El Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, probablemente, uno de los órganos mexicanos con mayor reconocimiento en el ámbito democrático a nivel global, pero también es sabido que internamente no pasa por su mejor momento. Hace unos días, los senadores Rubén Rocha, Germán Martínez y Cruz Pérez presentaron una iniciativa para restaurar la constitucionalidad del Tribunal.

Para entender el presente, hay que conocer el pasado. La historia reciente y el último proceso de elección y designación de los magistrados alteró el orden constitucional-legal. Esto explica, en una medida importante, lo que sucede hoy.

Antes del Tribunal, en México las elecciones y las condiciones de los procesos electorales se revisaban por los propios representantes electos (colegios electorales). El que perdía no tenía derecho a un juicio o medio legal.

La creación del primer Tribunal Electoral y su institucionalización no fue fácil: antes de ello, el Estado mexicano tuvo que ser condenado por la falta de juicios para defender las elecciones.

Para el fortalecimiento de la justicia electoral pasaron décadas. El prestigio y la confianza requieren años. Sólo hasta la transición democrática en México, en el año 2000, se logró la consolidación del Tribunal como órgano de justicia.

Después hubo momentos difíciles: al Tribunal le costó mucho la resistencia y falta de transparencia en la apertura de los paquetes electorales en la elección presidencial de 2006. Luego de eso, en apego a la Constitución, la institución se renovó por completo.

En la siguiente elección presidencial (en 2012), al Tribunal le restó mucho la falta de velocidad para exigir la resolución de los procedimientos relacionados por el uso de tarjetas electrónicas y recursos para la campaña y otros temas no resueltos. La interferencia política siempre desgasta la justicia.

Antes de esos comicios vino otra renovación total de los integrantes, pero esta vez, en el orden constitucional, se exigió que los nombramientos fueran escalonados: no más tribunales nuevos de la noche a la mañana.

Para fortalecer la independencia, la renovación del Tribunal ahora sería escalonada. Los plazos y nombramientos de sus integrantes se definieron antes de la designación en el marco legal-constitucional.

En ese contexto, en 2016 se convocó a la renovación escalonada del Tribunal. Los nombramientos debían ser de 3, 6 y 9 años, y así fue como el Senado de la República los eligió y tomó protesta el 20 de octubre de 2016.

Sin embargo, en el regalazo del 3 de noviembre, mediante una componenda entre el partido que salía del poder y algunos otros representantes, arbitrariamente se alteró el orden constitucional-legal de nombramientos y se amplió, sin fundamento alguno, el de cuatro magistrados.

En contra de la ley que reguló y concretó el mandato constitucional de escalonamiento y plazos previamente definidos de nombramientos, una mayoría simple del Senado saliente aumentó, contra el sistema constitucional, la designación de dos magistrados de 3 a 6 años, y el de otros dos, de 6 a 8 años.

En virtud de ese atentado contra el orden constitucional, Morena y el PRD presentaron una acción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sólo por un tecnicismo legal, en una decisión dividida (6-5), la Corte resolvió.

Frente a ello, la iniciativa de reforma que se presentó en días pasados —y se discutirá en el Grupo Parlamentario de Morena, en donde tomaremos las decisiones finales— busca reparar el quebrantamiento del sistema constitucional, al regresar al periodo original de 3 y 6 años los nombramientos alterados de cuatro magistrados.

La iniciativa pretende restituir la legalidad de dicho proceso y que los magistrados designados conjuntamente por los poderes Judicial y Legislativo cumplan plenamente el periodo para el cual fueron designados en apego a la Constitución.

La autonomía e independencia judicial es un pilar fundamental de todo sistema democrático, y su principal defensa está en la estabilidad de sus integrantes (así lo señala la mayoría de los tribunales del mundo), y es precisamente lo que busca la iniciativa de la reforma presentada: que se respeten las designaciones originales de los magistrados.

No es moral, política ni jurídicamente admisible defender la alteración del orden constitucional. El Senado, de frente a la sociedad, está llamado a proteger el valor legal de una integración escalonada y con plazos previamente definidos, pues la estabilidad y el nombramiento de jueces no se debe restringir, pero tampoco incrementarse arbitrariamente.

¿El nombramiento de un juez se puede extender? La respuesta está en la Constitución: siempre que se sigan los procedimientos legales, pero esto no ocurrió en el regalazo. Por ello, para reparar la alteración al sistema judicial, se deben restablecer los nombramientos originales.

No estamos frente una situación menor: la alteración del orden constitucional afectó el prestigio del TEPJF, valioso para un sistema democrático en construcción, impulsado por decenas de funcionarios con experiencia, y las pugnas internas están potenciando su pérdida de legitimidad.