Blaga Dimitrova fue una destacada escritora y una política muy eficaz. En los tiempos del comunismo en Bulgaria fundó espacios dedicados a ampliar la vida democrática de su país. La sana mezcla de capacidad, energía y convicción social le fue ampliamente reconocida por el pueblo, que en 1992 la eligió como su vicepresidenta.
Apenas un año después de entrar en funciones, tomó la dura decisión de retirarse de los asuntos públicos, decepcionada por el deterioro de la política en su nación. En aquel momento, acuñó una frase que resuena en la actualidad, particularmente para aquellas personas que hemos consagrado nuestras vidas a esta noble labor: “No me da ningún miedo que me pisen. Cuando se pisa, la hierba se convierte en sendero”.
Arar la tierra marcó mi infancia y mi juventud, actividad que nunca abandoné y en la cual me refugio cada vez que la tarea política —a la que he dedicado 42 años de mi vida— me lo permite. Quizá esta condición, la de saber que el campo se debe trabajar con mayor fervor cuando las circunstancias son más adversas, me mostró la importancia de la resiliencia en la vida pública.
Como lo relató hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien he recorrido un largo camino desde hace más de 20 años, mi prestigio y mi trabajo —como le pasó a él— trataron de ser manchados y hasta eliminados a través de calumnias, infamias y expedientes negros.
Por ello no me sorprenden los intentos de frenar mis aspiraciones a dirigir los asuntos del país, aun cuando esta vez las injurias provienen del interior del movimiento que ayudé a fundar. Pero, lejos de amedrentarnos, nos alientan a sentar las bases para alejarnos de estas malas prácticas y hacer valer el Estado de derecho.
Ante lo sucedido la semana pasada, decidí presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, por la probable comisión de delitos en mi contra, de acuerdo con lo establecido en los artículos 211 bis, 167 y 177 del Código Penal Federal. Lo realicé con la intención de hacer frente a las calumnias respecto a mi persona, pero sobre todo para frenar el proceso de descomposición política a la que estas prácticas están dando lugar.
La denuncia tiene bases sólidas, pues ante la confesión de parte de la intervención de comunicaciones privadas, que fueron reveladas a través del programa “Martes del Jaguar” —que se realiza y difunde con recursos públicos—, se podría configurar también el delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracciones I y II del mismo ordenamiento federal.
Igualmente, consideramos los artículos 116 y 134 constitucionales, que determinan la inviolabilidad de comunicaciones privadas, así como que las personas servidoras públicas de todos los niveles de gobierno, que tengan bajo su responsabilidad recursos públicos, deben aplicar éstos con imparcialidad y neutralidad.
Lo anterior deja de ser así desde el momento en que las y los trabajadores o servidores públicos del medio de comunicación estatal violan la cautela, el cuidado y la responsabilidad del ejercicio de su encargo.
Por tanto, la difusión de la información manipulada en ese programa constituye una abierta violación a los principios jurídicos contenidos en el artículo 134 constitucional, y evidencia el montaje orquestado por la gobernadora del estado de Campeche.
Queda claro que las comunicaciones privadas obtenidas de manera ilegal son un delito, y no sólo su intervención, sino su utilización y difusión. El respeto a la intimidad y la privacidad son derechos que se le deben garantizar a toda persona, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas constituye un valor fundamental del ser humano, cuya tutela ha sido elevada a rango constitucional, según lo establece el párrafo 12 del artículo 16 de la Carta Magna.
Además, se infringió el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual señala que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”.
Por otra parte, también existen disposiciones de carácter internacional, que tienen jerarquía constitucional, como el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 1 prevé que los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.
Tenemos que hacer los intentos necesarios para continuar con el proceso de democratización interna de nuestro movimiento, al ser este último uno de los elementos principales para consolidar la transición política en México. Al mismo tiempo, las libertades de todas y todos deben ser respetadas, y a nadie debe ofender que yo busque construir un sendero propio de continuidad con cambio, cuya brújula sea la reconciliación.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
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