La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de los empresarios que, queriendo sacar raja de la crisis sanitaria, han corrido a miles de sus empleados: “¿Cómo es posible que de un día para otro se quede una empresa sin un (solo) trabajador? ¡(Que) despida a 800, es increíble!”
De acuerdo con Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), entre el 13 de marzo y el 6 de abril de este año se perdieron 346 mil 878 plazas formales de empleo.
Una parte considerable de los despidos sucedieron en la Ciudad de México, por lo que la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, amenazó con castigar a las grandes empresas que recurran a esta práctica moralmente abominable.
El temor del gobierno está bien fundado: de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en México podrían perderse durante la pandemia –en el peor escenario– hasta 7 millones de empleos.
Resulta un tanto extraño que, frente a estos discursos cargados de indignación, el gobierno federal esté planeando también emprender un despido masivo de trabajadores.
El mismo día que el presidente arremetió contra la irresponsabilidad patronal y señaló a varias empresas por nombre, su gobierno publicó una circular instruyendo a buena parte de la Administración Pública Federal (APF) para que, cuanto antes, reduzca en un 50% los gastos asignados a los capítulos de servicios generales y operación.
Advierte esta circular que la negativa para atender tal instrucción será sancionada con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estarían, sin embargo, exentas de esta orden las dependencias sustantivas para la lucha contra la epidemia como lo son las secretarías de Salud, Defensa, Marina o la Guardia Nacional.
Los ahorros derivados de la medida rondarían los 15 mil millones de pesos, una porción pequeña del presupuesto de la APF que, sin embargo, lastimará la sobrevivencia de miles de hogares.
Son más de una centena las dependencias que tendrán que cortar tales gastos por mitad. Sólo a manera de ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene un presupuesto de operación para este año de 2 mil 474 millones de pesos, Liconsa de mil 768, la Comisión Nacional del Agua de 7 mil 448 y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 109 millones.
Entre las erogaciones por servicios administrativos y de operación se encuentra el pago al personal que sostiene una relación irregular con el gobierno y sus dependencias, porque está contratado mediante pago por honorarios o por outsourcing.
El 28 de junio del año pasado, el presidente López Obrador prometió que formalizaría la situación laboral de miles de trabajadores contratados por honorarios; dijo que en el sector Salud rondaban los 80 mil y que había también miles de empleados en igual circunstancia en el sector educativo.
Pues hoy la promesa continúa sin cumplirse para esos sectores y también para otras dependencias como Hacienda, Trabajo, Cultura, Energía o el Servicio de Administración Tributaria, donde muchos de sus mandos medios cobran por honorarios; se trata de jefes de departamento, coordinadores, enlaces, subdirectores y hasta directores.
Por otro lado, la subcontratación (outsourcing), que el habitante de Palacio Nacional tanto desprecia, igual continúa vigente: 8 de cada 10 trabajadores del gobierno federal, contratados por esta vía, se encuentran en el IMSS y el ISSSTE, y también recurren a esta fórmula otras entidades como la Semarnat y la Defensa.
Desde mediados de la semana pasada la APF está revisando los expedientes de subcontratación y contratación por honorarios para atender el recorte instruido. Al menos la mitad de las personas sujetas a estas dos fórmulas serán despedidas.
ZOOM
Si la circular del 8 de abril emitida por la Función Pública no se modifica, a la vuelta de pocos días el gobierno federal será igualmente responsable de que miles de trabajadores de la Federación vayan a la calle. La burocracia se sumará a los 7 millones de desempleados que la OIT prevé para México en este terrible año de 2020.
