Un Estado constitucional de derecho, como el que aspira a ser México, debe estar sujeto a su norma fundamental, para llevar a cabo cualquier actividad mediante procedimientos establecidos en las normas jurídicas, con el objetivo de garantizar los derechos humanos de su población.
Por su enorme relevancia para la vida pública nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un documento rígido, es decir, su modificación requiere de un procedimiento especial, que pretende evitar cambios excesivos; sin embargo, nuestra Carta Magna de 1917 es una de las más reformadas en el mundo, ya que para 2018 había sido transformada en 707 ocasiones, mientras que su similar estadounidense de 1787, por ejemplo, contaba sólo con 27 enmiendas.
Durante el periodo neoliberal, la inflación legislativa se combinó con la omisión, pues mientras se reformaban artículos para trastocar derechos laborales y los intereses de la nación —por mencionar dos de las once reformas estructurales aprobadas por la pasada administración—, durante años se omitió la creación de la Guardia Nacional o el reconocimiento del derecho de los grupos vulnerables a recibir apoyos económicos que les permitan alcanzar un ingreso mínimo para solventar sus necesidades.
La LXIV Legislatura, surgida de la victoria electoral del 2018, comenzó a revertir agravios, como la mal llamada reforma educativa, que en realidad era una reforma laboral con fines políticos contra el magisterio; como la reforma laboral, que permitió, entre otros asuntos, la subcontratación de personal que ahora está prohibida, y que se utilizó para eludir responsabilidades patronales, o como la reforma energética, que dejó en desventaja a Pemex y CFE ante la apertura del sector energético a la actividad de particulares, y que ha comenzado a ser regulada con reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de la Industria Eléctrica, pero que será profundizada con reformas de rango constitucional.
Luego del pasado proceso electoral, aunque Morena perdió curules en la Cámara de Diputados, lo hizo en una proporción menor a lo que es normal en comicios intermedios, y cuenta aún con la posibilidad de seguir generando acuerdos para lograr avanzar en los pendientes de la agenda legislativa, más allá de filias y fobias partidistas, anteponiendo los intereses de la nación.
Tal como ha sucedido en la LXIV Legislatura, en la que el Senado de la República ha aprobado reformas trascendentales para la transformación, como elevar a rango constitucional la aplicación de los programas sociales, la creación de la Guardia Nacional, la Ley General de Educación Superior y la Ley de Extinción de Dominio, entre otras, la próxima tiene el reto de generar acuerdos para lograr los cambios que requiere el sistema jurídico mexicano.
Con este propósito, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció recientemente que presentaría ante el Congreso de la Unión tres reformas que, de aprobarse, modificarían el texto constitucional. Los temas que tocarán son la integración de la Guardia Nacional, creada en 2019 con carácter civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional, de naturaleza militar; una reforma político-electoral, que analice la pertinencia de continuar con la representación plurinominal en el Poder Legislativo federal, renueve al Consejo General del Instituto Nacional Electoral y reduzca el costo de nuestra democracia; una reforma en materia de energía eléctrica, que permita cumplir con el compromiso de no aumentar las tarifas de CFE, y otra más, en materia administrativa, para reforzar la austeridad republicana.
Tales iniciativas deberán ser ampliamente discutidas por todos los sectores interesados, y votadas de manera responsable, atendiendo al mandato popular de transformación profunda de las instituciones. De ser aprobadas en ambas cámaras, corresponderá a las legislaturas locales discutirlas y votarlas, lo que se advierte como un proceso factible, no sólo por haberse logrado durante la presente legislatura, sino por el número de congresos estatales en los que Morena obtuvo mayoría luego del pasado 6 de junio.
El objetivo de las reformas constitucionales de la 4T no es, como sí era práctica de otros gobiernos en el pasado, desmantelar instituciones, entregar a particulares los bienes de la nación o vulnerar derechos de la población, por el contrario, la meta es adecuar el texto de nuestra norma fundamental a los objetivos actuales, como reconstruir el Estado de bienestar y blindar políticas públicas de corte social (fue el caso de las modificaciones al artículo 4), y poner fin a los privilegios y la colusión entre el poder político y el poder económico, como en la prohibición de la condonación de impuestos.
El legado constitucional de la Cuarta Transformación será regresarle su carácter garantista de derechos sociales a nuestra Carta Magna, tal como fue concebida por el Constituyente, lo que le valió fama internacional. En la medida que este legado esté vinculado a la protección de los derechos humanos, en virtud del principio de progresividad que los rige, estará blindado contra un poco probable, pero posible, regreso del conservadurismo como primera fuerza política en México.
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