En el siglo XVI, San Juan de la Cruz escribió: “para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes”, como referencia al camino de la salvación del alma y a manera de reflexión para quienes pretenden cumplir sus objetivos por una vía contradictoria, por ejemplo, lograr la paz mediante la guerra.
Con ese mismo sentido de congruencia, en el Senado de la República, a través de un ejercicio de construcción de acuerdos y sin recurrir a tácticas impositivas que en el viejo régimen eran práctica habitual, logramos aprobar la nueva Ley Federal de Revocación de Mandato, que es un instrumento de democracia directa.
Para dejar atrás las tensiones que evitaron la discusión y votación del dictamen en el último periodo extraordinario de sesiones de la pasada legislatura fue necesario un intenso debate, y para que éste fuera posible, todas las fuerzas políticas que conforman la Cámara Alta coincidieron en la necesidad de anteponer el interés de la nación a las causas de grupo, y lograr ofrecer al pueblo de México un marco normativo claro y eficaz para este ejercicio de participación ciudadana.
Entre otros elementos destacados, la ley establece que la ciudadanía podrá respaldar con su firma más de una solicitud, sin que ello implique procesos separados, sino que se sumarán para contabilizar el tres por ciento de la Lista Nominal que es requerido, evitando duplicidades.
Por otro lado, se contempla que los partidos políticos y cualquier persona puedan promover la participación ciudadana, sin hacer uso de recursos públicos, con el fin de dar suficiente difusión a este nuevo mecanismo y hacer factible que sus resultados sean vinculantes, para lo cual se necesita del voto del 40 por ciento de la Lista Nominal.
Asimismo, el dictamen aprobado impone a la autoridad electoral la obligación de instalar el mismo número de casillas que en los comicios previos anteriores, como una forma de evitar que desde las instituciones se obstaculice la participación ciudadana, como sucedió en la pasada jornada de consulta popular, cuando las omisiones y los esfuerzos mínimos evitaron que los resultados cumplieran con el grado de participación para que el contundente sí diera paso a un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas del viejo régimen.
Además, para eliminar las suspicacias entre quienes consideraban que la pregunta propuesta inicialmente apuntaba más a un refrendo que a una revocación, en la bancada mayoritaria del Senado fuimos sensibles a esta preocupación y, honrando el espíritu democrático de esta ley histórica, logramos acordar una redacción más acorde con un sentido revocatorio.
De esta manera, conseguimos la aprobación con 101 votos a favor de este ordenamiento que contiene 61 artículos, los cuales son explicados y resumidos en un documento de 24 puntos que se puede consultar en mi sitio web y que compartí en mis redes sociales.
A diferencia de la pregunta relativa a la consulta popular, cuya calificación está a cargo del Poder Judicial, la correspondiente a la revocación de mandato fue redactada por el Legislativo en un ejercicio de madurez política, para evitar actos dilatorios que han entorpecido otros ordenamientos, en los que hemos debido someter las leyes a los controles de constitucionalidad y convencionalidad, ante un miedo infundado a escuchar la voz de la ciudadanía.
Al evitar la judicialización de esta nueva ley, no sólo se pone de relieve la capacidad del Legislativo de encontrar puntos en común para solucionar las diferencias, sino que envía a la población un mensaje de concordia y profesionalismo, rumbo a la celebración de este proceso que se vislumbra para el próximo año.
Este acuerdo vaticina tres años de arduo trabajo y también de acuerdos históricos en favor de la población mexicana, lo cual será fundamental, especialmente para las modificaciones constitucionales que exigen mayoría calificada, como será el caso de la reforma político-electoral, en la que se tratarán temas como la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Precisamente el INE será la autoridad responsable de llevar a cabo el proceso de revocación de mandato, y para ello deberá adecuar los lineamientos que recientemente expidió a la ley federal, una vez que sea discutida y aprobada por la Cámara de Diputados y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
De este modo, se siguen cumpliendo con la ciudadanía compromisos contraídos en 2018, y sentando las bases para la transformación pacífica e institucional de México, que implica reconstruir la confianza entre autoridades y población, para llegar al 2022 y al 2024 en condiciones apropiadas para escuchar y hacer valer la voluntad popular.
A diferencia del pasado, cuando la fuerza de la mayoría se usaba para acallar las voces de la oposición, hoy se toman en cuenta todas las expresiones, para armonizar el contenido de las leyes. Por ello se puede afirmar que, para alcanzar una auténtica democracia, no hay más que seguir el estrecho camino que ésta misma nos marca.
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