Más de cincuenta personas migrantes fallecidas —niñas, niños, mujeres y hombres— y un centenar de heridas es el saldo del fatal accidente ocurrido la semana pasada en Chiapas, cuando el tráiler que las transportaba de manera ilegal y, sobre todo, inhumana, se volcó en Chiapa de Corzo.
De entrada, el accidente podría parecer responsabilidad exclusiva de México, pero la migración irregular es en realidad un fenómeno multifactorial en el cual los países de origen, tránsito y destino tienen obligaciones y tareas compartidas e ineludibles.
Para empezar, los gobiernos de origen tienen que investigar e informar cómo inicia la cadena de complicidades. En esa instancia, las redes de tráfico de migrantes enganchan a quienes ansían dejar sus países. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cuál es su alcance? ¿De qué manera se conectan con el resto de la cadena delincuencial? ¿Cómo funciona su red financiera? Y, en caso de que el primer contacto se haga en la frontera sur de México, los países aledaños deben explicar cuáles son las medidas de seguridad fronteriza que están aplicando y reforzarlas, de ser necesario.
La sociedad mexicana también exige de las autoridades nacionales respuesta y mayor información sobre la actual situación migratoria. En lo referente al accidente, de este lado de la frontera se tiene que investigar y revelar de qué manera opera la red que transportaba a las y los migrantes, quién conducía el tráiler, bajo cuál razón social estaba registrado el vehículo o si existía algún reporte de robo.
Al parecer, este modus operandi se repite constantemente, por tanto, desarticularlo no debería ser tan complicado, si se considera que existen puntos de revisión estratégicamente colocados, que fácilmente podrían detectar un tráiler que transporte personas migrantes. Por eso es también necesario conocer cuáles son, si existen, los potenciales puntos de complicidad que permiten a los criminales operar bajo este esquema.
Si se presentó alguna falla u omisión por parte de las autoridades mexicanas, habrá que actuar de manera responsable para esclarecer esta situación. De igual modo, si tráileres repletos de migrantes pueden circular sin ser detectados, las autoridades migratorias deben implementar medidas y operativos que, cuando menos, limiten las posibilidades de que vehículos semejantes circulen libremente. De una u otra forma, el accidente no puede pasar desapercibido, sino ser un detonante para implementar más y mejores medidas de prevención y de protección de los derechos humanos de las personas migrantes.
Se debe reconocer que no se trata de una tarea sencilla. Proteger a la niñez, las mujeres y familias que utilizan a México como un trampolín de acceso a los Estados Unidos implica esfuerzos colosales. Tan sólo cubrir los 3,152 kilómetros de frontera que dividen a nuestros territorios resultaría imposible sin la cooperación y el entendimiento bilaterales, así que contar con medidas de protección humanitaria desde Tapachula hasta las ciudades fronterizas es una labor titánica que indudablemente requiere de un esfuerzo institucional excepcional, pero también de la cooperación internacional, especialmente entre la República mexicana y la Unión Americana.
El accidente sucedió días después de que Estados Unidos anunciara la reactivación del programa Quédate en México. Sería iluso pensar que hacerlo no tendrá un impacto directo en el aumento de los flujos de migrantes, pues quienes se aventuran a establecerse de manera irregular en nuestro país saben que, de lograr cruzar la frontera, no serán repatriados hasta sus lugares de origen, sino que contarán con un mecanismo que aumenta sus posibilidades de que se les reciba en el país del “sueño americano”.
El Gobierno estadounidense debe explicar cuál será el tamaño de la inversión que realizará para asegurar que quienes se queden en México esperando la resolución de asilo cuenten con albergues dignos, reciban vacunas, tengan certeza sobre la duración y evolución de su proceso y cuenten con la seguridad necesaria de que se les repatriará, en caso de que el fallo sea negativo.
Por su parte, el Gobierno mexicano debe asegurar la instalación de espacios dignos y suficientes para recibir a las personas migrantes, además de contar con las medidas necesarias para que sea preservado el orden en las ciudades fronterizas nacionales en las que esperarán la decisión de las cortes estadounidenses.
Si esta tragedia nos recordó algo, es que perseguir los sueños tiene un enorme costo en Latinoamérica, y que las inequidades globales se manifiestan de muchas formas en el día a día de las personas en situación de pobreza, por lo que es urgente seguir tratando el tema migratorio desde todas sus aristas y a través de todos los medios posibles. El Senado de la República llamará a comparecer a las autoridades competentes, para garantizar transparencia y máxima publicidad en este caso, y evitar que la opacidad, la corrupción y las complicidades manchen de impunidad tan lamentables hechos.
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