“Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.” Esta frase favorita del presidente parece tener una excepción: los exmandatarios de México.
En conferencia mañanera, el viernes pasado dijo López Obrador que él no estaría de acuerdo con juzgar a sus antecesores y que, en todo caso, sometería a consulta popular la pertinencia del enjuiciamiento.
Esta iniciativa no es nueva, en el discurso de toma de posesión ya había expuesto su idea de poner un punto final a la corrupción y mirar hacia delante.
Sin embargo, entonces no había nada en concreto que pudiera señalar penalmente a su antecesor inmediato, Enrique Peña Nieto.
Ahora las cosas han cambiado: la exsecretaria Rosario Robles Berlanga ha sido vinculada a proceso judicial por el delito de ejercicio indebido de la función pública ya que, presuntamente, conoció de los desvíos e irregularidades que se cometieron bajo las dependencias que ella encabezó y, además, no hizo nada para evitarlo.
Una pregunta clave en este proceso se relaciona con el conocimiento que su jefe, Enrique Peña Nieto, haya tenido de las irregularidades y desvíos.
Hay una paradoja en este hecho: si Rosario Robles informó a su jefe, ella no habría cometido el delito que se le imputa, o por lo menos el juez tendría que tomar este hecho en consideración para aminorar la pena.
Pero la semana pasada surgió información creíble a propósito del conocimiento que el presidente Peña Nieto obtuvo sobre la materia juzgada. El exauditor de la Federación, Juan Manuel Portal, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL que él, personalmente, comunicó al exmandatario sobre las contrataciones irregulares detectadas en la secretaría de Desarrollo Social.
“Lo que está haciendo Rosario Robles es un delito,” precisó Portal con todas sus letras. “Ya no lo vamos a hacer,” cuenta que le respondió el expresidente.
Con todo —hace notar Portal— Robles fue después premiada con la titularidad de la Sedatu.
En un país apegado a la legalidad —donde, en efecto, nada pueda estar al margen de la ley, ni nadie por encima de ella— esta declaración de Portal habría sido suficiente para que, en automático, la Fiscalía General de la República procediera a celebrar una investigación sólida.
De ser cierto lo que argumentó el exauditor, igual que Rosario Robles, Enrique Peña Nieto habría violado el artículo 214 del Código Penal Federal que a la letra dice:
“Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el servidor público que … teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada … no lo evite, si está dentro de sus facultades.”
Después de atender a los informes del auditor, estaba entre las facultades del expresidente Peña enfrentar las afectaciones al patrimonio nacional impuestas por el proceder delictuoso relatado en la Estafa Maestra; estaba también obligado a compartir esa información con la entonces Procuraduría General y, sobre todo; no debió premiar a la ex secretaria de Sedesol con otro puesto en su administración.
Es cierto que aún falta un largo tramo para poder afirmar con verdad jurídica si Rosario Robles es culpable de lo que se le imputa. Sin embargo, los datos disponibles alcanzaron, por lo pronto, para echar a andar el proceso judicial.
Después de las declaraciones valientes de Juan Manuel Portal, lo mismo habría de ocurrir en el caso de Enrique Peña Nieto. Dado el cargo que ocupó en la administración pasada, la voz del exauditor es suficientemente atendible como para abrir una investigación rigurosa sobre la posible comisión de un ejercicio indebido de la función pública por parte del ex mandatario.
Ora que, traicionando su compromiso insistente con la legalidad, el viernes pasado Andrés Manuel López Obrador se arrojó de cuerpo entero para evitar que la Fiscalía General haga su trabajo.
En ninguna parte del mundo civilizado las consultas populares, o los referenda, sirven para decidir si un individuo debe ser enjuiciado: no es la opinión pública, ni el pueblo quienes deben investigar, enjuiciar o sentenciar. Eso es linchamiento, al estilo más bárbaro de la humanidad.
ZOOM: Le tocaría a la Fiscalía General, poseedora de autonomía política frente al presidente, decidir si existen méritos para presentar una acusación ante la justicia y, eventualmente, le correspondería a los jueces, también sin presiones ni consideraciones políticas, juzgar con la ley en la mano. En este tema el presidente López Obrador contradice al presidente López Obrador.
