Hoy miles de taxistas se movilizarán en muchas poblaciones del país para protestar contra las plataformas dedicadas al transporte de pasajeros. En algo tiene razón el Movimiento Nacional Taxista que convoca a este despliegue masivo: el problema que los convoca no puede ser resuelto a nivel local.
La aparición de las plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte es una revolución tan dramática como la que implicó sacar a los animales de carga de las avenidas, la inauguración del metro o el fin del modelo hombre-camión.
Reclaman los taxistas tradicionales que la autoridad los está engañando en la ciudad capital y en el Estado de México; que el piso no es parejo cuando se trata de los requisitos para obtener una concesión, el pago de la revista, los impuestos, las condiciones para cambiar la unidad y un largo etcétera.
Argumentan los líderes del movimiento, acaso con razón, que se cobra más al transporte utilizado por las personas que menos tienen.
En revancha, las plataformas se defienden aduciendo que sus vehículos son más seguros, sus choferes están plenamente identificados, sus unidades son limpias y nuevas, su trato es cordial y su preocupación por el usuario es mayor que la de sus competidores.
Frente al choque de posiciones sería ideal acomodar las reglas para evitar la competencia desleal. El problema surge cuando unos proponen uniformar teniendo en mente a las condiciones ventajosas de las plataformas, mientras otros prefieren los criterios restrictivos que imperan contra los taxis tradicionales.
En cualquier caso, el tema trasciende a las autoridades de los municipios y las ciudades: ciertamente se requiere de imaginación nacional para lidiar con el desencuentro entre los distintos servicios ofrecidos para el transporte urbano e interurbano de pasajeros.
La principal asimetría entre las plataformas y los taxis tradicionales estriba en que, mientras las primeras operan sin límite geográfico de por medio, los segundos están acotados por las fronteras políticas.
A manera de ejemplo, si un taxista con placas de la CDMX deja a una persona en el municipio de Naucalpan, está hoy impedido para recoger pasaje hasta que vuelva a rodar dentro de los linderos de la ciudad capital; pero esta regla no aplica para un vehículo afiliado a una plataforma digital.
Esta anomalía no es una excepción, en México cada día son más relevantes las metrópolis y, sin embargo, tanto las leyes como la Constitución continúan sin reconocerlas como una realidad política y administrativa fundamental.
Para este caso concreto, a diferencia de los taxis tradicionales, las plataformas digitales gozan de mejores condiciones a la hora de competir en las metrópolis: nada impide a sus unidades cruzar la zona conurbada de Guadalajara, o la Laguna, circular en los municipios de Nuevo León situados alrededor de Monterrey, en las poblaciones urbanas de Veracruz, en fin, en la larga lista de zonas urbanas que no caben dentro de una misma ciudad o un solo municipio.
Desde esta lógica resulta inapropiado intentar resolver el problema del transporte de pasajeros solo a partir de mesas de negociación entre autoridades locales y los representantes gremiales, también locales.
Habrá quien argumente que todavía no se presentan problemas serios entre las plataformas y los servicios de taxi en ciertas zonas del país, pero faltan pocos minutos para que la crisis que hoy se observa en la CDMX y el Estado de México estalle por todas partes.
Hay que prever que las plataformas pronto van a competir por el segmento de mercado más económico y, en ese momento, el incendio será nacional.
Más vale adelantarse a tal escenario e imaginar una legislación de orden federal que tome en consideración, por un lado, los reclamos de equidad que hacen los miembros del gremio de los taxistas y, del otro, los desafíos que ha impuesto la tecnología al negocio del transporte urbano de pasajeros.
ZOOM: No es la Semovi del gobierno de la CDMX, ni las autoridades del Edomex, quienes deberían de estar negociando con los taxistas tradicionales, ni con las plataformas digitales; es hora para que el gobierno federal, en concreto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo titular es Javier Jiménez Espriú, tome cartas en el asunto.
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