La historia nos muestra que cuando la paz y la seguridad de una sociedad se ven comprometidas es sumamente complejo recuperarlas. La Guerra del Opio, iniciada en la década de 1830, fue la vía con que los británicos intentaron controlar el comercio, la política y la economía del Imperio chino, que parecía infranqueable; un conflicto que trastornó durante décadas la tranquilidad de la región.
Más de dos siglos después, la demanda de drogas ilícitas alrededor del mundo, como la cocaína, sigue dejando una huella de violencia en los países productores, de tránsito y de consumo, que hoy por hoy aún altera la tranquilidad de sus poblaciones.
En México, el uso de la violencia como instrumento de contención por parte del Estado se desvirtuó desde la formación misma de las instituciones. Pensemos, por ejemplo, en la Dirección Federal de Seguridad (DFS), creada en 1947, supuestamente para recabar información sobre actividades subversivas y terroristas.
Aquella instancia se utilizó como herramienta de represión, desaparición y detenciones ilegales contra quienes fueron críticos del gobierno durante la Guerra Sucia. Fue uno de los escuadrones de la muerte —documentado en uno de mis libros— que se convertiría eventualmente en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que también sirvió para espiar a opositores y no para proteger la seguridad pública y nacional.
Parafraseando el adagio mexicano, institución que nace torcida jamás se endereza. Hoy, quienes fungieron como dirigentes y altos mandos de la extinta Policía Federal tienen procesos abiertos por comportamientos que no solamente fueron contrarios a la legalidad, sino que atentaron contra la seguridad que ellos mismos tenían que proteger y tutelar.
Por eso, una de las primeras decisiones del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llegó al poder en 2018, fue desaparecer al Cisen y enviar una iniciativa al Poder Legislativo para crear la Guardia Nacional (GN), una corporación de élite, con comando civil, pero selección, formación y adiestramiento similares a los de las Fuerzas Armadas, instituciones que cuentan con mayor confianza entre la población mexicana.
Han pasado tres años desde que en el Senado aprobamos por unanimidad la creación de la GN, durante los cuales ésta se ha podido conformar y consolidar, aunque debemos aceptar que la descomposición de la seguridad pública en México, generada desde hace décadas y agudizada a partir de 2006, era tan profunda que la inseguridad es aún el problema que más preocupa a la población; por tanto, la pacificación del país se ha convertido en el principal pendiente de esta administración y, ante ello, el gobierno federal y los estados, especialmente los más golpeados por la violencia, realizan esfuerzos diarios para contener la violencia de los grupos criminales que arrebatan a nuestra niñez y juventud la posibilidad de desarrollarse plenamente.
La semana pasada, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, entregó al Senado de la República el Informe Anual de Actividades 2021 de la Guardia Nacional, documento que incluye aspectos de gran relevancia, como la estrategia implementada, el despliegue de elementos, la creación de nuevas coordinaciones regionales, y quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Si bien muestra los indudables avances, el informe incluye además una sección muy valiosa que hace una autocrítica respecto al cumplimiento de las metas de este organismo desconcentrado, en la que se señala que de las 59 metas establecidas en los programas de planeación institucional, 47 (el 79.66 por ciento) tuvieron un cumplimiento aceptable; 3 más (el 5.09 por ciento) se cumplieron parcialmente; 4 (el 6.78 por ciento) excedieron la meta esperada, y 5 (el 8.47 por ciento) no cumplieron la meta.
Pero quizá el logro más importante es algo que no está en el informe: se consiguió conformar una corporación mixta que, hoy por hoy, como muestran las encuestas realizadas por el Inegi, cuenta con la confianza de la ciudadanía, al ser percibida como honesta, libre de corrupción y, lo más importante, enfocada en combatir el crimen organizado que en estos tiempos se disputa violentamente el control de territorios a lo largo del país.
Si bien en la historia moderna de México no tenemos un referente de haber gozado de una sociedad pacífica, es un anhelo de la Cuarta Transformación que logremos conseguir ese estado. En el Senado de la República hemos acompañado la nueva estrategia de seguridad basada en el uso legítimo de la fuerza, bajo principios constitucionales que garanticen el respeto a los derechos humanos, y mediante una robusta política social que permita generar las condiciones de justicia necesarias.
Próximamente se discutirá en el Congreso la reforma constitucional que el Ejecutivo federal ha anunciado para incorporar la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin duda será motivo de reflexiones y debates en foros diversos. El Senado actuará con responsabilidad y pluralidad; fundamentalmente nos motiva cumplir con el compromiso de otorgar seguridad y paz a la población.
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