El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tenía tres opciones en torno al tema de las pensiones. La primera era patear el pesado bote hacia adelante, es decir, no hacer nada, algo que hubiera tenido efectos devastadores para las personas pensionadas, que recibirían ingresos raquíticos, y para la economía nacional, que dejaría de contar con las aportaciones de los cientos de miles de personas que se retirarán. Pero esta actitud va en contra del proyecto que él encabeza, el cual tiene en su centro fortalecer al sistema de seguridad social en México, del que las pensiones son parte integral.
La segunda opción era regresar al esquema de pensiones de 1973, cuando se emitió la Ley del Seguro Social. Bajo esta modalidad, las y los trabajadores activos, de manera directa, tenían que mantener a quienes se jubilaban y podían llegar a tener pensiones equivalentes al 100 por ciento de su último sueldo. Pero ahora, como en 1997, cuando este modelo fue sustituido por el de cuentas individuales, este esquema resulta financieramente inviable.
Por eso, el presidente eligió una tercera vía: proponer modificaciones puntuales y quirúrgicas para iniciar la reestructuración del sistema de pensiones.
La iniciativa propone incrementar paulatinamente las aportaciones para el retiro, del 6.5 al 15 por ciento, y el sector patronal será el que contribuirá en mayor cantidad —con un 5.15 y hasta un 13.8 por ciento—. Esta modificación permitirá que las pensiones de las personas aumenten de manera considerable; se espera que ahora la tasa de reemplazo sea de aproximadamente el 40 por ciento.
Las voces críticas han expresado que esta medida puede generar incentivos perversos que se traducirán en disminución de los sueldos de las y los trabajadores. Sin embargo, esto va en contra del carácter social que la clase empresarial está demostrando al formar parte de esta iniciativa.
También hay quienes han dicho que incluso con este aumento las personas adultas mayores no recibirán una pensión lo suficientemente alta. Bajo esta tesitura es importante considerar que ahora este grupo poblacional también cuenta con una pensión que ha sido elevada a rango constitucional, la cual, a diferencia del pasado, se otorga de manera universal.
Esta pensión equivale a 1,275 pesos mensuales, es decir, casi el 50 por ciento de lo que actualmente recibe una persona pensionada por el IMSS. En su conjunto, el incremento planteado y poder recibir dos pensiones simultáneamente sí representa un incremento significativo que puede propiciar una mejora considerable en la calidad de vida de las y los adultos mayores.
Un segundo cambio trascendental que la iniciativa propone es disminuir el número de semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión: de 1,250 a 750. Esto permitirá que las personas se puedan retirar antes, y bajo un entorno en el que la economía informal es preponderante, y ampliará el espectro de quienes podrán recibir la pensión.
La principal crítica al respecto es que esto puede generar una mayor presión fiscal al Estado mexicano, pues el número de personas pensionadas aumentará más rápidamente. Por ello es necesario tener en cuenta que esta modificación, al igual que cualquier otra que busque generar mayor igualdad, requiere forzosamente posicionar en un horizonte no muy lejano la construcción de bases fiscales en las que se apoyen los cambios.
El cambio propuesto por el presidente de México al sistema de pensiones es otro de los esfuerzos para corregir esta inercia heredada del antiguo régimen, y para finalmente no dejar para mañana lo que se debe hacer hoy. Con esta iniciativa se aleja el fantasma de la estatización de las Afores, vaticinada por muchas voces, e inicia el muy necesario camino de la consolidación del sistema de seguridad social en México.
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