Las principales farmacéuticas a nivel internacional cuentan con procesos de regulación interna y externa que minimizan las posibilidades de que las autoridades públicas sean cooptadas para favorecer una empresa. El problema está en que mientras estas empresas cumplían las regulaciones en sus países, en México surgieron intermediarias farmacéuticas —conocidas como distribuidoras—, que en realidad se convirtieron en nidos de contubernio en donde se generaron grandes negocios que, además de impedir la maduración del sistema de salud, pusieron en riesgo la vida de las y los mexicanos.
La antigua clase política de nuestro país favoreció a un número reducido de distribuidoras, dando paso a la formación de un cártel farmacéutico. Y como prueba queda que, de 2012 a 2018, 10 empresas acapararon el 80 por ciento de los 335 mil 981 millones de pesos que el Gobierno gastó en medicamentos. La estrecha colusión entre el poder político y este cártel dio paso a incidentes lamentables, como el reportado en Veracruz, donde en lugar de medicamento contra el cáncer, las y los niños que padecían esta enfermedad fueron inyectados con agua destilada.
Las distribuidoras se convirtieron también en un buen negocio para algunos gobiernos de entidades federativas, los cuales sistemáticamente compraban medicamentos a sobreprecio, para después embolsarse la diferencia. Ésta podría ser una de las razones principales por las cuales ciertos estados decidieron no formar parte del INSABI, pues no quisieron ceder la adquisición de medicinas al Gobierno federal.
Estos esquemas y la descomposición del sistema de salud crecieron a tal grado que para muchas personas es todavía impensable cambiar las reglas del juego. Pero el actual Gobierno, a pesar de las presiones ejercidas, ha iniciado acciones concretas para acabar con este círculo de vicioso, a través de dos ejes fundamentales: ampliar la competencia en el sector farmacéutico y hacerse responsable de la distribución de los medicamentos. Ambos tienen como objetivos principales poner fin a los negocios sucios en el sector, asegurar el derecho a la salud mediante el acceso universal a medicinas de calidad, y generar ahorros para el Estado mexicano.
El primero de estos ejes ya se ha puesto en marcha. La semana pasada se aprobó en el Congreso federal una reforma a la Ley de Adquisiciones, para permitir que el Estado adquiera medicamentos e insumos médicos en el extranjero, sin licitación, a través de organismos internacionales. Un día después de esta aprobación, el Gobierno del presidente López Obrador firmó un convenio con la ONU y la OMS para adquirir 3 mil 643 claves de medicinas. Contar con un proceso de compra consolidada a través de organismos internacionales blinda el proceso contra actos ilegales y sobreprecios, y además da acceso a un mercado sumamente amplio que en México estaba limitado a unos cuantos proveedores.
Quienes se oponen a esta medida tratan de argumentar, en primer lugar, que esto afectará a proveedores nacionales y, en segundo, que no será suficiente para acabar con la adquisición irregular de medicamentos. Sobre el primer punto se tiene que mencionar que el proceso de compra consolidada de los organismos internacionales también incluye a proveedores mexicanos, quienes podrán participar con mayor igualdad de circunstancias. Lo que ya no sucederá es que las grandes empresas desplazarán a los competidores más pequeños, aprovechando sus relaciones políticas y el acaparamiento del mercado.
Sobre el segundo punto es necesario decir que evitar la aduana de la corrupción que representan las distribuidoras farmacéuticas, al poder adquirir medicamentos de manera directa, es un gran paso para acabar con los viejos esquemas de colusión. Sin embargo, se debe contar con la infraestructura suficiente para que la distribución de medicamentos no sea el as bajo la manga que algunas empresas utilizan para fijarle términos asfixiantes al Estado mexicano.
Por eso, el segundo eje de acción es la creación de una empresa de distribución de medicamentos, vacunas y equipos médicos, medida que también ha sido criticada por quienes opinan que el Gobierno es incapaz de llevar a cabo este proyecto. Es cierto, se requerirá de un gran esfuerzo para poder echar a andar un proceso tan ambicioso e importante como éste, pero se debe tener claro que la mayoría de quienes construyeron las actuales distribuidoras nunca lo hubieran podido hacer sin haber abusado del Estado, por ello es ahora el Estado el que, lejos de beneficiar a un grupo en particular, empieza la corrección de rumbo para garantizar la salud de las y los mexicanos.
En su discurso de toma de posesión, el presidente señaló que, si le pidieran expresar en una frase el plan de su Gobierno, respondería: “acabar con la corrupción y la impunidad”. Los cambios legales y las iniciativas gubernamentales anunciadas la semana pasada son dos grandes pasos para desterrar de una vez y por todas a ese binomio cancerígeno que por tanto tiempo ha frenado el desarrollo de México. Quienes se oponen a estos cambios cuentan con grandes recursos económicos, pero no existe mayor fuerza que la voluntad popular, en la que cual se cimienta el actual cambio de régimen.
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