Iniciamos un nuevo periodo de sesiones con un escenario inédito, enmarcado por el temor, la incertidumbre y la confrontación. La pandemia de Covid-19 ha obligado a los parlamentos de todo el mundo a encontrar nuevas dinámicas de trabajo, para no provocar una parálisis legislativa. Grosso modo, los congresos han llevado a cabo dos tipos de medidas. La primera fue limitar el número de sesiones presenciales y la cantidad de personas que asisten, y la segunda, implementar sesiones a distancia, utilizando medios digitales. Se trata de una nueva era legislativa.
Desde julio de 2020, el Senado francés decidió celebrar sesiones plenarias con aforo reducido, y sólo una de ellas por semana, limitando el número de preguntas para el gobierno y permitiendo el acceso solamente a las personas que serían cuestionadas, junto con quienes presiden los grupos políticos. El Parlamento Federal de Alemania, el Bundestag, sigue reuniéndose, pero su programa de trabajo es restringido, dando prioridad únicamente a debates esenciales, y el número de legisladoras y legisladores es limitado. Lo mismo han hecho Grecia, Guatemala, Italia y Japón, entre muchos otros países.
La segunda opción, la digital, ha sido menos común, por las dificultades tecnológicas y legales que implica. Naciones como Argentina, Bélgica, Brasil, Holanda, Paraguay y ahora México, entre otras, están intentando utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como el mecanismo que, por un lado, permita seguir con los trabajos legislativos y, por otro, evite cualquier riesgo de contagio, salvaguardando la salud y la vida de quienes legislan y de las personas que laboran en los recintos.
Esta segunda opción tiene varias ventajas, la principal es que se minimizan los riesgos a la salud de un gran número de personas. La segunda, que los temas que se pueden discutir son más amplios. En un país como México, en donde la transformación se encuentra en curso, buscar opciones de este tipo para no detener la discusión de temas fundamentales es algo no solamente necesario, sino indispensable.
Por eso hemos propuesto modificaciones al Reglamento del Senado de la República, a la Ley Orgánica del Congreso General y a la Constitución, para ampliar el espectro de temas que puedan ser discutidos y aprobados vía digital. Se trata de una acción que permitirá que en este segundo periodo ordinario del tercer año legislativo que hoy inicia se pueda examinar el gran abanico de temas fundamentales para la vida pública nacional. Por el momento, suscribiremos un acuerdo amplio entre todas las fuerzas políticas.
Entre los temas de la agenda legislativa para este periodo ordinario se encuentran la subcontratación o outsourcing, la discusión sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ferrocarriles, seguros y fianzas, instituciones financieras y de préstamo, educación superior, derechos humanos, órganos autónomos, comercio internacional, economía circular, redes sociales y mundo digital, recuperación económica y estímulos fiscales, entre otros.
Y aunque estos tópicos son fundamentales para recobrar el rumbo prepandémico, están subordinados a la prioridad que no debemos perder de vista: conservar y recuperar nuestra salud. Por eso, el Senado de la República, como la mayoría de los parlamentos del mundo, se encuentra inmerso en una fase de transición, pues no puede renunciar a su papel esencial para la estabilización de la situación política y en la recuperación económica del país, pero también debe actuar con responsabilidad y cautela frente a la emergencia sanitaria.
Desde la Francia de 1794, que vivió el exceso del comité de seguridad pública de Robespierre, hasta la transición política más importante en la historia reciente de México, en 2018, las asambleas legislativas han contribuido a serenar el ánimo social y a eliminar toda amenaza que afecte a la nación. Por ello es encomiable que los diversos grupos políticos que integran el Senado de la República demuestren que es posible llegar a acuerdos, incluso en un ambiente que tiende a polarizarse, en un marco característico de los tiempos electorales.
No obstante, los puntos de coincidencia nos han permitido aprobar reformas fundamentales a las que reconocemos como bases para el cambio de régimen, y también podrían hacer posible la transición digital para realizar nuestro trabajo a distancia. De aprobarse el acuerdo referido, solamente será necesario que las y los legisladores acudan al recinto cuando se trate de propuestas de reformas constitucionales o decisiones de mayorías calificadas que requieran un alto consenso.
Debemos confiar en que la Cámara Alta continuará cumpliendo con su deber hacia la población, y se ocupará de seguir aportando las mejores prácticas para que el país prosiga en la profundización de su vida democrática y sus políticas públicas en beneficio del pueblo. Asimismo, será un fiel vigilante para que no se incurra en regresiones o en revivir excesos del pasado, que ahondaron las diferencias entre los sectores de la población. En esta nueva era, que sin duda estará llena de dificultades y retos, el Senado de la República hará lo necesario para mantenerse a la altura.
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