En México, la búsqueda histórica de un sistema judicial justo siempre ha estado inspirada por las ideas y los principios de visionarios como Ignacio Ramírez, “el Nigromante”. Este escritor, intelectual y político del siglo XIX abogó incansablemente por la justicia social y la igualdad. Con su afilada pluma, defendió la creación de un sistema de justicia imparcial y accesible, fundamental para el desarrollo de una verdadera democracia.
Su creencia en un Poder Judicial independiente, libre de las influencias corruptoras de los poderes político y económico era firme. En el Congreso Constituyente de 1857 luchó por la inclusión de principios liberales en la Carta Magna, buscando que la justicia en México no fuera un privilegio para unos pocos, sino un derecho universal al alcance de todas y todos, especialmente de las personas más desfavorecidas.
Al igual que otros próceres, como Benito Juárez y Melchor Ocampo, el Nigromante comprendió que, sin un sistema judicial robusto y equitativo, las promesas de libertad y justicia social se desvanecerían. Su legado recuerda que la lucha por un México más justo es una batalla constante, una tarea que requiere del esfuerzo y de la voluntad de cada generación.
Precisamente, con su propuesta de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), el presidente Andrés Manuel López Obrador da continuidad a esta tradición e ideales, ya que busca profundizar la democratización y la transparencia, con el objetivo de garantizar que la justicia sea realmente accesible para el pueblo de México, y que tenga certeza efectiva la máxima de José María Morelos y Pavón: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda del fuerte y del arbitrario.”
De ahí que el primero de los Diálogos Nacionales sobre la reforma al PJF, realizado la semana pasada en la Cámara de Diputados, sea el inicio de un esfuerzo monumental tanto para corregir fallas sistémicas como para democratizar y hacer más accesible a ese Poder. En estos foros, que prometió la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, se incluyeron las voces del PJF, de la Fiscalía y de otras organizaciones.
Este primer encuentro, titulado “¿Qué Poder Judicial Tenemos? ¿Qué Poder Judicial Queremos?”, reunió a 30 participantes, incluyendo a las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. Allí, algunos ministros y ministras señalaron que los acuerdos propuestos podrían frenar el tráfico de influencias y evitar que el PJF cierre sus puertas al pueblo de México. Sin embargo, también hubo posturas en torno a la elección por voto popular de las y los jueces y magistrados, con argumentos en contra respecto a posibles impactos negativos sobre la imparcialidad y eficacia de la justicia.
No se debe olvidar que el objetivo de estos diálogos inclusivos y democráticos es escuchar todas las voces, para que la reforma sea una auténtica expresión de la voluntad popular, porque la participación ciudadana en la elección de las y los jueces y magistrados es un paso crucial hacia la democratización de nuestro sistema judicial y porque la propuesta también aborda la creación de un Tribunal de Disciplina, el acortamiento de plazos para resoluciones judiciales y la eliminación de pensiones vitalicias millonarias.
Estas medidas buscan mejorar la eficiencia del sistema judicial, así como garantizar mayor transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, austeridad republicana, a través de la eliminación de haberes de retiro excesivos, entre otros dispendios.
En resumidas cuentas, se trata de una reforma judicial que no tiene comparación con otras similares en el mundo, debido a su profundidad y alcances, pero además es impostergable e ineludible, porque, en principio, gran cantidad de ministras, ministros y personas juzgadoras se alejaron del pueblo, lo cual hizo mella en la confianza de este último, y porque, con la conducta y prácticas inadecuadas de otras y otros más, se contravino el principio elemental de proveer la impartición de una justicia equitativa, pronta y expedita.
La ciudadanía puede tener la certeza de que las y los legisladores actuaremos con total responsabilidad y seriedad, conscientes de la importancia que tiene esta reforma para el futuro del país. No pasaremos por alto los temas esenciales que se plantearon en las urnas este 2 de junio: la elección por voto popular de las y los jueces y magistrados, la creación del tribunal de disciplina y la reducción de plazos para resoluciones judiciales.
Estamos frente a una oportunidad histórica para transformar de raíz nuestro sistema de justicia. Los Diálogos Nacionales y el Parlamento abierto son espacios vitales para la discusión y el consenso, y garantizan que las reformas reflejen las aspiraciones y necesidades del pueblo de México.
El camino hacia una justicia verdaderamente democrática y accesible es largo y desafiante, pero con la participación activa de la ciudadanía y el compromiso de las compañeras y los compañeros legisladores lograremos un Poder Judicial que verdaderamente escuche, ampare y defienda a todas y todos los mexicanos, especialmente a quienes son más vulnerables.
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