron contra el organismo dedicado a dar la mala noticia.
Al parecer el autismo va con el puesto: si los datos refutan la convicción, al diablo con los datos y también con quien los produce.
La guerra contra Coneval comenzó cuando los funcionarios de Hacienda presionaron hasta modificar el termómetro para medir la pobreza. El objetivo político del gobierno era llegar a la elección siguiente mostrando un número inferior de pobres, aunque la pobreza continuara siendo la misma.
Coneval se volvió la primera víctima del rechazo al camino tomado por el Estado mexicano para proteger aquellas tareas que no debían ser capturadas por las decisiones de la política partidaria.
En un principio este modelo se basó en la creación de agencias dotadas de cierta autonomía para distribuir el poder, en vez de concentrarlo.
Los primeros organismos nacidos dentro de esta tendencia fueron el antiguo Instituto Federal Electoral (IFE), el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Este modelo de reorganización del Estado se originó durante el último lustro del siglo pasado y fue intensificándose conforme avanzó el tiempo. Algunos de esos organismos dieron buenos resultados, otros no tanto.
Aquellos responsables de producir datos e información económica ganaron más pronto reputación: el Inegi, Banxico y Coneval son un buen ejemplo.
Se suma a estas instituciones el antiguo IFAI, creado gracias a la presión social a favor de la transparencia. Entre otros, habría que contar también al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En su momento se pensó que estos organismos serían capaces de regular actividades previamente cooptadas por intereses particulares muy poderosos.
En la cuna de los derechos humanos nacieron también las comisiones de búsqueda y de víctimas y, antes de ellas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Conapred y el Instituto Nacional de las Mujeres Inmujeres.
Mirando en retrospectiva se operó, sin planearlo así, una reforma mayor al Estado mexicano que, por la vía de los hechos, reorganizó tareas esenciales a partir de agencias, no todas con igual autonomía, pero ciertamente mejor protegidas frente a la arbitrariedad de los intereses electoreros y de los grupos empresariales más poderosos.
Acaso sea cierto que se exageró con el número final de agencias autónomas y también lo sea que, en su conjunto —sobre todo por los altos salarios asignados— estas agencias implican hoy un gasto pesado para el erario público.
Propone ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador revisar la pertinencia de tales organismos; ha centrado su crítica en el costo económico que implican, pero su crítica va más allá. En los hechos coincide con el razonamiento que venía ocurriendo desde el gobierno de Enrique Peña Nieto a propósito de los autonomitos, como se les llamó despectivamente.
El Ejecutivo actual, como a cualquier otro, resiente los contrapesos impuestos por estos organismos como un estorbo deliberado para limitar al poder presidencial. Olvida que, además, sirven para impedir la toma arbitraria, rápida o vertical de las decisiones.
Hace un par de semanas, a través del senador Ricardo Monreal, el presidente enderezó una critica fuerte contra la CRE, la Cofece y el IFT. La semana siguiente tocó al Conapred y esta semana al Sipinna (sistema que coordina las políticas nacionales de atención a la infancia y la adolescencia).
Preocupa que el presidente esté actuando tan erráticamente como sus antecesores. Así como no hubo una reflexión reposada y seria sobre la reforma al Estado mexicano operada a través de la creación de agencias dotadas de autonomía, de nuevo se está procediendo con una ruta desordenada y caprichosa para proponer su desmantelamiento o desaparición.
Me temo que reformar la organización del poder del Estado mexicano, sin una reflexión de fondo, producirá peores bestias de las que ya hay.
ZOOM: En todo caso no es la conferencia mañanera el lugar propicio para el debate planteado, porque ahí solo un hombre habla y los demás escuchan. Para producir la reforma pertinente se requeriría justo lo contrario, que un hombre escuche y las demás personas ofrezcan sus respectivos argumentos; es un método deseable para cualquier democracia.
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