En 2008, el gobierno de los Estados Unidos de América transfirió a nuestro país la primera entrega de un total de 1,400 millones de dólares destinados a combatir el tráfico de drogas ilegales en territorio nacional. Esto se realizó en el marco de la Iniciativa Mérida, estrategia binacional en la que la cooperación militar sería uno de los pilares. Éste es sólo un ejemplo de iniciativas a través de las cuales se ha llevado a cabo en México y en América Latina la estadounización de la seguridad pública.
Se trata de un proceso que inició en la década de los 70 y que se hizo explícito en los 80, con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia estadounidense. Fue entonces cuando el combate a la delincuencia, un asunto de política interior, empezó a adquirir tintes de conflictos bélicos, propios de enfrentamientos entre naciones. Al igual que el modelo económico, EU también intentaría exportar su política de seguridad.
Así fue como la Unión Americana impulsó el Plan Colombia, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la ya mencionada Iniciativa Mérida. Todos estos planes y estrategias generaron tanto una marcada dependencia de los países donde se llevaron a cabo como un giro hacia la militarización y la adopción de técnicas beligerantes contra grupos criminales a nivel nacional.
Bajo este paradigma se genera una construcción del enemigo que ignora el hecho y los motivos por los cuales miles de personas se ven forzadas a formar parte de las filas del crimen organizado. Debemos recordar que esta visión norteamericanizadora de la seguridad es un complemento de la exportación de un modelo económico y político que precisamente ha profundizado las condiciones que orillan, a quienes se ha excluido del desarrollo, a formar parte del crimen organizado. En otras palabras, la delincuencia que el modelo estadounidense busca combatir se autoalimenta de sus mismos postulados.
Hoy en día resulta evidente que esta aproximación, en la que las causas sociales no fueron atendidas y el eje de la estrategia de seguridad pública fue el uso de la fuerza y la violencia, no ha dado resultados. En parte porque, si bien se trata de un modelo que ha sido impuesto en nuestro país, su lógica y objetivos fueron definidos en un contexto totalmente diferente al nacional. Queda claro que México no necesita más violencia y guerras ficticias, sino construir los cimientos de un desarrollo inclusivo que alejen a quienes menos tienen de la tentación de incorporarse al crimen organizado.
La pacificación nacional implica replantear la larga historia de fallida y desigual cooperación con EU. Ambos países necesitan modificar los mecanismos de colaboración para solucionar problemas comunes. Estos mecanismos, sin embargo, no tienen que nacer de la imposición, sino de un análisis real sobre cómo debemos atender las problemáticas que nos aquejan, y el tráfico ilegal de armas que llegan a nuestro país desde EU es una de las prioridades por resolver.
Desde 2004, tras la expiración de la ley que prohibía la producción de armamento de asalto en la Unión Americana (Federal Assault Weapons Ban), miles de armas de alto calibre han llegado a nuestro país de manera ilegal, y caído en manos criminales. De 2007 a 2018, el origen de más de 150 mil armas de fuego que han sido decomisadas a grupos delictivos en México ha sido rastreado a armerías de EU; la mayoría de éstas son las mismas que los criminales utilizaron para enfrentar a las fuerzas del Estado y para imponerse a otros grupos criminales.
Por ello, un buen inicio para replantear la estrategia de cooperación en materia de seguridad pública sería transitar hacia un escenario en el que en EU existan mayores controles respecto a la adquisición de armas de fuego. Esto no implica limitar la libertad que la población estadounidense tiene para adquirir armas, pero sí la aprobación de regulaciones que puedan beneficiar a ambos países, como revisiones de antecedentes obligatorios antes de vender un arma de fuego o endurecer las legislaciones respecto a su robo.
Otro pilar de la cooperación entre México y EU debe ser la generación y mayor promoción de oportunidades para quienes no las han tenido: a través de la implementación de programas de desarrollo alternativo se podrán brindar, a campesinos y personas que actualmente dependen de la economía ilegal, nuevos panoramas de independencia económica, legalidad y bienestar.
Uno de los principales pilares de la Cuarta Transformación es la pacificación del país y, por ende, la cooperación binacional es y será siempre importante, pero ésta siempre tendrá que enfocarse en acabar con la violencia, no en exacerbarla, y para ello tenemos que pasar de la estadounización a la humanización de la seguridad pública.
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