La clave para resolver la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa nunca estuvo en el basurero de Cocula, sino en el condado de Aurora, Illinois.
El expediente 14CR 705 abierto contra Pablo Vega y otros siete individuos en el distrito norte de Illinois contiene información que las autoridades mexicanas han desatendido con sospechosa negligencia.
Pablo Vega es identificado en ese expediente judicial como la cabeza de una organización criminal que lleva su apellido y, eventualmente, también como parte de la estructura de los Guerreros Unidos.
El lunes 8 de diciembre de 2014 Vega fue acusado por traficar cantidades muy grandes de heroína.
Entre los sujetos pertenecientes a su organización aparece un individuo de nombre Arturo Martínez. Sería la cabeza que Vega habría nombrado para atender sus asuntos en México. El expediente identifica dos números telefónicos en propiedad de ese sujeto. A partir de ellos Martínez solía comunicarse para pactar los envíos de estupefacientes: el (733)2947475 y el (733)137174.
Resulta interesante que ambos números correspondan a dispositivos celulares registrados en el estado de Hidalgo, y no en Guerrero.
La investigación confirma algo que el GIEI señaló antes de que fuera expulsado de nuestro país: que el envío de los narcóticos se hacía a través de autobuses comerciales de pasajeros.
Dos individuos eran los responsables de esa operación, Eliseo Betancourt Pereira y Wilfrido Flores Santos.
Cada cargamento contenía, al menos, 25 kilogramos de heroína, y el precio pactado por la venta rondaba los 45 mil dólares por kilo.
Es decir que el valor aproximado de la mercancía transportada por cada autobús habría sido de alrededor de 20 millones de pesos.
Podría suponerse que fue para no perder un cargamento de ese valor que los normalistas de Ayotzinapa fueron atacados por la estructura de Vega en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014.
Si bien el expediente no delata la compañía de autobuses utilizada por la organización, no resultaría difícil dar con ella. Debe investigarse la eventual complicidad de las empresas Estrella Roja, Estrella Blanca, CostaLine y Tours&Charters Salgado con el negocio del narcotráfico.
Esta investigación comenzó a celebrarse en los Estados Unidos hacia principios del 2013; tuvo como fuentes principales a dos informantes encubiertos, los resultados obtenidos por un operativo exhaustivo de vigilancia sobre los ocho sujetos bajo sospecha, así como a la intercepción de doce dispositivos utilizados para la comunicación.
Seis de esos aparatos pertenecieron a Pablo Vega, uno a Arturo Martínez, otro a Roberto Sánchez, uno más a Roberto Figueroa, y tres a individuos no identificados por su nombre sino por sus alias: “Silver,” “Star,” y “Lobo.”
Hay que destacar que el expediente 14CR 705 refiere “miles” de mensajes y llamadas que luego sirvieron como prueba en contra de los indiciados.
Despierta sin embargo la atención que las transcripciones compartidas por el gobierno de los EU con el Ministerio Público mexicano, relacionadas con el caso de Pablo Vega, refieran solamente a tres dispositivos y no a los doce incluidos en el expediente.
También extraña que, en comparación con todo el material interceptado, esas autoridades extranjeras hayan entregado solo una decena de comunicaciones.
Todo indica que la DEA se guardó para sí el 99% del material interceptado.
No habrá manera de completar la investigación sobre la organización de Vega y sus socios mexicanos si la Fiscalía General de la República no reclama a sus homólogos extranjeros el material faltante.
Zoom: ¿Cuál es la línea de camiones que la organización de Pablo Vega utilizaba para el trasiego de heroína desde Iguala, Guerrero, hasta Aurora, Illinois? ¿Quién es Arturo Martínez? ¿Por qué este sujeto operaba desde el estado de Hidalgo? ¿Qué información ocultaron las autoridades estadounidenses a propósito del caso Ayotzinapa? ¿Por qué la ocultaron? ¿Hay mandos por encima de Pablo Vega que la DEA sigue investigando?
