El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará ante el Congreso de la Unión una reforma constitucional en materia político-electoral , para el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza el día uno de septiembre, y que será el primero de la LXV Legislatura.
Esta nueva legislatura estará integrada por las senadoras y los senadores elegidos en 2018, y por las diputadas y los diputados federales electos el pasado 6 de junio, y si bien se mantiene la fuerza mayoritaria bajo las siglas de Morena, lo es en menor proporción que hace tres años. Esto vaticina intensos debates rumbo a la construcción de acuerdos.
En el Senado de la República también trabajamos en la redacción de una propuesta de reforma constitucional en la materia, con el fin de nutrir, mediante el diálogo, un planteamiento que pueda obtener el respaldo de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados , en la Cámara Alta , así como en la mitad más uno de los congresos de las entidades federativas. Para este fin resultaría igualmente útil un ejercicio de Parlamento abierto en el que voces expertas y todos los sectores involucrados pudieran aportar sus ideas para construir un documento plural y de gran calado.
Esta reforma es una de las que mayor empuje tiene desde la sociedad civil, entre la que existe gran preocupación por defender los avances democráticos de México, y blindar su desarrollo más allá de la actual administración.
No se puede olvidar que el presidente AMLO logró triunfar en 2018 luego de muchos años de combatir fraudes electorales que impedían a la ciudadanía elegir libremente a sus representantes, y que generaron un clima de desconfianza que hasta la fecha persiste entre la sociedad y la autoridad electoral. En vista de ello, uno de los puntos clave de la reforma será generar nuevos mecanismos que garanticen la independencia y la imparcialidad institucionales.
Y pese a que el Instituto Nacional Electoral ha anunciado la emisión de los lineamientos en materia de revocación de mandato, es deber del Congreso de la Unión aprobar la legislación reglamentaria de la reforma constitucional de 2019, por lo que el esfuerzo del Instituto deberá estar acorde con el texto del ordenamiento pendiente de votación, al no haberse logrado los acuerdos para hacerlo en un periodo extraordinario de sesiones.
Como revela la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, el 69.2 por ciento de la población considera que tiene los conocimientos y las habilidades para participar en actividades políticas, y el 36.3 por ciento opina que la característica que mejor describe a un ciudadano/a es tener responsabilidades, dejando entrever que el nivel de desarrollo político en la población exige cada vez mayores y mejores mecanismos eficaces de participación, y no sólo cambios de forma o cosméticos que pretendan simular u obstaculizar el respeto de la v oluntad popular .
Entre las modificaciones que se prevén para la reforma, destaca la posible eliminación de escaños de representación plurinominal, renovar la integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reducir el presupuesto destinado a partidos políticos y campañas electorales, modernizar el sistema electoral con la inclusión del voto electrónico, reformar figuras como el voto desde el extranjero y reforzar la confiabilidad en el proceso de conteo de votos y la sanción del proceso electoral.
En el contexto de la pandemia provocada por la COVID-19, la inclusión del voto a distancia podría ser un mecanismo que, además de resultar positivo para la protección de la salud de la población, se traduciría en importantes ahorros para la hacienda pública, y la sistematización del conteo de los sufragios mediante el uso de las nuevas tecnologías generaría mayor confianza entre la población de que su voto realmente cuenta e incide en los resultados sin distinción alguna. La nueva normalidad política debe dejar proscrito el fraude electoral y los privilegios que en el pasado tuvieron los llamados grandes electores.
A nivel nacional, el 88.7 por ciento de la población de 15 años y más está de acuerdo con que para gobernar un país se necesita que todas y todos participen en la toma de decisiones, y el 65.2 por ciento considera preferible la democracia a cualquier otra forma de gobierno. Por ello es fundamental generar los cambios que requieren las instituciones y los procedimientos electorales, para mejorar su desempeño rumbo a los comicios federales de 2024, lo cual será un gran reto para la sociedad en su conjunto, y para la Cuarta Transformación en particular, pues deberá blindar su legado democrático y llevar a consulta la continuidad de su proyecto.
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