Durante la larga vida del antiguo régimen, ninguno de los tres poderes de la Unión se escapó de ser contaminado por la pérdida de legitimidad ocasionada por los acuerdos no escritos y los actos de corrupción cometidos por los funcionarios que los integraban. El cambio político que inició en México destapó de golpe la caja de Pandora donde se guardaban todos los males de sus viejas y oxidadas estructuras, lo cual incrementó aún más la exigencia de modificar la normatividad, con el objetivo de fortalecer nuestras instituciones para poder contar verdaderamente con un Estado de derecho que había sido más bien utópico.
Los recientes y convulsos acontecimientos ocurridos al interior del Poder Judicial: la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la investigación a magistrados y jueces por actos de corrupción y las declaraciones sobre presiones por parte del Ejecutivo federal para que la Corte resolviera en un sentido no objetivo ponen en evidencia el gran deterioro y descomposición en el cual se encuentra nuestro sistema de justicia, lo que ha dado como resultado que la sociedad no confíe en las instituciones que lo integran. Los números respaldan estos hechos; de acuerdo con Latinobarómetro, el promedio de la población en México que, de 1994 a 2018, declaró confiar en el Poder Judicial es de sólo un 26 por ciento.
Tal desconfianza no se generó de manera espontánea. Durante décadas, los acuerdos no escritos de complicidad y protección recíproca fueron tolerados transversalmente por los otros poderes. Afortunadamente, el proceso de cambio de régimen que inició en 2018 está reacomodando el statu quo de las relaciones entre poderes, dando paso a que casos como los que actualmente atraviesa el Poder Judicial finalmente salgan a la luz. Por este motivo, como ya lo están haciendo el Ejecutivo y el Legislativo, el sistema judicial en México necesita modificarse para que logre recuperar el prestigio y la confianza ciudadana que perdió hace décadas.
Una vía para lograr estos cambios es que el Judicial se reforme a sí mismo. Los resultados electorales de 2018 evidenciaron que la sociedad estaba harta de la manera como las instituciones se habían conducido en México y, al mismo tiempo, la voluntad popular de colaborar con las autoridades en recomponer este vínculo, siempre y cuando los cambios demandados se llevaran a cabo. En este tenor, el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo, desde el inicio de la administración, emprendieron modificaciones importantes para sacudirse los viejos vicios y poder estar a la altura de las demandas ciudadanas. Sería sumamente valioso que, aprovechando la coyuntura actual, el Poder Judicial realizara un proceso de introspección que le permitiera llevar a cabo los ajustes necesarios para mejorar su funcionalidad y reputación.
Una segunda vía para lograr estos cambios sería a través de la sana relación con los otros poderes, siempre respetando la lógica de su independencia y contrapesos. Con esto en mente, desde hace un año he presentado, en el Senado de la República, iniciativas para reformar al Poder Judicial. En un principio, su solo planteamiento alteró a propios y extraños, afirmando que lo que se buscaba era debilitarlo como contrapeso constitucional. Ante los actuales acontecimientos en torno al sistema de justicia, queda claro que esta aseveración no refleja la realidad, pues es evidente la necesidad de eliminar el nepotismo, la corrupción, las redes y los circuitos de intereses y el tráfico de influencias que existen al interior del Poder Judicial federal y en los estados.
Recientemente, analistas y adversarios políticos han señalado que estas propuestas de reforma ponen en riesgo nuestra democracia. Sus argumentos se basan mayoritariamente en estudios de algunos académicos contemporáneos, como Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Esto también es una contradicción, pues lo que realmente pone en riesgo a la verdadera democracia —y no a lo que algunos quieren vender como democracia— es permitir que la corrupción, el influyentismo y el tráfico de influencias controlen la vida pública del país. Si el Poder Judicial, al igual que sus contrapartes, no se reforma, entonces nuestro Estado de derecho nunca terminará de consolidarse.
El cambio de régimen y la transformación de México se dificultarán si el Poder Judicial no logra llevar a cabo estos cambios. De él depende que el país cuente con una vía institucional para que, de manera pacífica, se puedan conciliar nuestras diferencias. Por ello resulta sumamente importante que tanto al interior como al exterior se fortalezca y se apoye el trabajo de nuestros juzgadores, investigadores y persecutores de delitos, quienes, a su vez, tendrán que adaptarse a las demandas de la sociedad por un sistema de justicia equitativo, transparente y de calidad. Cuando una de las patas de un trípode se rompe, éste difícilmente funcionará a la perfección; lo mismo pasará con el Estado si no se logran llevar a cabo los cambios necesarios.
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