No va a terminar el año sin que haya concluido la investigación sobre el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.
Un reportaje en varias entregas de Areli Quintero, (publicado en el sitio de Carlos Loret de Mola), denunció a este funcionario por haber incurrido en, al menos, tres presuntas faltas de cierta gravedad: 1) haber omitido en su declaración patrimonial la riqueza de su pareja, Julia Abdala; 2) no haber reportado el valor real de las propiedades inmobiliarias que tiene a su nombre y; 3) tráfico supuesto de influencias para favorecer los negocios de sus hijos y los de su pareja.
La Secretaría de la Función Pública anunció, desde el verano pasado, que procedería con una investigación rigurosa sobre este expediente. Al final no será fácil dar satisfacción a las expectativas que, de un lado y del otro, se tienen sobre el asunto.
Para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sería cuestión muy delicada que se probasen las faltas señaladas en contra de Bartlett. La legitimidad de la actual administración descansa, sobre todo, en su compromiso hacia la lucha contra la corrupción. El presidente repite cuantas veces puede que terminó la época en que la corrupción era tolerada desde arriba.
De confirmarse el comportamiento ilegal del director de la CFE, no rodaría solamente por la escalera el descrédito del funcionario sino de quien lo nombró.
De su parte, los reporteros que hicieron la investigación, y muchas otras voces convencidos de las faltas en las que habría incurrido Bartlett, jamás quedarán satisfechos si la Función Pública no confirma sus creencias. Para Irma Eréndira Sandoval la situación es imposible: o protege a Bartlett y al gobierno, y con ello consolida su influencia en el círculo del presidente, o bien gana credibilidad en el Coliseo público, mostrando al final la cabeza cercenada del león.
Existe sin embargo una tercera opción: presentar una investigación cuyo rigor sea tal que, sin importar los contentos o descontentos, se sostenga en el tiempo sobre sus pies.
Para ello el trabajo habría de responder, sin la más pálida duda, a los tres temas advertidos: ¿por qué Bartlett no reportó en su declaración patrimonial los bienes a nombre de su pareja? ¿Por qué tampoco hizo público el valor real de sus propiedades? Y, en su caso, ¿cuánto y cómo ayudó a sus familiares para que obtuvieran contratos con el gobierno?
De todos los asuntos, el primero es el más confuso —desde el punto de vista de las definiciones legales.
Manuel Bartlett declaró que Julia Abdala es su pareja sentimental, desde hace más de veinte años, pero no es su cónyugue ni su concubina. Esto querría decir que no está casado, ni vive con ella; durante todo este tiempo habría sido sólo su novia.
Esta situación ambigua en el plano personal deriva en una hipótesis jurídica igualmente ambigua, ya que, en el formato firmado por el director de la CFE a propósito de su situación patrimonial, debían declararse los bienes de la esposa o la concubina, pero nada lo obligaba a mencionar el patrimonio de su “pareja.”
Por más sorpresa que esto cause, si no hay evidencia de que Bartlett o Abdala viven o han vivido juntos, la omisión no puede legalmente castigarse.
Sin prueba documental, (credencial de elector, recibo de luz, estados bancarios) la ley abre un resquicio para que el patrimonio de Abdala haya sido omitido.
Respecto a la segunda cuestión —las propiedades inmobiliarias de Bartlett— la Función Pública habrá de determinar si el director de la CFE mintió respecto a su valor.
En esto el problema para fijar el precio no es ajeno a los dilemas que en México se padecen respecto al precio de las propiedades: ¿declaró Bartlett el valor catastral de esos inmuebles? ¿O informó el precio que pagó por ellos? O bien, ¿cuenta con un avalúo comercial reciente? Resulta absurdo, pero, dependiendo de la respuesta a estas interrogantes, el valor de tales propiedades puede variar hasta en un 80%.
Finalmente está la cuestión del tráfico de influencias: ¿alguno de sus descendientes (o los de su pareja) se ha beneficiado en la actual administración, por medio de contratos o licitaciones públicas? ¿Utilizó antes Bartlett su puesto como senador de la República para ayudar a su familia, de alguna manera?
En cualquier circunstancia sería deseable que la investigación sobre el caso Bartlett, celebrada por la Función Pública, respondiera puntualmente a estos planteamientos, derivados de la investigación celebrada por Areli Quintero, en vez de buscar agradar a tiros o troyanos. Esto último no sólo sería una pérdida de tiempo, sino una tarea imposible.
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A Irma Eréndira Sandoval la van a querer comparar con Virgilio. La seriedad de su trabajo le permitirá visitar los círculos del infierno y salir acompañada de Dante, o bien, del doctor Andrade.
