Falsificación de documentos, simulación de pruebas, robo agraviado, asociación delictuosa, tortura y tratos crueles e inhumanos: por todos estos delitos ha sido denunciado Gualberto Ramírez Gutiérrez, quien durante nueve años fuera el responsable de la Unidad Anti-Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR), recientemente transformada en Fiscalía.
La orden de aprehensión librada hace pocos días en contra de este exfuncionario es evidencia relevante a la hora de visitar algunos de los casos más polémicos en los que Ramírez Gutiérrez estuvo involucrado durante la década pasada.
Por ejemplo, los casos Vallarta-Cassez, Wallace, Martí o Ayotzinapa han sido igualmente señalados por la presencia de pruebas fabricadas, por la obtención de testimonios a partir de tortura, así como por la asociación delictuosa entre criminales y autoridades.
Estos solo son algunos entre los miles de expedientes que pasaron por el escritorio de Gualberto Ramírez. Los más notables, si se quiere, pero obviamente no los únicos frente a los cuales actuó bajo un presunto patrón similar.
En este contexto se entiende por qué, a la llegada de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General, el funcionario fue despedido de manera fulminante, y sus archivos fueron confiscados.
Pesa en su contra una primera denuncia realizada por Ana Patricia Moller Vuilleumier, mujer a quien se le fabricaron pruebas para imputarle actos delictivos que no cometió.
Según el señalamiento realizado, la pareja de esta víctima pagó a un abogado para que ella fuese procesada por participar en una banda criminal inventada. Ese abogado, a su vez, habría conseguido los servicios de Gualberto Ramírez y sus ministerios públicos para que la falsa acusación prosperara.
Si esta hipótesis se demostrara como verdadera, la Unidad Anti-Secuestro de la PGR –durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– habría prestado, entre otros servicios, la fabricación a modo de culpables del delito de delincuencia organizada.
Casos arriba mencionados, como lo son la triada Wallace-Cassez-Martí, concurrirían con evidencia propia para exhibir el modus operandi de esa unidad tan fundamental para combatir la impunidad delictiva.
En el caso Wallace, por ejemplo, se falsificó una gota de sangre de la supuesta víctima –Hugo Alberto León Miranda– para llevar tras las rejas a seis personas inocentes. En el affaire Cassez se habría inventado la célebre banda del Zodiaco, que destruyó la vida de una ciudadana francesa y de toda la familia Vallarta.
Y, en el caso Martí, se habrían inventado dos bandas integradas, presuntamente, por más de cuarenta personas cuya responsabilidad no ha sido del todo esclarecida.
Que un juez haya decretado suspender la orden de aprehensión en contra de Gualberto Ramírez Gutiérrez no implica, en modo alguno, que las investigaciones en contra suya vayan a detenerse.
De hecho, cabe preguntarse si, más arriba, quienes fueran sus superiores en la PGR, no habrían sido cómplices en delitos similares a los imputados contra Ramírez Gutiérrez.
Las mismas preguntas habrían de ser formuladas a propósito de una lista larga de ministerios públicos, que fueron corridos de la Fiscalía General, pero que se acomodaron con gran velocidad en los gobiernos de la CDMX y del Edomex, con la Cuarta Transformación.
En efecto, la escuela a la que pertenece Gualberto Ramírez tiene todavía a sus mejores alumnos protegidos por la nómina de las procuradurías que operan en el Valle de México.
ZOOM: Aviso a la comunidad: hay personajes muy influyentes del ámbito privado que fueron cómplices de Gualberto Ramírez; no vaya a ser que, en vez de ser procesados por la justicia, hagan maletas y se fuguen fuera del país.
