Tras casi 40 años de política neoliberal en México, hoy por fin la hacienda pública cumple su papel como mecanismo para redistribuir los recursos entre la población y financiar el desarrollo nacional.
En el pasado, la colusión entre el poder político y el poder económico impedía el estricto respeto al Estado de derecho, generando desequilibrios y violaciones a los principios constitucionales de equidad en el pago de las contribuciones, mediante mecanismos como la condonación de impuestos a empresas favoritas del gobierno y la tolerancia de conductas ilícitas para evadir responsabilidades fiscales, las cuales hoy se combaten de manera frontal.
Es fundamental recordar que el aumento exacerbado en los índices de desigualdad es uno de los grandes resultados del modelo neoliberal en todo el mundo, y una de las principales razones para considerar que este esquema se ha agotado, pues fracasó en su objetivo de ofrecer bienestar a las sociedades, al inhibir la participación del Estado en el sistema económico y financiero.
Hoy, en México como en otros países del mundo, la tendencia es reestructurar el Estado de bienestar, para lo cual es indispensable reorientar los recursos públicos, a fin de atender las principales necesidades de la población.
A este panorama de suyo complicado, la pandemia provocada por la COVID-19 sumó nuevos retos a la Cuarta Transformación que ya estaba en marcha. Antes de la contingencia, el presidente López Obrador asumió 100 compromisos con el pueblo de México, uno de los cuales fue no aumentar los impuestos ni crear nuevos durante los primeros tres años de su administración, lo que, pese a la pandemia que tomó por sorpresa al mundo, será una realidad en este año, con lo que se abre la puerta a posibles regulaciones de la política hacendaria.
En el Senado de la República se han aprobado cambios para acompañar los compromisos con la sociedad mexicana, como la reforma constitucional para prohibir la condonación de impuestos; el aumento de las penas para quienes emitan facturas falsas, y la inclusión de la defraudación fiscal en el catálogo de los delitos cometidos por la delincuencia organizada.
Asimismo, en la Cámara Alta existe una agenda legislativa en la materia, que deberá discutirse en la próxima legislatura, e incluye temas como la creación de un impuesto digital que permita la recaudación tributaria de los gigantes tecnológicos, el impuesto especial al cannabis —una vez que sea regulado—, y otras modificaciones de carácter progresivo que logren aumentar los recursos del Estado para cumplir con los retos de la reactivación económica.
En este sentido, los buenos resultados que entregará el titular saliente de la Secretaría de Hacienda —y que constan en los Criterios Generales de Política Económica 2021—, así como la eventual propuesta del funcionario ante el Senado de la República como próximo gobernador del Banco de México son bien recibidos por los diversos sectores interesados, incluso por representantes de la banca privada, quienes reconocen el logro de no haber endeudado extraordinariamente al país y que aun así éste encabece los planes de vacunación en Latinoamérica.
La posibilidad de contar con un perfil como el del aún secretario de Hacienda en Banxico, órgano autónomo constitucional, representa una esperanza de transformación profunda de las instituciones, pues enarbola una nueva política basada en la búsqueda del bienestar y la equidad, y no en la sola obtención de resultados en las métricas, como sucedía con la tecnocracia que acompañaba el modelo neoliberal.
La designación del nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sujeta a ratificación por la Cámara de Diputados, también se recibe con altas expectativas, pues tendrá un reto semejante al de sortear los peores momentos de la contingencia sanitaria: la reactivación económica. Para ambos funcionarios, cumplir con las más optimistas proyecciones de crecimiento económico para México en 2021, que son del siete por ciento, será un indicador para evaluar su desempeño, así como para corregir o refrendar la política económica.
Quienes pretenden generar incertidumbre sobre los recientes cambios anunciados en esas dos importantes instituciones, sobre todo las voces que alertan contra una posible vulneración a la autonomía del Banco de México, deben recordar un apotegma constitucional: todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste; es decir, a pesar de que los órganos constitucionalmente autónomos no dependan de ningún Poder de la Unión, sí lo hacen de la soberanía popular y su mandato, por lo que, más allá de ideologías y reticencias partidistas, el Banco Central debe velar por conservar la duramente conquistada estabilidad macroeconómica de México y coadyuvar en los esfuerzos por construir un país más equitativo, justo y próspero.
La segunda mitad del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador estará definida por su capacidad para encauzar el crecimiento y el desarrollo económicos. Tal como sucedió en las recientes elecciones intermedias, en 2024 estará en juego la continuidad de la 4T a nivel federal; esto hace que los recientes movimientos en la SHCP y Banxico sean estratégicos.
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