El equilibrio entre los poderes del Estado ha sido una de las premisas fundamentales en la teoría política moderna. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, estableció la necesidad de un sistema de pesos y contrapesos que mantuviera controlado el ejercicio del poder. La idea es que el poder no sólo se controla con las leyes, sino también con el escrutinio mutuo entre poderes y la vigilancia constante de la sociedad.
En una democracia, ese equilibrio se traduce en que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial respeten sus respectivas competencias, actuando dentro de los límites establecidos en la Constitución. Sin embargo, hemos visto que este delicado balance fue vulnerado recientemente, lo que representa un desafío a la estabilidad institucional de nuestro país.
Este y otros temas me llevaron a realizar un análisis más profundo, que dio origen a un libro de próxima aparición, titulado Breve historia del Poder Judicial de la Federación, en el cual exploro cómo estas dinámicas han evolucionado en nuestro país y cómo influyeron en la estructura actual del Poder Judicial.
La transformación de la vida pública de México requiere romper con los viejos esquemas que perpetúan la corrupción y la impunidad. Es natural que quienes se benefician del statu quo se resistan al cambio. Con motivo de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, era de esperarse que surgieran reacciones en contra, subterfugios e incluso triquiñuelas judiciales que intentaran frenar lo que ya es derecho vigente.
La reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación era indispensable. El déficit de justicia se iba agrandando, y los lastres que aprisionaron a este Poder eran evidentes: nepotismo, corrupción y tráfico de influencias. No hay que generalizar; hay personas juezas y magistradas honestas, que podrán participar para ratificar su permanencia en el cargo.
Sin embargo algunas juezas y jueces de Distrito siguen intentando (en forma ilegal) frenar, mediante resoluciones absurdas, la reforma aprobada democráticamente por las mayorías calificadas en el Congreso de la Unión y ratificadas por gran parte de las legislaturas estatales. La reforma no fue producto de la improvisación, es resultado de un proceso democrático que incluyó foros de diálogo nacional.
Uno de los puntos más destacados de la reforma —y también de los más polémicos— es la elección mediante voto popular de las y los jueces, magistrados y ministros, rompiendo así con el viejo esquema de designación por parte del Ejecutivo o del Legislativo. Ante ello, seguimos haciendo un llamado a la confianza, ya que los comités evaluadores de quienes participarán por un cargo en el Poder Judicial serán de alto nivel y prestigio, y no permitirán avanzar en el proceso a perfiles improvisados. Buscarán siempre los mejores.
Con esta medida se busca que quienes impartan justicia cuenten con el respaldo directo de la ciudadanía, respondiendo así a los intereses de la ciudadanía y no a intereses políticos o económicos. Este cambio representa un paso firme hacia un sistema cuyo poder emane realmente del pueblo.
Los más recientes intentos de invalidación de la reforma constitucional aprobada de manera legítima violentan la supremacía del Poder Reformador y atentan directamente contra la democracia.
Aceptar que las y los jueces o la Corte puedan invalidar disposiciones constitucionales vigentes nos llevaría a un escenario de golpe técnico de Estado, donde el Poder Judicial se erige por encima de la voluntad popular y de las instituciones democráticas. Estaríamos frente a una dictadura de la toga, en la que el Poder Judicial anularía el mandato popular.
La reforma al Poder Judicial es legítima y una exigencia nacional. Asimismo, busca romper con un modelo que ha perpetuado la impunidad, dejando a millones de personas sin acceso a una justicia real y efectiva. La resistencia a este cambio proviene de quienes ven en el nuevo modelo una amenaza a sus privilegios.
La reforma ya entró en vigor, respaldada por el pueblo en las urnas el pasado 2 de junio, junto con la elección de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de la República.
Las y los legisladores que formamos parte de un movimiento cuyo objetivo principal es el bienestar del pueblo, debemos defender la integridad de la Constitución y proteger el mandato ciudadano que responde a una necesidad profunda de justicia real. Es imperativo que las juezas y los jueces respeten los límites de sus competencias y actúen conforme a la Constitución
La transformación no puede detenerse, y no permitiremos que unos cuantos intenten impedir este necesario proceso para mejorar el futuro de México.
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