-No hemos recibido de (Andrés Manuel López Obrador) ninguna insinuación, ninguna recomendación, mucho menos presión en los asuntos que estamos manejando; cosa que no se puede decir de algún otro presidente —dijo Arturo Zaldívar, cabeza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
—¿Cuál presidente? —preguntaron John Ackerman y Sabina Berman.
—Felipe Calderón —contestó lacónico el ministro.
Esta conversación tuvo lugar el pasado martes, durante el programa John & Sabina de Canal 11.
Al día siguiente, mi colega en estas páginas, Carlos Loret de Mola, buscó y obtuvo una reacción del expresidente Calderón.
—De ser cierto hubiese sido bueno que (Zaldívar) lo denunciara en su momento y no una década después … Niego categóricamente las presiones. Que diga en qué casos, cuándo se realizaron, (y) qué hizo al respecto.
En esta disputa resulta difícil confiar en la palabra de Felipe Calderón porque fue un presidente poco pulcro respecto a algunos procesos penales muy relevantes.
Hay evidencia de una actuación contraria a la investidura presidencial: cabe recordar, por ejemplo, las desafortunadas declaraciones que hizo cuando el asesinato de los jóvenes de Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez. Antes de que comenzara siquiera la investigación policial, Calderón corrió a juzgar a las víctimas como meros pandilleros.
Otro caso donde este presidente se invirtió de más fue el del presunto secuestro de Hugo Alberto León Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace. La demagogia punitiva característica del mandato calderonista hizo que participara con entusiasmo en un linchamiento mediático, mucho antes de que existiera sentencia inculpatoria contra los supuestos victimarios.
En este mismo contexto político sucedieron dos hechos en los que existe constancia de injerencia indeseable dentro de la Corte: la guardería ABC y el caso Florence Cassez.
No podría Calderón negar cuánto enfureció cuando el entonces ministro Arturo Zaldívar encabezó la investigación sobre el incendio en la guardería ABC de Hermosillo y concluyó, entre otras cosas, que la responsabilidad de esa tragedia podía rastrearse hasta el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas.
Este episodio fracturó la relación política (y personal) entre el ministro y el mandatario. Hay demasiados testigos como para venir ahora a negar lo obvio.
El affaire Cassez es el otro episodio destacable de intervención imprudente por parte del expresidente dentro de la Corte. El pleito entre Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy apartó este expediente del ámbito de los tribunales para convertirlo en un litigio internacional, donde el principal argumento fueron los egos de ambos líderes políticos.
Felipe Calderón no estuvo dispuesto a admitir, durante su mandato, que Genaro García Luna y sus operadores de la Secretaría de Seguridad, fabricaron la detención de unos presuntos secuestradores para el solo beneficio del rating en las televisoras. Al contrario, hizo cuanto pudo para que la Corte no liberara a la francesa a pesar del denso cúmulo de evidencia que mostraba violaciones al debido proceso. Tanta fue la intromisión de los intereses presidenciales en este asunto que la defensa de Cassez renunció a promover el amparo que terminó sacando a la francesa de la cárcel, hasta que Felipe Calderón no entregó la banda presidencial.
Zoom: miente el expresidente cuando dice que no presionó a la Justicia para que sus intereses triunfaran sobre el ejercicio imparcial de la ley y las instituciones. Su gobierno se engolosinó con hacer demagogia a partir del derecho penal y por ello cometió yerros muy cuestionables.
