Desde 1925 —cuando se expidió la Ley de Pensiones Civiles y de Retiro— hasta hoy en día, los sistemas de pensiones en nuestro país han sido objeto de cambios constantes, siendo el más significativo el que se dio en 1997 luego de la modificación a la Ley del Seguro Social, promulgada originalmente en 1943.
En 1997, México pasó de un modelo de beneficio definido, establecido en 1973, a uno de capitalización individual en el que cada persona se hace cargo de su jubilación al depositar sus ahorros en una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore). En medio de este cambio se encuentra la generación de transición: aquellas personas que empezaron a trabajar antes de la modificación de 1997 y que, por tanto, pueden elegir entre un sistema y otro al momento de jubilarse. La reciente sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) va dirigida a este grupo.
El contenido de la sentencia es el mismo que el de las emitidas en 2010 y 2016: aquellas personas que decidan optar por el régimen anterior a 1997 recibirán una pensión topada en 10 veces el salario mínimo vigente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social de 1973. La sentencia define también que cuando un trabajador o trabajadora opte por el régimen actual se le aplicará un tope de 25 salarios mínimos, pero únicamente hasta el límite de lo ahorrado en su cuenta individual, es decir, en lo acumulado en su Afore.
Esta sentencia sin duda ha tocado fibras sensibles entre la población, poniendo en evidencia la complejidad para entender los esquemas de retiro, provocada en parte por la coexistencia de dos diferentes mecanismos. Por ello, la SCJN determinó también que ambos sistemas, el de 1973 y el posterior a 1997, no se pueden mezclar.
En resumen, la sentencia de la Corte hace referencia a las contradicciones existentes entre ambos modelos, pero no trastoca los derechos de aquellos miembros de la generación de transición que hayan optado por adherirse al nuevo modelo. Después de aclarada la situación se tiene que rescatar que algo valioso de la sentencia es que nuevamente se ha puesto en el centro del debate la necesidad de una reforma progresista al sistema de pensiones en México, exponiendo lo preocupante e importante que el tema resulta para la mayor parte de la sociedad y sacando a flote que el verdadero problema radica en que, bajo el esquema actual, cientos de miles de personas no podrán aspirar a una pensión digna.
La primera generación de las Afore empezará a retirarse en 2022. En este sistema, las y los ahorradores necesitan comprobar haber trabajado 1,250 semanas —25 años— y de no hacerlo, las administradoras tienen el derecho de regresar la cantidad ahorrada sin otorgar una pensión. Bajo este panorama, se estima que solamente el 25 por ciento de la primera generación alcanzará el tiempo de cotización necesario, pero tan solo recibirá un monto aproximado al 30 por ciento de su último sueldo, cantidad, en promedio, bastante inferior a 25 o 10 salarios mínimos.
Otro de los problemas que enfrentamos es que, mientras las Afore logran generar utilidades, la ganancia a largo plazo de los ahorradores será casi nula. En México, a diferencia de otros países, las comisiones cobradas por las Afore para administrar los depósitos no están topadas, siendo en ocasiones de las más altas en el mundo. Esto genera una carga en los depositarios y un beneficio para las instituciones de administración de fondos.
Por otro lado, los rendimientos de los depósitos que recibirán quienes se retiren, si se descuenta la inflación, serán cercanos a cero. En otros términos, podríamos decir que gran parte de la generación Afore ha estado pagando por que alguien más guarde su dinero, lo utilice para producir y se lo regrese sin ningún beneficio.
Si a esta situación se le suma que el gran porcentaje de personas que oscilan entre la economía formal y la informal no recibirá ningún tipo de fondo para el retiro, nos daremos cuenta de que el verdadero problema no está en la inminente crisis que se aproxima en la que millones de personas podrían entrar a su vejez en situación de pobreza.
Esta coyuntura nos ha hecho reflexionar sobre la fragilidad y la falta de atención que recibió el tema de las pensiones en administraciones pasadas y la necesidad de encontrar una solución sustentable que no deje en el desamparo a quienes por años han dedicado su vida a trabajar para mantener activa la economía del país.
No debemos escatimar esfuerzos para encontrar una solución sustentable y justa al inaplazable problema de las pensiones que por años ha ido creciendo de manera exponencial en nuestro país. Éste es uno de los grandes retos que tenemos que superar en el muy corto plazo.
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