Lo que en un principio las autoridades de Veracruz quisieron hacer pasar por la captura de seis peligrosos delincuentes, hoy se acredita como detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y violaciones al derecho del acceso a la justicia, de las que cuando menos nueve autoridades son responsables.
En el oficio de puesta a disposición del 4 de septiembre de 2021, suscrito por los siete policías involucrados, se narra una historia de acción y dramatismo digna de un guion cinematográfico: dos unidades patrullaban la Avenida 20 de Noviembre, en Xalapa, Veracruz, cuando observaron que un par de sujetos llevaban amagado y con la cabeza agachada a un tercero que, cuando vio a los elementos policiacos, les gritó por ayuda, mientras los sospechosos intentaban subirlo a la puerta trasera de un vehículo; debido a ello, dos guardianes del orden se acercaron, en tanto que los demás aseguraban el perímetro.
Luego de que los sospechosos sacaran cuchillos de entre sus ropas y amenazaran con “quebrar” al amagado, sin hacer caso a los policías de liberarlo y soltar las armas blancas, éstos empuñaron su armamento de cargo y advirtieron que, de no seguir las indicaciones, lo accionarían en su contra, momento en que el rehén aprovechó para forcejear y uno de los policías para acercarse, lo que obligó al captor a soltarlo y abalanzarse contra el elemento de seguridad, con intenciones de lesionarlo.
El policía usó sus habilidades para impedirlo y desarmar al sospechoso, mientras el sujeto liberado desapareció en la noche, sin que nadie viera hacia dónde se fue. Cuatro individuos más, armados con navajas y cuchillos, estaban al interior del vehículo y en una motocicleta, pero también fueron reducidos por las habilidades de defensa personal policiacas.
Lamentablemente, como se puede apreciar en los videos, y como quedó acreditado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 146/2021, todo era falso. Los policías no iban patrullando, ya que los hechos no ocurrieron sobre la avenida, sino en un centro comercial. Nunca hubo un sujeto amagado ni armas; los policías no tuvieron que hacer gala de sus habilidades, pues ninguno de los jóvenes se resistió al arresto. Es más, ni siquiera las horas de la detención coincidían con la realidad.
Afortunadamente, los jóvenes fueron liberados por un juez federal mediante un amparo, y la CNDH emitió recomendaciones al gobernador y a la fiscal del estado.
Para el titular del Ejecutivo, fueron las siguientes:
1. Inscribir en el Registro Estatal de Víctimas a los jóvenes, para proceder a la reparación del daño a través de una compensación justa y suficiente.
2. Brindarles atención médica y psicológica, en coordinación con la Fiscalía General del estado y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.
3. Colaborar ampliamente con la autoridad investigadora en la presentación y el seguimiento de la queja presentada ante la Contraloría General del Estado, en contra de los siete policías y demás personas funcionarias públicas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal involucradas en los hechos.
4. Colaborar en la investigación de la denuncia presentada ante la Fiscalía contra las mismas personas responsables.
5. Diseñar e impartir un curso en materia de derechos humanos para las mismas autoridades.
6. Proponer, a la brevedad, la derogación del artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz, a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos, en beneficio de la población en general.
7. Designar a la persona servidora pública de alto nivel de decisión que fungirá como enlace con la CNDH, para dar seguimiento al cumplimiento de lo recomendado.
Además de replicar algunas de las recomendaciones dirigidas al gobernador, las seis emitidas por la Comisión para la fiscal general del estado le solicitan colaborar en las quejas y denuncias contra las dos autoridades responsables integrantes del Poder Judicial.
Pero ¿qué habría pasado, si no existiera el video que demostraba la realidad de los hechos, o si quien llamó a la policía no hubiese fungido como testigo de las detenciones ilegales?
Algo semejante ocurre en el caso de José Manuel del Río Virgen (acusado sin pruebas y retenido ilegalmente por un juez local de consigna), quien correrá la misma suerte de los seis jóvenes: su inocencia se comprobará y los errores y abusos cometidos por las autoridades en el caso saldrán a la luz.
Se debe recordar, como lo muestra la historia, que cuando las autoridades abusan de su poder, pasando por encima de las instituciones, las sociedades llegan a un punto de quiebre en donde la única opción es enfrentar al mal gobierno.
El gobierno de Veracruz y sus instituciones se encuentran en la que será, tal vez, la encrucijada más importante de su historia reciente: admitir sus errores y acatar las recomendaciones de la CNDH o seguir ignorando sus equivocaciones. Vale la pena recordar lo que en su momento enunció Montesquieu: “No hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia”.
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