En 2007, George Bush, entonces presidente de Estados Unidos de América, autorizó la construcción de una valla de 1,125 kilómetros de longitud entre su país y la frontera norte de México. El partido Alternativa para Alemania ha propuesto cambiar la Constitución de ese país para eliminar el derecho de asilo. Reino Unido acaba de lograr un acuerdo para dejar la Unión Europea: el Brexit se debe en gran parte a la errónea idea de los efectos nocivos de la migración en la calidad de vida de la población local. Esta misma retórica fue utilizada desde el primer día de campaña por Donald Trump, quien asegura que las personas migrantes acaban con los empleos y hacen que los salarios sean más bajos.
En este contexto, la política migratoria de la Cuarta Transformación va en sentido contrario. Desde el primer día de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que México entiende que el problema no es la migración, sino las desastrosas condiciones que hacen que las personas abandonen sus hogares para emprender un viaje en el que dejan todo atrás, empacando sólo la esperanza de una vida mejor.
Hoy en día, las personas que desde el sur del continente intentan llegar a Estados Unidos no lo hacen como antes para alcanzar el sueño americano, sino para poder cambiar la desgarradora realidad en la que viven. Distinguir y reconocer, para brindarles apoyo, a quienes dejan sus países por miedo a ser víctimas de violencia e incluso asesinato es uno de los pilares de la actual política migratoria mexicana, y por ello, en 2019, se otorgaron 36,790 visas humanitarias: casi diez veces más que el promedio de la administración pasada.
En el centro de este cambio de paradigma se encuentra el respeto a los derechos de todas y todos los migrantes, así como asegurar que puedan ejercer su libertad en plenitud. No se trata de algo sencillo, pues brindar mayor apertura implica también garantizar mayor protección para cada una de las personas que transitarán a través del territorio nacional. Precisamente, la falta de protección hizo que durante años un gran número de migrantes se convirtieran en víctimas durante su paso por el país.
Por décadas, las personas migrantes que ingresaban de manera irregular a México se veían forzadas a transitar por las rutas conocidas y dominadas por traficantes de personas, rutas donde los abusos, los crímenes y los excesos contra su libertad e integridad eran la regla y no la excepción; donde pasaban de ser migrantes a víctimas de delitos como trata o narcotráfico. La fosa clandestina encontrada en San Fernando, Tamaulipas, con los cuerpos sin vida de 72 migrantes es uno de los ejemplos más dolorosos de la realidad que debían enfrentar.
De esta manera, la nueva política migratoria de México contempla la protección efectiva a los derechos y la integridad de cada una de las personas que ingresan al país. Se trata de un objetivo ambicioso, y por ello son entendibles las reflexiones en torno a las imágenes que recientemente han circulado sobre lo que sucede en la frontera sur, y cuya evaluación necesariamente requiere de una investigación y un análisis profundos. Sin embargo, debemos dejar en claro que el Estado mexicano no habrá, bajo ninguna circunstancia, de utilizar el monopolio de la fuerza en perjuicio de persona alguna, incluidas las que vienen huyendo de la violencia en sus países de origen.
En este sentido, todas las voces críticas que busquen fortalecer la nueva política humanitaria en torno a la migración deberán ser escuchadas. La censura y la cerrazón argumentativa nunca son una buena medida cuando lo que se quiere es construir una mejor realidad. Por ello, es necesario prestar atención a quienes han alzado la voz para denunciar el uso excesivo de la fuerza en contra de migrantes en la frontera sur. No podemos ignorar que, de ser cierto, estas acciones van en contra de los ideales que la actual administración defiende.
En tal sentido, la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur debe cumplir la función de protección, ordenamiento e institucionalización de los flujos migratorios. Solamente de esta manera será posible identificar aquellos casos que urgentemente necesitan de la protección del Estado, para no caer o regresar a realidades violentas. Cualquier desviación de este mandato tendrá que ser debidamente atendida.
Por ello, en el Senado de la República trabajaremos para garantizar la seguridad, la integridad y el respeto de los derechos de quienes acuden a México en busca de refugio. Lo haremos siempre de manera responsable, como actor central en las políticas exteriores del país, pero, sobre todo, en beneficio de la protección de cualquier persona, independientemente de su origen y estatus migratorio.
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