El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tenía tres opciones en torno al tema de las pensiones. La primera era patear el pesado bote hacia adelante, es decir, no hacer nada, algo que hubiera tenido efectos devastadores para las personas pensionadas, que recibirían ingresos raquíticos, y para la economía nacional, que dejaría de contar con las aportaciones de los cientos de miles de personas que se retirarán. Pero esta actitud va en contra del proyecto que él encabeza, el cual tiene en su centro fortalecer al sistema de seguridad social en México, del que las pensiones son parte integral.
La segunda opción era regresar al esquema de pensiones de 1973, cuando se emitió la Ley del Seguro Social. Bajo esta modalidad, las y los trabajadores activos, de manera directa, tenían que mantener a quienes se jubilaban y podían llegar a tener pensiones equivalentes al 100 por ciento de su último sueldo. Pero ahora, como en 1997, cuando este modelo fue sustituido por el de cuentas individuales, este esquema resulta financieramente inviable.
Por eso, el presidente eligió una tercera vía: proponer modificaciones puntuales y quirúrgicas para iniciar la reestructuración del sistema de pensiones. Después de 23 años de estancamiento y retroceso en la materia, el titular del Ejecutivo federal presentó una iniciativa de reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro, la cual, sin ser una solución única y definitiva al problema, refleja el compromiso social y moral que actualmente se tiene para construir las bases del cambio de régimen.
La iniciativa propone incrementar paulatinamente las aportaciones para el retiro, del 6.5 al 15 por ciento, y el sector patronal será el que contribuirá en mayor cantidad —con un 5.15 y hasta un 13.8 por ciento—. Esta modificación permitirá que las pensiones de las personas aumenten de manera considerable; se espera que ahora la tasa de reemplazo sea de aproximadamente el 40 por ciento.
Las voces críticas han expresado que esta medida puede generar incentivos perversos que se traducirán en disminución de los sueldos de las y los trabajadores. Sin embargo, esto va en contra del carácter social que la clase empresarial está demostrando al formar parte de esta iniciativa, y también es contraintuitivo, si se considera que el gobierno actual ha sido el primero que aumentó el salario mínimo en dos años consecutivos, después de décadas de estatismo.
También hay quienes han dicho que incluso con este aumento las personas adultas mayores no recibirán una pensión lo suficientemente alta. Bajo esta tesitura, es importante considerar que ahora este grupo poblacional también cuenta con una pensión que ha sido elevada a rango constitucional, la cual, a diferencia del pasado, se otorga de manera universal, independientemente del régimen de jubilación o de inversión, del nivel socioeconómico o de cualquier otra condición.
Esta pensión equivale a 1,275 pesos mensuales, es decir, casi el 50 por ciento de lo que actualmente recibe una persona pensionada por el IMSS. En su conjunto, el incremento porcentual planteado y poder recibir dos pensiones simultáneamente sí representa un incremento significativo que puede propiciar una mejora considerable en la calidad de vida de las y los adultos mayores.
Un segundo cambio trascendental que la iniciativa propone es disminuir el número de semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión: de 1,250 a 750. Esto permitirá que las personas se puedan retirar antes, y bajo un entorno en el que la economía informal es preponderante, y ampliará el espectro de quienes podrán recibir la pensión.
La principal crítica al respecto es que esto puede generar una mayor presión fiscal al Estado mexicano, pues el número de personas pensionadas aumentará más rápidamente. Por ello es necesario tener en cuenta que esta modificación, al igual que cualquier otra que busque generar mayor igualdad, requiere forzosamente posicionar en un horizonte no muy lejano la construcción de bases fiscales en las que se apoyen los cambios que se llevarán a cabo.
En México existe una gran cantidad de adagios que funcionan como guía moral de comportamiento y, al mismo tiempo, reflejan la manera de actuar de la sociedad. Entre el gran abanico de proverbios se encuentra aquel que aconseja: “no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”. Muchos fueron los gobiernos que decidieron dejar para después las cuestiones políticamente arriesgadas, incluso cuando hacerlo fuera claramente perjudicial para la sociedad.
El cambio propuesto por el presidente de México al sistema de pensiones es otro de los esfuerzos para corregir esta inercia heredada del antiguo régimen, y para finalmente no dejar para mañana lo que se debe hacer hoy. Con esta iniciativa se aleja el fantasma de la estatización de las Afores, vaticinada por muchas voces, e inicia el muy necesario camino de la consolidación del sistema de seguridad social en México.
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