En 2011 escribí “Neopolkismo”, artículo que advertía sobre la difusión de las ideas intervencionistas de la Unión Americana hacia México, con motivos de seguridad, usando como referencia el mandato del presidente estadounidense James Knox Polk, quien comandó la invasión de aquel país contra el nuestro entre 1846 y 1848, que derivó en la pérdida de territorio patrio.
En aquel entonces ya se vislumbraba que la violencia del crimen organizado causaba la sensación de que era necesaria una intervención en nuestro país. Tal estrategia política, con la que, partiendo de la excusa de evitar un mal mayor, se viola la soberanía de otra nación, ha tenido distintas facetas.
Documentos desclasificados de Estados Unidos señalan que su presidente entre 1969 y 1974, Richard Nixon, afirmó: “Si hay una forma de desbancar a [Salvador] Allende, mejor hazlo”, en referencia al mandatario chileno, que ocupó el cargo de manera democrática, luego de tres candidaturas infructíferas, y que mantenía cercanía ideológica —mas no estratégica— con otros países que vivían momentos de transformación, como Cuba.
Hasta que esos archivos de seguridad nacional se hicieron públicos, la versión oficial era que Estados Unidos intervino en aquel país apoyando a la oposición para preservar la democracia, cuando en realidad se respaldó un golpe de Estado militar encabezado por el dictador Augusto Pinochet, para impulsar reformas económicas de corte neoliberal, propuestas por la Escuela de Chicago, lo que hipócritamente fue nombrado por Milton Friedman como el milagro de Chile.
Durante muchas décadas, la política intervencionista (abierta y encubierta) de Estados Unidos en América Latina, amén de en el resto del mundo, marcó la historia política de países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Argentina, Brasil, Venezuela, Cuba, Honduras y, por supuesto, México.
Al respecto, el último gran escándalo en nuestro país ocurrió hace apenas una década, durante el conjunto de acciones del operativo Rápido y Furioso, en el que autoridades estadounidenses permitieron la venta de armas a compradores ilegales, con la idea de rastrearlas después; todo ello en el marco de la Iniciativa Mérida, entre 2006 y 2011, periodo que dejó una huella definitiva en nuestro país, en lo relativo al aumento de la violencia de grupos armados.
En la actualidad, tanto México como Estados Unidos viven momentos de transición en el plano político, con lo que también hay una renovación y modernización de las relaciones bilaterales. La administración del presidente Joe Biden ha sido respetuosa de las decisiones que al interior de nuestro país se han tomado en forma democrática, pacífica e institucional, para lograr el cambio de régimen; y la nación mexicana, fiel a su costumbre de respetar la no intervención, mantiene un trato recíproco. Esto ha generado mejores oportunidades de diálogo y cooperación, para atender los problemas de la región, como migración, y tráfico de armas y sustancias ilícitas.
En el Senado de la República analizamos la política exterior, cuya prioridad son las buenas relaciones con nuestro vecino del norte, tomando en cuenta todos los factores que unen ambos destinos. Además, hemos aprobado las reformas a nueve artículos de la Ley de Seguridad Nacional en materia de cooperación internacional, para ordenar la presencia y las labores de agentes del extranjero, y para coordinar el intercambio de información entre autoridades, con el trabajo auxiliar del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, a fin de dar certidumbre jurídica en estos casos y evitar actuaciones fuera del marco legal.
Las declaraciones del senador republicano por el estado de Texas, Ted Cruz, nos recuerdan el duro panorama que se vive en México en materia de seguridad —al cual se está haciendo frente con una estrategia integral—, y reviven aquella época intervencionista, en la que, so pretexto de resguardar la paz y la democracia, el gobierno estadounidense incidía para cuestionar y desestabilizar gobiernos democráticos.
Para comprender esta situación, se debe aceptar que las fuerzas políticas que no coinciden con el actual gobierno no han logrado ganar apoyo popular tras su contundente derrota en 2018, por lo que se han valido de tácticas de contraste como principal herramienta, generando un clima de crispación que, como señalé, no es propicio para nadie.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respeta los derechos y libertades necesarios para ejercer el periodismo, a diferencia de lo que ocurría en pasadas administraciones. Garantizar la seguridad del gremio de la comunicación debe ser una prioridad para el Estado mexicano, que depende de la difusión de información e ideas de manera libre para consolidar su democracia.
Tomando en cuenta que es el a la republicana del Senado estadounidense la que se opone a una regulación de armas más rígida, y que la mayor cantidad de armamento decomisado en México proviene de Texas, resultan —cuando menos— incongruentes las declaraciones del legislador Cruz, a quien sugerimos respetuosamente atender y respaldar la demanda que nuestro país interpuso contra las empresas diseñadoras y vendedoras de armas que se introducen ilegalmente en nuestro país y, sobre todo, luchar por los derechos humanos de las personas migrantes, que a diario son acosadas y perseguidas, lo que recuerda terribles episodios de discriminación racial y odio étnico, que se creían superados.
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