En el sexenio anterior se consumó una de las mayores traiciones del neoliberalismo al pueblo de México, con la privatización del sector petrolero y su apertura a un mercado para el cual la nación no estaba preparada. La intención era seguir desmantelando a Petróleos Mexicanos y darle la espalda al legado del presidente Lázaro Cárdenas, permitiendo que el Estado perdiera de manera paulatina su rectoría del desarrollo nacional.
Presuntamente, ésa y otras reformas estructurales se habrían aprobado mediante sobornos entregados a legisladoras y legisladores integrantes del llamado Pacto por México.
Como era usual, mientras por debajo de la mesa se cerraban tratos entre el poder político y el económico, se engañaba a la población con falsas promesas de precios más competitivos para los hidrocarburos y mejor calidad en el servicio, cuando la dura realidad fue que en la administración pasada los combustibles aumentaron su precio al público entre un 70 y un 80 por ciento, lo que afectó directamente la economía familiar y un gran número de cadenas de valor que, entre otros aspectos, dependen del transporte de personas y mercancías para desarrollar sus actividades.
Entre muchas otras razones, transformar la política energética de México fue uno de los motores para el cambio histórico de 2018, que quedaron cristalizados en tres compromisos de los 100 que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contrajo con la ciudadanía, y que se encuentran cumplidos casi en su totalidad antes de los primeros tres años de gobierno.
Estos compromisos incluían detener el desmantelamiento de la CFE: 1) modernizar las plantas existentes y priorizar las hidroeléctricas; 2) aumentar la inversión pública para la producción de petróleo, gas y electricidad, y 3) rehabilitar las seis refinerías que ya existen y construir una nueva en Tabasco.
Asimismo, como parte de la nueva política energética, se emprendió una estrategia de combate al robo de combustibles o huachicoleo, que ha tenido éxito en reducir hasta en un 95 por ciento la incidencia de este delito. Y para poner fin a la ineficiente dinámica de extraer petróleo crudo y comprar gasolinas, se ha planteado que la extracción se limite a las necesidades de abastecimiento nacionales, con el fin de detener la tendencia del aumento en importaciones y la dependencia que ello genera, así como de ser autosuficientes en la producción de combustibles para 2023, antes de que culmine el sexenio.
La recientemente aprobada reforma a la Ley de Hidrocarburos tiene como objetivos continuar reforzando la nueva política energética y ordenar los vacíos y recovecos legales, para dar mayor certidumbre al sector. Por ejemplo, hay un cambio de la afirmativa ficta a la negativa ficta, en el caso hipotético de que la Secretaría de Energía (Sener) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no respondan a la solicitud de permisos en el plazo legal de 90 días naturales, lo que evita que en estos casos se entienda que el permiso se ha concedido y permite una auténtica revisión de las condiciones legales para su otorgamiento, facilitando un mejor control de la actividad de particulares en el sector petrolero.
Cabe destacar que de los 672 permisos comerciales otorgados de 2015 a 2020 no han mostrado actividad 312, lo que revela una falta de control que ahora podrá ser solventada.
Como parte del combate a la corrupción y otros delitos relacionados con el sector, la reforma también contempla una nueva causal para la revocación de permisos otorgados para el transporte, almacenamiento, distribución o expendio de hidrocarburos, cuando la autoridad competente compruebe que fueron adquiridos de manera ilícita o por la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Con ello se busca desarticular redes de complicidad entre el poder político y el poder económico que perjudica los bienes de la nación y los derechos de la población.
Otra medida que resultaba necesaria e incluso obvia era incluir entre los requisitos para conceder permisos tanto a Pemex como a otras empresas productivas del Estado y a particulares que contaran con capacidad de almacenamiento, con lo que se evita la proliferación de permisos que permanecen ociosos.
Quizá uno de los puntos de mayor polémica, que seguramente terminará resolviéndose por vía judicial, es la adhesión de un artículo 59 BIS a la ley mencionada, el cual faculta a la Sener y a la CRE a suspender, previa notificación, los permisos, cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional o energética, o bien, para la economía del país, lo que reivindica la rectoría del Estado sobre el desarrollo de la nación y, contrario a lo que algunas voces opositoras han señalado, pone a salvo la garantía de audiencia de los permisionarios, al concederles 15 días naturales para exponer lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas pertinentes.
Por todo lo anterior, la mayoría parlamentaria del Senado de la República considera que la reforma a la Ley de Hidrocarburos no sólo es constitucional, sino que era indispensable para salvaguardar la soberanía de México ante el mundo.
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