En 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue enfático al considerar que el principal problema de México era la corrupción, como generadora de pobreza, desigualdad y subdesarrollo, por lo que su administración ha procurado combatirla de manera frontal para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, reparar el dañado tejido social y, al mismo tiempo, reconstruir el Estado de bienestar que fue desmantelado en favor de intereses personales durante el viejo régimen.
En tal sentido, el Poder Legislativo ha acompañado este esfuerzo, con la modificación del orden legal para lograr la separación entre el poder político y el poder económico, con nuevas dinámicas de cooperación con la iniciativa privada y la población en general, basadas en la cooperación, la justicia y la legalidad. Como ejemplo, tenemos la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, en enero de 2020, que tuvo como origen una iniciativa que presenté, a fin de crear un padrón único de beneficiarios que se encuentren al corriente de sus obligaciones regulatorias y fiscales.
Ese padrón forma parte del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, y tanto la inscripción como la eliminación de los registros es voluntaria y gratuita. Los beneficios implican las facilidades administrativas que acuerde la Secretaría de Economía —como suspensión de verificaciones, inspecciones y actos de vigilancia—, por conducto de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), mediante las reglas, bases, directrices, lineamientos o buenas prácticas que emita para tal efecto, en el marco de las acciones, los programas y convenios establecidos por la Administración Pública Federal.
Las personas beneficiarias que sean seleccionadas de manera estratégica para ser verificadas y corroboren la veracidad de la información inscrita, se vuelven merecedoras de un reconocimiento por conducto del presidente de la República; en caso contrario, serían sancionadas.
Con la simplificación de trámites y la creación de nuevos lazos de confianza entre el Gobierno y la población, se pretende combatir ideas como que la corrupción es un mal necesario, que aceita los engranes de las instituciones, que se trata de un elemento de la cultura mexicana y que sin recurrir a ella no se puede avanzar. De hecho, los datos corroboran el diagnóstico del titular del Ejecutivo federal, respecto al daño que este problema causa al crecimiento económico.
El Foro Económico Mundial estima que representa pérdidas equivalentes al 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); el Banco de México, el Banco Mundial y Forbes calculan el daño en un 9 por ciento; el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) lo calcula hasta en un 10 por ciento, en tanto que el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial señala a este ilícito como el principal inhibidor de la inversión en México.
Siguiendo esta misma estrategia de fomento a la confianza ciudadana, en el Paquete Económico 2022 se introduce el nuevo Régimen Simplificado de Confianza, el cual establece menores tasas impositivas, elimina obligaciones y facilita los trámites electrónicos, priorizando, por otra parte, el gasto público en salud, bienestar y turismo.
El nuevo régimen será aplicable a: 1) personas físicas con menos de 3.5 millones de pesos de ingresos anuales —lo que representa al 82 por ciento de esta categoría de contribuyentes—, que se den de alta por primera vez ante el Sistema de Administración Tributaria; 2) personas con actividades empresariales y profesionales; 3) a quienes hayan pertenecido al Régimen de Incorporación Fiscal (que se deroga), 4) a quienes se dediquen al arrendamiento, y 5) a las personas con actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas.
Uno de los mayores beneficios será la reducción de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que irá del 1 por ciento al 2.5 por ciento. Así, por ejemplo, las personas físicas con ingresos de 300 mil pesos anuales y 25 mil mensuales pagarían únicamente 250 pesos al mes por concepto de ISR, y aquellas con ingresos de 3.5 millones anuales y 291 mil pesos al mes, aportarían 7 mil 291 pesos mensuales.
En el caso de las personas morales, existiría el requisito de que la sociedad sea constituida exclusivamente por personas físicas y que resida en México; tener activo el buzón tributario; estar al corriente de sus obligaciones fiscales, y facturar hasta 35 millones de pesos al año, por lo que el 96 por ciento del total de personas morales contribuyentes podría verse beneficiado. Entre las ventajas, destaca el hecho de que el ISR se pagará hasta que los ingresos sean efectivamente percibidos, es decir, con el flujo de efectivo, desaparece la obligación de presentar declaraciones provisionales, y se crea un nuevo esquema de deducción de inversiones a menor plazo.
De lograrse los acuerdos necesarios para que este nuevo régimen entre en vigor el próximo año, podríamos esperar un aumento en el padrón de contribuyentes de entre el 15 y el 30 por ciento, con lo que se reforzarían las acciones para seguir incrementando la recaudación, incentivando la reactivación económica y frenando el aumento de la informalidad, cumpliendo al mismo tiempo con el compromiso de no crear ni aumentar los impuestos.
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