El trabajo asalariado es el paradigma de la economía capitalista que impera en todo el mundo. A través de la retribución monetaria, la clase trabajadora es separada del fruto de su trabajo y cumple a su vez el papel de consumidora. La disparidad entre el valor real del trabajo y la remuneración entraña el fenómeno de explotación que representa ganancias para la clase patronal, o plusvalía, el cual se ha incorporado a la normalidad económica de prácticamente todas las naciones, pero en el caso mexicano podemos hablar de una sobreexplotación, derivada de la reducción artificial del salario mínimo.
A pesar de que entre 2010 y 2013 la productividad laboral con base en la población ocupada aumentó un 6.8 por ciento, y la que se basa en las horas trabajadas lo hizo en un 5.8 por ciento, el salario mínimo experimentó un aumento porcentual real del 0.42 por ciento, lo que representa la irrisoria cantidad de 0.70 centavos. Es decir, la productividad en México crecía, a la par de factores que lo permitían, como la capacitación de la planta laboral; sin embrago, los salarios experimentaban aumentos que no podían sino significar una burla.
Lo peor de todo es que este estancamiento era defendido por algunos sectores de la iniciativa privada, pero también por las autoridades. Por ejemplo, en septiembre de 2014 se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, con el propósito de fungir como auxiliar de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), pero en ese año el salario mínimo, lejos de aumentar, presentó una disminución real del 0.56 por ciento, con una inflación del 4.48 por ciento, superior al 3.25 por ciento del periodo anterior.
Esta comisión se integró por cuatro representantes del sector laboral, cuatro representantes patronales, un representante del Banco de México, uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y uno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además de ser encabezada por el presidente de la CONASAMI. Para junio de 2016, el Banco de México presentó a la Comisión Consultiva el documento titulado: “Salario mínimo e inflación”, en el que se establecieron cinco posibles consecuencias de incrementar los salarios mínimos. Así, se planteó que las empresas podrían: 1) reducir su planta laboral; 2) “informalizar” a sus trabajadoras y trabajadores; 3) reducir sus márgenes de utilidad; 4) sustituir la planta laboral por tecnología, y 5) aumentar los precios finales de bienes y servicios.
Mantener los salarios mínimos por debajo de la línea de bienestar se sostuvo, entonces, como una política necesaria para la estabilidad económica de México, mientras en las cúpulas del Gobierno existían gastos excesivos y salarios exagerados que representaban un lujo innecesario en la función pública, con el pretexto insostenible de evitar la corrupción, pues se creía que sueldos elevadísimos menguarían la avaricia de la clase política incrustada en las instituciones públicas, lo que claramente resultó un fracaso.
Así, de 1980 a la fecha, México descendió del lugar número 12 en la lista de mejores salarios mínimos en el mundo, al 82, colocándonos por debajo de países vecinos con menor productividad, y arrebatando a la clase trabajadora la posibilidad de aspirar a mejores condiciones de vida mediante el empleo. Esta situación lamentable se originó porque durante décadas las autoridades del antiguo régimen no tuvieron la voluntad política de enfrentar las resistencias, institucionales y empresariales, que empujaban hacia abajo los salarios de las y los trabajadores.
Esta inercia llegó finalmente a su fin con el inicio de la adminsitración de Andrés Manuel López Obrador, quien como presidente ha mantenido una actitud congruente con los compromisos que realizó como líder social. En 2019, el primer año de gobierno, el salario mínimo pasó de $88.96 a $102.68 pesos, y para 2020 esta cantidad aumentó a $123.22. Con cada uno de estos cambios, se hicieron escuchar las voces que aún defienden el estancamiento de los ingresos de las y los trabajadores, basado en los fantasmas inflacionarios.
Sin embargo, a pesar de que los argumentos en contra del incremento de los salarios mínimos han resultado no ser válidos en la práctica, las resistencias volvieron a hacerse presentes cuando la semana pasada se aprobó un nuevo aumento para llevar el salario mínimo a $141.7 en 2021, representando una elevación global del 60 por ciento, en comparación con 2018.
Llama la atención que luego de dos años de aumentos aún persistan las resistencias a la transformación más que justificada de la política salarial. Esto resulta especialmente paradójico si se considera que la CONASAMI ha señalado que es un mito que el incremento de los salarios mínimos genere desempleo, eleve el costo de la canasta básica y de los créditos del INFONAVIT. Sin embargo, frente a estas resistencias se encuentra la convicción del Ejecutivo federal de crear un país más justo y equitativo, incluso en tiempos de dificultades económicas, como los generados por la pandemia.
Coordinador de Morena en el Senado
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