Nuestra solidaridad con Francisco Reséndiz, editor de la sección Nación de EL UNIVERSAL.
Nada justifica las amenazas a la libertad de expresión.
A las tres semanas de subir Francisco I. Madero al poder, Emiliano Zapata y Otilio Montaño, un maestro de escuela rural, redactaron el Plan de la Villa de Ayala, en el que sintetizaban la esencia de la revolución agraria en México. Entre otros aspectos, el Plan establecía la restitución de las tierras para el campesinado que las había perdido a mano de los cacicazgos y que contara con los títulos de propiedad, a fin de que fueran expropiadas con una previa indemnización y se dejaran de sufrir los horrores de la miseria.
En una carta a Gildardo Magaña, Zapata explica por qué decidió tomar esta decisión. De manera franca, el Caudillo del Sur escribió: “Yo, como no soy político, no entiendo de esos triunfos a medias: de esos triunfos en que los derrotados son los que ganan”. Al general oriundo de Morelos lo asesinaron el 10 de abril de 1919, pero dejó sembrada la idea de transformar el campo mexicano por uno más productivo, pero sobre todo más justo, pensamiento que, si bien ha perdurado, no se ha concretado en la realidad, lo que constituye una deuda histórica con el sector.
A través de los años, los gobiernos en turno han intentado, sin el éxito necesario, alcanzar una solución de fondo para las necesidades existentes y de cumplimiento pendiente desde la Revolución. A partir de 1915, se trató de satisfacer las demandas revolucionarias a través de una reforma agraria enfocada en el reparto de tierras. Esta lógica cambió en 1992, cuando los esfuerzos gubernamentales se empezaron a centrar en la regularización y el ordenamiento de los derechos de la propiedad, un proceso que hasta hoy sigue inacabado, al no haberle brindado al campesinado un desarrollo con seguridad jurídica.
Precisamente con la intención de acelerar este proceso y de aprovechar las fortalezas que el campo mexicano tiene para el desarrollo económico y para la recuperación en una época pospandemia, es imperante que las autoridades de los tres poderes que integran nuestro Estado —que, hoy por hoy, sigue dependiendo fuertemente de las actividades agrícolas— profundicemos, aceleremos y no dejemos de lado los trabajos necesarios para que el campo mexicano pueda alcanzar su máximo potencial de manera ordenada, justa y equitativa. Para ello, me he dado a la tarea de elaborar una serie de propuestas, de las cuales destaco las siguientes cinco:
1. Garantizar la seguridad jurídica en cada uno de los regímenes de propiedad de la tierra; sólo habrá inversión en entornos de certeza jurídica para todos. Propongo simplificar los trámites administrativos ante las instancias federales, su realización con opción vía electrónica y promover una justicia ágil. La inversión solamente crece en entornos de certeza y confianza.
2. Introducir en el campo un sistema obligatorio de seguridad social, para garantizar salud y retiro digno a las y los productores rurales. No es posible que trabajen la tierra toda una vida, generen alimentos para el país y para el mundo y carezcan de lo elemental: salud y pensión.
3. Transitar a una agricultura digital que utilice la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Estamos en un mundo digital y las tecnologías de la información y de la comunicación deben llegar a todos los sectores económicos y utilizarse en ellos.
4. Promover mayor acceso al crédito para el campo, priorizando pequeños y medianos productores, que les faciliten capital líquido para semillas y fertilizantes, para acopiar la producción y esperar el mejor momento para su venta.
5. Cuidar los recursos naturales, precisando las áreas para la conservación y las de aprovechamiento sostenible. Es necesario detener todos los efectos del cambio climático, antes de que no haya marcha atrás.
Éstas son sólo algunas pinceladas de una reforma mucho más amplia, que presento a detalle en mi libro Otro campo es posible, el cual tuve la oportunidad de presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el fin de semana pasado. Una de las conclusiones de ese foro fue que el desafío radica en que los ejidos, comunidades, colonos y pequeños propietarios, que son dueños, poseedores y usufructuarios de tierras y recursos naturales, cuenten con el amparo de un marco legal agrario que contribuya al reconocimiento de su identidad cultural y sus tradiciones, pero que, simultáneamente, abra posibilidades de aprovechar el enorme potencial que tiene la propiedad rural en México, para mejorar sus condiciones de vida.
Como hijo de una familia campesina, mi interés en detonar el desarrollo rural se fundamenta en la necesidad de visualizar al campo como una posible solución a los problemas de pobreza y desigualdad, y no como un obstáculo para ello, aunque para lograr este objetivo es vital que se fortalezcan la gobernanza rural y las condiciones socioeconómicas y ambientales, para alcanzar la paz social, lo cual requiere de un debate abierto entre la sociedad mexicana, con especial énfasis en los sectores más involucrados, a fin de generar las reformas requeridas para hacer justicia en el agro mexicano.
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