Cuando Abraham Lincoln fue electo como presidente de Estados Unidos por segunda ocasión, la nación se encontraba en un momento complejo. Los estados de la Unión habían vencido a los confederados; ganó la guerra, pero sabía que reconciliar al país sería la tarea más compleja que enfrentaría como mandatario.
Frente a la adversidad, Lincoln tenía claro que “los principios fundamentales son y deben ser inflexibles”. Además, basado en las críticas que recibían sus ideas de reunificación, para él “la verdad era la mejor reivindicación contra la calumnia”. Principios, verdad y perspectiva: esos son los pilares para poder lograr la unidad y construir escenarios propicios para el bien común.
Principios. Entre los principios fundamentales de la transición política que inició en México hace ya cuatro años, se encuentran el respeto a la democracia y su fortalecimiento. Desde hace décadas se han logrado diversas victorias, siendo la de 2018 la más significativa. Sin embargo, el triunfo electoral que se obtuvo no es suficiente; necesitamos ir más allá para asegurar que la democracia sea por sí misma un principio de la vida pública, y su respeto, inflexible.
En este contexto se sitúan la reforma electoral y el llamado “Plan B” . Debemos tener claridad en que la iniciativa de reforma inicial —el denominado “Plan A”— no se aprobó en la Cámara de Diputados, al no alcanzarse la mayoría calificada compuesta por las dos terceras partes de las y los legisladores presentes.
Desde el inicio de su discusión, esta iniciativa de reforma y las propuestas posteriores generaron una amplia división de opiniones, todas dignas y merecedoras de ser escuchadas. Sin embargo, por el bien de la nación, no debemos olvidar que, frente a estas diferencias, que deberán ser dirimidas dentro de los marcos legales, subyace una coincidencia innegable: el deseo de que la democracia prevalezca en nuestro país.
Verdades. La importancia del tema y las distintas visiones en torno a él han ocasionado, de manera natural, la politización y mediatización de las discusiones. Frente a este escenario debemos actuar con transparencia, honestidad, responsabilidad, objetividad y veracidad.
Por lo anterior, es importante explicar que el Plan B, conformado por seis leyes en materia electoral, fue agrupado en dos bloques: el primero de ellos contiene dos leyes que ya se aprobaron y están vigentes, aunque fueron impugnadas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se encuentran pendientes de resolución.
Las cuatro leyes restantes, que integran el segundo bloque, están pendientes de trámite en el Senado de la República, y se componen a su vez por 420 artículos, de los cuales 419 ya se aprobaron en ambas Cámaras. Solo resta uno, el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también conocido como la “cláusula de la vida eterna”, el cual permitiría a los partidos políticos postular personas bajo la figura de candidaturas comunes, apareciendo en un mismo recuadro los logos o emblemas de los partidos que decidan participar en esta modalidad, y que deberán firmar un convenio de distribución de los votos emitidos.
Conscientes de la etapa y el avance del proceso legislativo en el que se encuentra el Plan B, las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral , junto con más de 80 organizaciones de la sociedad civil, solicitaron un encuentro con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, la cual acepté, en mi calidad de presidente de ese órgano directivo.
En lo general, fue una discusión respetuosa y ordenada en la que se escucharon las preocupaciones de cada persona y se llegó al entendimiento de los alcances que la Cámara Alta tiene en esta etapa. En lo personal, no hice sino expresarme con la verdad: reafirmando mi posición sobre la cláusula de vida eterna de los partidos y aceptando que la instancia para corregir lo que resulte necesario sobre los artículos ya aprobados no es el Poder Legislativo, sino el Judicial. Esta verdad se ha tergiversado, pero también quedará registrada como el antídoto contra cualquier calumnia.
Perspectiva. El proceso legislativo del Plan B está por concluir. Independientemente de lo que suceda con el artículo que se está discutiendo, lo cierto es que el futuro de su aplicabilidad recaerá en otra instancia.
Pero, más allá de eso, de lo que legalmente suceda y de los puntos de vista al respecto debemos ser capaces de prepararnos para trabajar con unidad. Podremos tener una infinidad de planes, cada uno distinto y propio, según nuestra manera de entender la realidad de las cosas, pero el objetivo tiene que ser el mismo: consolidar y proteger la democracia en nuestro país, por encima de cualquier diferencia, por encima del pasado y en favor del futuro.
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