Futuro energético

Transformar la política energética tal vez sea una de las metas más complicadas para el Gobierno federal, ya que en este sector confluyen grandes intereses económicos —principalmente extranjeros, pero también nacionales—, que lograron adquirir derechos con la reforma de 2013, que impulsó el entonces presidente de la República y que fue aprobada por el Congreso de la Unión, no sin la advertencia de diversas voces que señalamos que con ella se debilitaría la rectoría del Estado, que no se traduciría en mejores precios al público consumidor, y que sólo resultaría benéfica para particulares.

A ocho años de distancia, el balance de resultados es claro respecto al fracaso de aquella reforma energética, no sólo por el hecho de que la gasolina se venda más barata en Estados Unidos que en México (ya que durante la pasada administración el precio de este insumo subió un 80 por ciento), sino por los esquemas que ponen en desventaja a PEMEX y CFE, como empresas productivas del Estado, frente a la iniciativa privada, así como por la falta de control en el otorgamiento de permisos.

No olvidemos que aquella reforma energética se avaló gracias al llamado Pacto por México, que confabuló a las principales fuerzas políticas del Congreso de la Unión para facilitar la aprobación del paquete de modificaciones al sistema jurídico mexicano conocido como reformas estructurales, sin mencionar el escándalo de corrupción que liga a integrantes del Ejecutivo federal del sexenio anterior con congresistas de la LXII Legislatura, quienes presuntamente habrían votado a favor de las iniciativas mediante un esquema de sobornos multimillonarios.

Algunas de las expresiones que critican el cambio de estrategia energética acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de que, en su intención de marcar distancia con el viejo régimen neoliberal, pretenda regresar a un pasado todavía más remoto en el que los monopolios gubernamentales controlaban por completo el mercado energético, pero como ya lo ha explicado el mismo mandatario, y como se puede ver en su objetivo de reformar, en principio, las leyes reglamentarias y no la Constitución, su verdadero propósito es mantener un mercado abierto a la inversión privada extranjera y nacional, pero recuperando la rectoría del sector y generando condiciones de auténtica competitividad, para detener así el desmantelamiento de las empresas productivas del Estado.

En el caso de la CFE, como ya se advertía desde la discusión de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica publicadas el 9 de marzo de este año en el Diario Oficial de la Federación, la oposición y los grupos empresariales que vieron acotados sus privilegios llevaron la disputa al plano judicial mediante amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, con el fin de echar atrás o, por lo menos, retrasar la aplicación de las nuevas normas.

Considerando que se han otorgado más de 350 suspensiones a empresas con efectos generales contra la Ley de la Industria Eléctrica, de las cuales aproximadamente el 65 por ciento eran definitivas, la reforma eléctrica permanecerá sin efectos hasta que los tribunales resuelvan cada uno de los casos. Además, se deberán resolver las controversias y acciones de inconstitucionalidad planteadas por congresistas de oposición para que, en su caso, se puedan aplicar las nuevas disposiciones.

A pesar de que este mes se revocaron dos suspensiones definitivas que habían sido otorgadas contra las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, la contienda judicial será todavía larga, por lo que el presidente AMLO ha anunciado la presentación de una iniciativa de reforma constitucional, para apuntalar los cambios en la CFE y fomentar un despacho de generación de energía con sentido social y de protección civil, al evitar inundaciones por desbordamiento de presas.

De ser así, el Poder Judicial podría ver modificados sus proyectos, a la luz de un nuevo fundamento constitucional, pero para ello sería necesaria una amplia discusión durante el próximo periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras del Congreso de la Unión y una eventual aprobación de la iniciativa, así como la de 17 congresos locales. Por ello, el debate se debe centrar en los temas que más importan a la ciudadanía: la eliminación de privilegios en el suministro y el cobro del servicio eléctrico, la inclusión de energías limpias sin discriminación y el combate a la corrupción.

La LXV Legislatura que comienza el próximo 1 de septiembre enfrentará grandes retos y novedades. Entre los desafíos de la agenda destacan, además de la citada reforma constitucional, la Ley de Economía Circular; la Ley para la Regulación del Cannabis; la Ley Federal de Cinematografía y Audiovisual, y la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado, entre otras, para lo que será cada vez más necesaria la participación ciudadana en los foros de Parlamento abierto que ayuden a determinar el rumbo y el futuro de instituciones como la CFE, que pueden impulsar el desarrollo económico más allá de disputas ideológicas, salvaguardando los intereses de la nación.