Cuando la radio fue inventada, pasaron 38 años para que pudiera llegar a 50 millones de escuchas; para la televisión tuvieron que pasar 13 años. En el caso de Facebook , el tiempo para llegar a ese número de personas usuarias fue de un año, mientras que para Twitter sólo tuvieron que pasar nueve meses. En 2020, Facebook contaba con 2 mil 700 millones de registros y Twitter con 187 millones, por lo que se podría decir que cerca del 35 por ciento de la población mundial se encuentra en alguna de estas redes.
El crecimiento exponencial y acelerado tanto del internet como de los servicios que se ofrecen en el ciberespacio y, con ello, las redes sociales, implica una serie de retos para los gobiernos, incluida la manera de entender su impacto, derechos y responsabilidades dentro de las sociedades. Concentrar esa cantidad de personas usuarias representa una gran oportunidad para democratizar la información, pero también hay riesgos y condiciones que tienen que ser considerados.
Se debe reconocer, por ejemplo, que la posesión de datos personales es hoy en día un negocio redituable para cualquier empresa, pero es de tal relevancia que para autores como Yuval Harari la reducción de la desigualdad y la desconcentración del poder en los próximos años dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos para regular la propiedad de los datos. En este sentido, uno de los debates centrales es el rol que los Estados deben desempeñar para evitar la concentración de datos en pocas manos, pero también para proteger a sus sociedades de que las empresas que los tienen no puedan hacer mal uso de ellos.
La mejor demostración de que la acumulación de personas usuarias está incrementando el poder fáctico de empresas como Twitter y Facebook es la reciente censura que ambas empresas aplicaron a Donald Trump, cuando aún era presidente de los Estados Unidos, acción que intensificó el debate en torno al respeto a la libertad de expresión en redes sociales. En un extremo se encuentran quienes argumentan que, al ser un espacio privado, las empresas tienen el derecho a decidir qué puede y qué no puede ser publicado. En el otro están quienes aseguran que esto va en contra del derecho humano a la libertad de expresión.
El problema radica en que al haber censurado al presidente Donald Trump tanto Twitter como Facebook mostraron que sus criterios tienen un gran componente de subjetividad. Durante cuatro años, el exmandatario utilizó esas plataformas como megáfonos para diseminar mensajes de corte xenófobo, intolerante y hasta violento. Algunas de sus publicaciones insultaban directamente a México, y en ese momento ninguna red social decidió ejercer algún tipo de acción. La censura sólo se dio hasta el momento en que fue evidente que Joe Biden llegaría a la presidencia.
México no es inmune a este tema. Recientemente, Twitter decidió suspender cuentas identificadas como afines al régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero nunca ha actuado para evitar la proliferación de otras que, de manera directa, desinforman a la población sobre las acciones de gobierno, o para remover a aquellas dedicadas específicamente a promover la violencia contra el mandatario y a insultarlo, junto con su administración y a quienes lo apoyan. Esto nuevamente nos lleva a preguntarnos cuáles son los criterios utilizados para aplicar la censura, y si es que subyace algún tipo de inclinación ideológica.
Yo mismo he experimentado esta subjetividad o selectividad. Hace algunos meses, desde Twitter se orquestó una campaña en mi contra, con el objetivo de difamarme. Participaron centenares de cuentas, algunas reales y otras que claramente eran bots. Cuando informé a Twitter que en su red social estaban circulando imágenes truqueadas de mi persona —que fueron tomadas cuando denuncié los actos de corrupción que tenían lugar en la otrora Delegación Cuauhtémoc antes de que ocupara el cargo de jefe delegacional—, la respuesta fue que ni esas cuentas ni las imágenes podían ser eliminadas, pues se estaría violando la libertad de expresión.
Tanto la protección de datos personales como la tutela del derecho humano a la libertad de expresión son facultades y obligaciones de los gobiernos. Convendría que quienes argumentan que las redes sociales son espacios que, al ser privados, tienen el derecho de actuar conforme a sus condiciones, consideraran que estos servicios son ofertados a través de redes públicas de telecomunicaciones y que no existen términos o condiciones que se encuentren por encima de las legislaciones nacionales.
Convendría también recordar las palabras atribuidas a Voltaire: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Cualquier tipo de censura va en contra de esta máxima histórica, pero es especialmente preocupante cuando parece ser ejercida de manera selectiva. Ninguna instancia puede estar por encima de la ley; ninguna empresa, por poderosa que sea, puede violentar la libertad de expresión. Éste es un debate que no se debe basar en factores subjetivos: su argumento central debe ser el derecho irrenunciable a que cada persona sea libre de expresar su opinión.
Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA
