Aturde la confusión cuando en vez de toparse con la casa de los jueces, en la misma dirección hay una cueva de ladrones, como aquella de Alí Babá.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lleva muchos años pudriendo todo cuanto toca. No es un sitio donde se imparta justicia sino corrupción.
Si hay jueces y magistrados decentes, son minoría y su silencio los ha convertido en cómplices de una gran aberración.
La libertad, la vida, el patrimonio, la custodia de los hijos, los negocios, la certidumbre jurídica y una tonelada más de asuntos muy importantes para la ciudadanía están siendo administradas por manos indecentes.
Tiene por lo menos cuatro años que personal de ese tribunal presentó denuncias por actos relacionados con la corrupción y el nepotismo.
Una que provocó un gran escándalo fue aquella en contra de una red de funcionarios que solía sacar de las oficinas expedientes judiciales, calificados como de alto impacto, para esconderlos en casas y despachos privados.
Otro episodio memorable de esa cueva sucedió en el verano de 2018, cuando Álvaro Augusto Pérez Juárez pretendió reelegirse como presidente del tribunal y para hacerlo ofreció un bono de alrededor de 200 mil pesos a favor de los magistrados que debían elegirlo.
En buen español, se trató de un soborno.
Si bien los destinatarios recibieron felices el regalo, al final optaron por deponer al sobornante.
En una votación reñida, Rafael Guerra Álvarez ganó por seis votos a su oponente y, desde octubre de 2018, fue nombrado titular de esa casa que huele a drenaje profundo, (para no plagiar a Sergio Aguayo quien habría dicho “hiede a corrupción.”)
Cabía esperar que el nuevo presidente del Tribunal se hiciera cargo de la crisis por la que atraviesa la justicia capitalina, pero muy pronto también la gestión de Guerra se vio nublada por acusaciones serias.
Guerra Álvarez trajo como oficial mayor, (responsable del manejo de los recursos económicos) a Sergio Fontes Granados, quien previamente había sido Director Jurídico y de Gobierno en la corruptísima alcaldía de Xochimilco.
En 2014, al grito de “Xochimilco ya no aguanta de tanta pinche transa” y “Xochimilco se cansó, Sergio Fontes se lo acabó,” los vecinos de esa demarcación lograron echar fuera al funcionario.
¿De plano el magistrado presidente, Rafael Guerra Álvarez, no encontró a nadie mejor para limpiar de corrupción al Tribunal?
Junto con Fontes Granados llegaron, el perredista José Ulises Cedillo Rangel, para hacerse cargo de la dirección de recursos humanos y Abel Ángel Osornio López. Ambos han sido señalados por nepotismo y también pesa sobre ellos, según fuentes reservadas, una serie de denuncias por acoso sexual.
Se equivoca quien piense que la crisis de Tribunal es un hecho que puede ubicarse en una sola oficina, un área de responsabilidad, un solo juzgado o una sala. Resulta obvio que se trata de una epidemia de la que muy pocos pueden salvarse.
Es muy probable que la leyenda se haya equivocado y no todos los cuarenta ladrones de la cueva de Alí Babá fueran realmente ladrones. (Siempre son peligrosas las generalizaciones).
Sin embargo, cuando la cueva se hizo célebre por su deshonestidad no hubo genio que pudiera liberarla de tan mala fama.
Es cada día más difícil suponer que se obtendrá justicia en ese sitio tan echado a perder.
Ahí dentro gana quien tenga más recursos económicos y más palancas para sacar adelante sus intereses.
Por eso en la ciudad han prosperado notablemente los cárteles inmobiliarios, las sentencias contra la libertad de expresión, la indefensión de la mujer frente a los delitos sexuales, las herencias injustas, los pleitos sesgados y una lista abultadísima de tracalerías.
ZOOM:
Si hay un lugar donde urge poner la mirada es en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; apesta peligrosamente.
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