En una publicación reciente, el filósofo esloveno Slavoj Žižek sugirió que la nueva normalidad tendrá que ser construida sobre las ruinas de nuestras antiguas vidas. Y es que la pandemia ha derribado la ilusión que existía en el mundo respecto a cómo el mercado puede generar bienestar para las personas, abriendo la puerta para iniciar la construcción de sociedades más equitativas y justas. Sin embargo, los niveles de crisis que se enfrentarán en la nueva normalidad serán altos, por lo que encontrar esquemas de recuperación requerirá de una amplia cooperación que permita que los países encuentren puntos comunes que les permitan enfrentar la crisis de manera conjunta.
Por este motivo, se han realizado una gran cantidad de foros de discusión y espacios de análisis, en los cuales líderes mundiales han analizado los problemas que cada país enfrenta, y la manera como deberán ser atendidos. Uno de los puntos comunes derivados de estas disquisiciones es que la situación ocasionada por el virus SARS-CoV-2 es una oportunidad para construir un Estado de bienestar sólido, que permita blindar a la humanidad de los efectos de una crisis de esta magnitud.
Pero esta visión, esta tentativa por generar sistemas de seguridad social más robustos parece contradecirse con la implementación de la aplicación de recetas diseñadas a partir de los preceptos económicos que causaron el desmantelamiento del Estado de bienestar. Muchos de los gobiernos que hoy aceptan la necesidad de invertir en los sistemas públicos de salud, de seguridad social y de educación han decidido, al más puro estilo neoliberal, endeudarse significativamente para llevar a cabo programas de recuperación que difícilmente ayudarán a la población más vulnerable.
Paradójicamente, este tipo de medidas dificultarán aún más que en el mundo, y especialmente en América Latina, se pueda contar con los medios necesarios para financiar la creación de un Estado de bienestar sólido. Por eso, uno de los puntos de mayor concordancia sobre el camino de la recuperación mundial es la necesidad de transitar hacia la universalidad y la gratuidad de algunos servicios públicos. Ésta es precisamente la visión que el gobierno de la 4T empezó a implementar desde los inicios de la administración, la cual se refleja en la composición del gasto social.
En 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempló 170 mil millones de pesos para la implementación de los catorce programas sociales prioritarios. En 2020, antes de conocer los efectos de la pandemia, esta cantidad aumentó a 285 mil 239 millones de pesos. Cada uno de los programas prioritarios busca precisamente sentar las bases para robustecer el Estado de bienestar a través de tres pilares fundamentales: la universalidad, la entrega directa de los apoyos, y la gratuidad.
El programa de pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores es uno de los ejemplos del afán de esta administración por crear un sistema de protección social universal. A diferencia de políticas anteriores, ahora todos los hombres y las mujeres de más de 68 años tienen el derecho a recibir una pensión por parte del Estado, sin importar su condición socioeconómica o cualquier otro factor. Además, ya no existen intermediarios que puedan lucrar con los apoyos o condicionarlos, pues el Estado es ahora el garante de los derechos de la población.
La gratuidad se refleja con mayor claridad en las reformas que esta administración ha realizado al sistema de salud pública. La creación del Instituto de Salud para el Bienestar tiene la finalidad de erradicar la corrupción que durante décadas deterioró las condiciones de este sector, y también la de poder brindar atención médica gratuita y de calidad a toda la población, especialmente a las personas más vulnerables. Si algo ha mostrado la pandemia es la necesidad de seguir adelante en la construcción de un sistema de salud equitativo, justo, eficiente y de calidad, en el que además se recompensará, con la basificación de sus puestos, al personal médico que actualmente se encuentra en la primera línea de lucha contra la pandemia.
Así, a diferencia de lo ocurrido en otros países, en México la pandemia ha acelerado la construcción de un Estado que genere condiciones de igualdad y no su desmantelamiento. Por eso, las medidas económicas para atender la contingencia generada por la COVID-19, generadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron diseñadas para ayudar directamente a la población más vulnerable y no a seguir las recetas del pasado, que han causado el deterioro de los servicios públicos.
Después de la pandemia, muchos Estados quedarán golpeados desde el punto de vista financiero, pero al mismo tiempo sus obligaciones se intensificarán. Hoy más que nunca queda claro que los gobiernos deben construir, sobre las ruinas del viejo orden neoliberal, un nuevo pacto social encaminado a fortalecer el Estado de bienestar. En México la pandemia se ha manejado de manera responsable y congruente: no solamente no se ha recurrido ningún endeudamiento, sino que se ha enfatizado la creación del Estado de bienestar que se necesita para finalmente reducir la pobreza y disminuir la desigualdad.
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