La experiencia nos muestra que, frente a cualquier amenaza exterior, la unidad nacional resulta fundamental. Sin embargo, a lo largo del historial de invasiones a nuestro país a partir de que se conformó como nación independiente, la pugna ideológica entre liberales y conservadores jugó un papel determinante desde la guerra de Reforma (1858-1861), cuyo origen fue la Intervención estadounidense de 1846, hasta la segunda Intervención francesa.
Si fuese necesaria la etiqueta, podríamos mencionar que, por tradición, el pensamiento de corte conservador ha sido fiel creyente de que solamente el intervencionismo extranjero es capaz de sacar adelante a México en sus momentos de crisis, deslegitimando con ello los esfuerzos que el Gobierno en turno esté realizando al respecto, en especial si se trata de uno con ideología abiertamente liberal y progresista. Los resultados fueron catastróficos cada vez, incluyendo tanto la pérdida de un porcentaje significativo de nuestro territorio como un profundo resquebrajamiento social.
En el caso de la epidemia de opioides (incluido el fentanilo) que azota al vecino país del norte, es el bloque conservador el que insta a señalar que México no está trabajando con los Estados Unidos de la manera en que debería para confrontar esta crisis, y se le suman voces nacionales que creen que la acción militar foránea en nuestro territorio sería la receta mágica que compondría el complejo problema en ambos lados de la frontera.
Nada más alejado de la realidad. Lo que se requiere es la inyección de importantes recursos para una intensa campaña de prevención de adicciones en la Unión Americana y un control de armas de fuego mucho más estricto, toda vez que en México se está haciendo lo propio para contener y enfrentar a los cárteles con la fuerza del Estado, pero también para atender, con políticas públicas de probada efectividad, las causas raíz de la violencia, como la desigualdad y la corrupción.
Posiciones como la asumida por 21 fiscales estadounidenses, que pidieron al presidente Joe Biden y al secretario de Estado Antony Blinken que implementen medidas extraordinarias contra el tráfico de fentanilo (que, de acuerdo con sus argumentos, proviene de México) y que se catalogue al opioide como arma de destrucción masiva nos alejan del camino del diálogo.
A estas voces se les suma la del exfiscal estadounidense William Barr, quien pidió declarar a los cárteles como narcoterroristas, con la finalidad de habilitar la acción directa de las fuerzas armadas de su país en contra de éstos, sin importar que el Gobierno de México dé o no su autorización para esta clara maniobra intervencionista.
Por si esto fuera poco, y en un claro afán por sacar dividendos políticos para su partido de cara al proceso electoral del 2024, los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes, Dan Crenshaw, de Texas, y Michael Waltz, de Florida, presentaron una resolución que autoriza al Gobierno de su nación a utilizar la fuerza militar para identificar, enfrentar y eliminar a los cárteles de la droga en México.
Esta propuesta, que no había sido discutida desde su ingreso en enero, ha tomado fuerza a raíz del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en la ciudad fronteriza de Matamoros, en Tamaulipas, ya que está dando pie a que otros legisladores expresen su apoyo.
Pero más allá de que se apruebe por la Cámara de Representantes y sea turnada al Senado (en donde el también republicano Lindsey Graham ha expresado su postura contra México) para que siga su curso, son dignas de reflexión las diversas opiniones que ha generado la iniciativa, no sólo en ambos lados de la frontera, sino en el contexto internacional.
El Gobierno de México mantiene firme su llamado a hacer valer nuestra soberanía nacional, por un lado; por el otro, a reforzar los mecanismos de cooperación internacional, tales como el Entendimiento Bicentenario.
Las tentaciones para politizar el desgarrador problema del tráfico de estupefacientes y las consecuencias que genera en la salud de cientos de miles de personas son demasiadas y están al alcance de quienes buscan sacar un rédito electoral de ello.
Alejarnos de un final oscuro obliga a los actores políticos estadounidenses a retomar una posición coherente y responsable. Mientras que del lado mexicano debemos actuar con unidad, en apoyo a las acciones que el Gobierno ha tomado contra la delincuencia organizada, pero también, en igualdad de importancia, tenemos que sumarnos a la defensa de nuestra soberanía e independencia nacional. No podemos abrir la puerta a una injerencia extranjera de la cual ya nos hemos arrepentido en el pasado.
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