Fui senador de la República por primera vez en 1991. En ese entonces sesionábamos en la antigua casona de Xicoténcatl, en cuyo recinto hay inscritas algunas frases relativas o atribuidas a personalidades históricas. Afuera del salón de plenos se encuentra una de José María Morelos y Pavón : “Como la buena ley es superior a todo ser humano, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo”.
Esta frase, como muchas otras del héroe de la Independencia, han sido fundacionales en la manera como se entiende el desarrollo de la vida del Poder Legislativo en México, pero también marcó la dirección y el sentido para el diseño del entramado normativo de nuestro país.
Que nuestras leyes deban obligarnos al patriotismo tiene un significado profundo, el cual conlleva que quienes tenemos la oportunidad de generar la normatividad que rige la vida pública nacional nunca perdamos de vista el objetivo final de lograr que en cada decisión legal impere la justicia.
De acuerdo con algunas fuentes antiguas de la mitología griega (como el libro Fenómenos, escrito por Arato), la Justicia es una divinidad que habitaba la Tierra en los viejos viejos tiempos, durante lo que se conoció como la Edad de Oro, una época en la historia de la humanidad de bonanza perpetua en la que no existían ni la guerra ni el trabajo ni el crimen. A este lapso de tiempo le siguió la Edad de Plata y luego la de Bronce, un período de degradación en el que se inventaron la guerra y el delito, lo que avergonzó tanto a la Justicia, que se marchó, para convertirse en una constelación de estrellas.
Para quienes elegimos el derecho como profesión, el imperio de la ley y el Estado de derecho son un constante anhelo, pero también una permanente preocupación, pues esta rama del saber —en sentido abstracto— es un sistema de normas, cuyo contenido depende de la voluntad de quienes las redactan y ejecutan.
En este sentido, el jurista romano Ulpiano definió la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. En aquellos tiempos, ius, de donde deriva iustitia o justicia, era la palabra para referirse a lo que hoy conocemos como una de las acepciones del concepto de derecho. Lamentablemente, en la historia de los sistemas jurídicos, las mujeres han sido relegadas de muchos aspectos de la vida pública.
En México, la cultura machista hizo de la abogacía y del servicio público actividades casi exclusivamente masculinas, por lo que las mujeres procesadas por el sistema judicial se encuentran en un estado especial de vulnerabilidad ante las decisiones del Estado y los actos cotidianos de corrupción.
Por ello, he dedicado parte de mi formación a entender cuál es la situación del acceso de las mujeres al sistema de justicia, pues tengo la firme convicción de que, si bien ha habido avances significativos en este sentido, aún falta mucho para que nuestro sistema judicial se conduzca bajo una perspectiva de género.
En este contexto, considero que el anuncio realizado por el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar , tras su visita al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, puede tener resultados positivos.
El funcionario dio a conocer la definición de cinco acciones para revertir abusos contra la población privada de la libertad, especialmente de las mujeres, y se enfocarán en contar con un mejor sistema de defensoría pública para 200 casos, revisar de manera integral aquellos de mujeres que tengan más de dos años en prisión preventiva, así como la emisión de un acuerdo para concentrar en dos o tres juzgados de distrito los amparos indirectos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada, para establecer las reglas que no son claras en la ley.
A fin de conjuntar esfuerzos entre poderes, se presentará ante el Senado una iniciativa para establecer la obligación de pronunciarse sobre la prolongación o el cese de la prisión preventiva decretada en un proceso penal, cuando esa medida haya rebasado el plazo de dos años previsto en el artículo 20 constitucional, y no se descarta que se propongan criterios claros para establecer la prisión preventiva justificada, es decir, la que se solicita en los casos no enlistados en la Carta Magna como aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Además, la propuesta que se presentará en el Senado irá más allá de lo planteado por el ministro presidente, pues se someterá a consideración que estas medidas apliquen para que otros grupos poblacionales también sean tenidos en cuenta, especialmente todos aquellos que, por encontrarse en desventaja social y económica, no han podido hacer valer su derecho constitucional a que en sus casos se garantice la pronta impartición de justicia.
En otras palabras, en el Senado de la República haremos lo correspondiente para que las condiciones con que la justicia se encontró en la Edad de Oro puedan volver a imperar o, como expresara Rosario Castellanos, seguiremos avanzando hasta que la justicia se siente con nosotros; hasta que retorne del plano astral a la realidad de este mundo.
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