Hace algunos años publiqué el libro Escuadrones de la muerte en México, para documentar los abusos que el Estado cometió en contra de la sociedad, así como su irresponsabilidad y falta de empatía al momento de brindar justicia a las víctimas de esos actos. Una de las partes centrales de esa obra describía cómo desde las cúpulas del poder se llevaron a cabo desapariciones forzadas de personas, las cuales constantemente fueron ocultadas y negadas por las autoridades.
Éste no es un problema exclusivo de México. Cualquier Estado, al tener el monopolio de la fuerza, puede hacer uso de ella de manera irresponsable. Si esto sucede en combinación con la presencia de un sistema de justicia deficiente, corrupto y con altos grados de impunidad, entonces estamos frente a una combinación letal que puede ocasionar un profundo daño a la vida de miles de habitantes. Así lo demuestran las 82 mil personas que han desaparecido en Siria desde 2011; lo que ocurrió durante las dictaduras latinoamericanas, y los testimonios de la guerra sucia en México, junto con un largo etcétera que nos muestra las consecuencias de los abusos del poder.
Ya que se trata de una agresión llevada a cabo por el Estado, implica que las desapariciones forzadas difícilmente podrían ser combatidas de manera individual. Por ello, el rol de la comunidad internacional ha sido una pieza clave en estos casos y en la defensa los derechos humanos en general. Bajo esta tesitura, en 1978, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a las desapariciones forzadas como violación grave a los derechos humanos, y en 2006 adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En México los derechos humanos empezaron a cobrar importancia no por un asunto de justicia, sino por motivaciones económicas. En la época neoliberal, uno de los grandes condicionantes para que el país pudiera formar parte de los tratados comerciales internacionales fue precisamente la creación de mecanismos que permitieran hacer valer los derechos humanos. Por eso su respeto y defensa había sido hasta hace muy poco una variable dependiente de segundo orden, pues lo primordial era la generación de ganancias y no el bienestar de las personas.
Así, en 2008, cuando México ratificó la convención sobre desapariciones forzadas, el gobierno de ese entonces se cerró a reconocer la competencia de la instancia internacional encargada de supervisar la aplicación de este instrumento, lo cual fue una prueba más de que la defensa de los derechos humanos durante el antiguo régimen era más un parapeto que una preocupación real; algo que, gracias a la activa participación de instancias internacionales, se volvería evidente.
En 2011, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas visitó México. Durante su estancia examinaron múltiples casos en la materia, y emitieron 33 recomendaciones. En 2015, uno de los integrantes del grupo, Ariel Dulitzky, reconoció que el 90 por ciento de las recomendaciones fueron incumplidas.
El resultado de esta indiferencia, agravado por las consecuencias originadas por la fallida guerra contra el narcotráfico que se inició en 2006, es que desde la década de los sesenta hasta julio de este año se contabilizan más de 73,000 casos de desapariciones forzadas en el país, que no han podido encontrar respuesta. Pero la voluntad política que antes faltaba ahora sobra, pues uno de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador es poner en el centro de todas las acciones de gobierno el respeto a los derechos humanos, y hacer valer el derecho de las víctimas de desaparición forzada a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Por ello, la semana pasada el Senado de la República aprobó la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, de Naciones Unidas.
Actualmente, 96 Estados han firmado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, pero sólo 23 —incluido México— han reconocido la competencia del Comité. Éste es un claro signo de la resistencia que existe al interior de un gran número de países por aceptar la vigilancia internacional en un asunto tan delicado e importante. Por eso, la misma ONU ha señalado que la aprobación de la competencia de ese instrumento en México es un avance significativo para los derechos humanos en el país. En palabras de la Organización, con esta decisión México empodera y refuerza el apoyo a las y los allegados de las víctimas y a quienes les ayudan en su lucha diaria por la búsqueda de la verdad y la justicia.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, una vez más, ha roto con las inercias del antiguo régimen, y ha abierto la puerta para corregir las injusticias del pasado, pero aún falta un largo camino por recorrer y muchas verdades por conocer. Por ello, y parafraseando uno de los poemas de Rosario Castellanos, nunca podremos olvidar a quienes hoy no están; nunca podremos descansar, hasta que la justicia se siente entre nosotros.
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