Las recientes publicaciones que sugieren una investigación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sobre el presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 desataron una polémica que, más allá de lo periodístico, revela una clara estrategia cargada de intereses políticos, cuya intención es socavar la figura del presidente de la República.
El reportaje de ProPublica titulado “¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del Presidente Mexicano López Obrador?”, y las réplicas que hicieron (con algunos cambios de forma, pero el mismo fondo) InSight Crime y DW, han desencadenado debates, defensas y críticas en diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, es necesario analizar estas acusaciones con cautela, considerando la falta de pruebas concretas, pero sobre todo, el contexto político actual.
Las publicaciones acusan al Presidente de haber recibido millones de dólares del Cártel de Sinaloa durante su primer intento por llegar a la Presidencia. El propio mandatario, en su conferencia de prensa matutina, desestimó ya tales acusaciones, calificándolas como calumnias y confiando en el Estado de derecho y en el Instituto Nacional Electoral (INE) para esclarecer la situación, respuesta que destaca la importancia de la transparencia y la legalidad en la política.
Es muy importante señalar que las publicaciones mencionadas son investigaciones periodísticas, cuyos señalamientos se apuntalan en pruebas que, al día de hoy, no han sido presentadas. Hay que subrayar también que esa falta de evidencia sólida contribuye a la polarización y al enrarecimiento del panorama político en el proceso electoral más importante de la historia de nuestro país, que ya está en marcha.
Por ello, en este momento crucial previo a los comicios, surge la pregunta sobre la intencionalidad de las acusaciones. ¿Es acaso una estrategia para desprestigiar al Presidente y afectar el proceso electoral?; parece haber un claro intento de socavar su imagen y logros (lo habíamos dejado en claro en artículos anteriores), generando una polémica que apunta a beneficiar solamente a los sectores conservadores que buscan debilitar al Gobierno actual.
Recordemos que esta no es la primera vez que se intenta manchar la reputación del Presidente con acusaciones infundadas. Vivimos una época en que la polarización política va en aumento, de tal suerte que muchos comunicadores y comunicadoras están asumiendo posturas políticas cada vez más evidentes. Sin embargo, en este caso en particular, la falta de datos y pruebas concretas contribuye a la desinformación y no abona para nada a un debate equitativo.
Por otra parte, la propia historia de la DEA también debe ser considerada. Esta agencia estadounidense ha sido criticada por su tendencia injerencista, especialmente en lo que respecta al control del tráfico de drogas en países latinoamericanos. Su acusación contra el Presidente de México se podría interpretar como parte de una estrategia más amplia, en la que se utiliza la influencia de la Unión Americana para golpear a aquellas administraciones que no comparten sus intereses.
No debemos olvidar que el mandatario mexicano impulsó cambios legislativos para obligar a la DEA a informar sobre sus actividades en nuestro territorio, destacando la importancia de la soberanía nacional. Este contexto añade otra capa de complejidad a las acusaciones actuales, resaltando la necesidad de analizar los hechos desde una perspectiva crítica y objetiva.
En contraste, se pueden señalar casos en los que sí existen pruebas concretas de colaboración entre gobiernos y cárteles, como ocurrió durante la administración 2006-2012, con el entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos, enfrentando acusaciones respaldadas por pruebas fehacientes y no por rumores.
En mi experiencia personal, tuve oportunidad de acompañar a Andrés Manuel López Obrador durante la campaña de 2006, y puedo afirmar que no existe evidencia ni prueba de las acusaciones que ahora circulan; de ahí que sea necesario enfocarse en hechos concretos y pruebas sustanciales, para evitar caer en la trampa de la desinformación y la manipulación política.
Reitero: vivimos un momento crucial para el país, y las acusaciones contra el titular del Poder Ejecutivo federal, sin pruebas veraces —hay que recalcarlo—, parecen formar parte de una estrategia pensada para desacreditar a un Presidente que hoy por hoy goza de la simpatía de la gente y de un amplio apoyo popular, y quien, como ya señalamos, constituye la figura preeminente del movimiento que llevó en 2018 a tener el primer gobierno emanado de las filas de la izquierda en México.
Es fundamental que la sociedad mantenga una postura crítica y exija veracidad. También es necesario que los medios de comunicación ejerzan un periodismo responsable, basado en la búsqueda de la verdad y la presentación de hechos comprobables, evitando contribuir a la polarización y la desinformación que tanto daño hacen a la democracia. Como se dice: “quien acusa está obligado a probar”, por lo que en estos tiempos electorales, la claridad y la transparencia son más importantes que nunca.
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