El día de ayer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, acudió ante el Senado para ofrecer un discurso sobre una serie de iniciativas que no va a presentarse hasta dentro de quince días. A más de uno sorprendió que no entregara los proyectos de ley que habrán de ser objeto de deliberación dentro del Poder Legislativo.
Cabe suponer que dentro de la coalición gobernante hubo diferencias sobre los borradores circulados un día antes y que por ello ayer el fiscal dejó a los legisladores vestidos y alborotados.
No es posible en este espacio ofrecer un análisis amplio de las nueve iniciativas que se estarían presentando, por tanto en los párrafos siguientes acotaré la reflexión a algunos de los puntos, a mi parecer los más controversiales de la iniciativa de reformas a la Constitución.
En orden de importancia vale destacar los límites que el proyecto quiere imponer sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también sobre el Consejo de la Judicatura a propósito de las actuales potestades que ambos órganos tienen para juzgar y procesar a sus integrantes respecto a la comisión de delitos.
La iniciativa quiere crear un Tribunal Especializado en materia de responsabilidades penales para que juzgue a integrantes del Poder Judicial Federal que incurrieran en delitos relacionados con su responsabilidad.
En concreto, propone crear un tercer cuerpo de control en el Poder Judicial que, con independencia de la Corte y la Judicatura, juzgue a los juzgadores. Los titulares (magistrados y jueces) de este tribunal serían nombrados por el Senado, en vez de la Corte o el Consejo; responderían por tanto al poder Legislativo y no al judicial.
Se suma como intención que las investigaciones de este tribunal habrían de ser observadas, vigiladas y controladas también por el Senado. La idea, pues, es que la Cámara alta sustituya a la Judicatura como órgano máximo de control sobre la actuación de los integrantes del Poder Judicial Federal.
No sobra aclarar que esta iniciativa pretende violar de manera abierta y contundente el principio de la división y la independencia de los poderes.
Cabe advertir que será muy difícil inhibir prácticas de reparto y cuotas entre los partidos que cohabitan en el Senado a la hora de nombrar y controlar a los jueces.
La segunda propuesta relevante de la iniciativa refiere a la creación de un Código Nacional Penal. La idea es que el Congreso sustituya a los congresos locales en la facultad de establecer y tipificar delitos.
Actualmente las entidades guardan autonomía, por ejemplo, para definir o no, como delictiva, la interrupción voluntaria del embarazo. De proceder la iniciativa, esa potestad quedaría en manos de la mayoría legislativa nacional. Igual sucedería con otros temas como la eutanasia o la muerte asistida, asuntos que, de acuerdo a la cultura de cada región y entidad, han sido legislados de manera diferenciada.
El cuarto elemento a observar es la intención de devolver vigencia a la figura del arraigo en el sistema penal federal. El abuso previo de este mecanismo llevó a que fuese limitado a delitos relativos al crimen organizado, pero la reforma pretende que vuelva a ser utilizado, esta vez, para cualquier crimen.
Por razones difíciles de comprender, en muy poco tiempo se han olvidado las arbitrariedades y violaciones a derechos humanos que, en otro tiempo, fueron amparadas por la figura del arraigo.
Por último, la iniciativa pretende que las violaciones graves de derechos humanos no impidan a los jueces incorporar en sus sentencias elementos probatorios obtenidos mediante mecanismos viciados como la tortura, la fabricación de evidencia o de testimonios falsos.
Hoy la ley establece que los frutos del árbol envenenado deben ser expulsados del juicio. La iniciativa pretende que esos frutos se mantengan como prueba, sin importar que su origen estuviese podrido.
Mirando estos pocos pero muy graves asuntos podría entenderse por qué se impuso la pausa sobre la prisa a propósito de este conjunto de reformas que, aunque urgentes, no deberían hacerse al vapor.
La injusticia de la justicia es uno de los principales males de nuestra generación. La marcha hacia fuera de esta tragedia no puede significar echar pasos atrás. Mucha conversación y mucho cuidado se requieren para ahorrarse futuros errores. Las reformas penales precisan esfuerzo para lograr el consenso, no importa si se aprueban mañana o el año próximo.