La inseguridad pública es uno de los males que más lastima a nuestra sociedad. México no ha conocido una etapa totalmente pacífica en su historia, pero se puede afirmar que decisiones tomadas durante la primera década de este siglo provocaron una escalada mayor en la violencia. Y mientras la población perdió la paz gradualmente, las corporaciones policiacas a cargo de mantenerla fueron incapaces de hacerlo, en gran parte, por la descomposición que existía en su interior.
Frente a esta situación, y ante la apremiante demanda de la sociedad de poder vivir tranquilamente, el Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se encontró bajo al menos tres distintos escenarios posibles al llegar al poder en 2018.
El primero de ellos era darle continuidad a la Policía Federal, intentando corregir errores a través del nombramiento de nuevos mandos policiacos. Si esto hubiera sucedido, hoy México contaría con una institución inoperante, plenamente invadida por la corrupción. Los señalamientos en contra de quienes la dirigieron se habrían hecho públicos eventualmente, como ocurrió, y lograr que la población recobrara la confianza en ella sería un imposible, al igual que erradicar de raíz la descomposición interna y la colusión con los grupos criminales.
El segundo escenario habría consistido en realizar un cambio cosmético a la corporación. Modificar su nombre, sus colores y sus emblemas; reestructurarla y tratar de aparentar que un cambio profundo se estaba llevando a cabo. Bajo este escenario, las Fuerzas Armadas no hubieran sido incluidas en el esquema de la remodelada institución, lo cual redundaría en un grado mayor de incertidumbre, ya que el Ejército ha desarrollado funciones de seguridad pública desde 2006. Pero, además, esto sería meramente un cambio de fachada para una corporación que debía transformarse de raíz; de otro modo, los vicios y los problemas que la caracterizaban hubieran permanecido.
El tercer escenario, por el cual se optó, fue construir una nueva corporación, tanto en su composición como en su espíritu. La Guardia Nacional combina la disciplina militar con un mando civil. Incluyó en un inicio a elementos provenientes del Ejército y de la Marina, que gozan de gran reputación, y dio paso a un proceso de reclutamiento propio para que los nuevos elementos se integren a una institución libre de corrupción y sin las complicidades que antes existían entre autoridades y grupos del crimen organizado.
Fue una decisión que en su momento no estuvo libre de críticas. Muchas voces auguraban que no sería posible echar a andar en tan corto periodo de tiempo un proceso así de ambicioso; que se produciría un vacío de autoridad, y que se dejaría el camino libre a los grupos del crimen organizado. Los resultados, tres años después de que la Guardia Nacional fue puesta en operación, demuestran lo contrario.
Hoy México cuenta con un cuerpo policiaco federal respetado y valorado. En 2018, la Policía Federal, en el último año de su existencia, era percibida por el 57.4 por ciento de la población como una autoridad corrompida, medición que había ido en aumento año con año. Esta cifra contrasta con el 82.8 por ciento de confianza que generó la Guardia Nacional en 2021, y que la ubican en posiciones cercanas a las de la Marina (que cuenta con el 90.2 por ciento) y del Ejército (con un 87.8 por ciento), las cuales también han tenido un repunte durante el actual sexenio.
Sería un error pensar que tres años son suficientes para consolidar una institución de la magnitud e importancia de la Guardia Nacional. Su formación está aún en proceso y, como parte del mismo, el presidente de la República ha anunciado que enviará una iniciativa preferente al Poder Legislativo, para que la corporación se integre al Ejército Mexicano, con el fin de evitar que sus elementos se corrompan.
Y aunque se debe aceptar que la pacificación es todavía uno de los grandes pendientes en México, también es posible afirmar que se tiene la certeza de que no existe colusión entre la Guardia Nacional y los grupos criminales que buscan destruirla.
Igualmente, es un hecho que la cooperación con las entidades federativas más golpeadas por la violencia se ha podido articular de manera más efectiva, gracias a la creación de esta institución, la cual en apenas tres años logró incorporar a sus filas a más de 126,000 elementos y construir 120 cuarteles a lo largo del territorio patrio.
La política se trata de tomar decisiones, de escoger escenarios, y hoy podemos asegurar que, una vez más, el gobierno de la 4T tomó el camino correcto rumbo a la paz y la seguridad en el país.
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