Durante este último semestre, en razón de los informes legislativos de las senadoras y los senadores, así como de las tomas de protesta de compañeras y compañeros, he visitado entidades federativas que, por su historia, cultura y belleza son frecuentadas por personas del país y del extranjero, entre ellas, Sinaloa, Oaxaca, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Zacatecas y Guerrero.
Al conversar con sus habitantes y quienes prestan algún servicio, un punto de gran coincidencia es que entre sus principales preocupaciones está la inseguridad pública que, además de afectar su calidad de vida, inhibe de manera profunda el desarrollo económico de las sociedades, especialmente de aquellas dedicadas a las actividades recreativas y turísticas.
Lo sucedido el jueves pasado en Quintana Roo, en donde un enfrentamiento armado tuvo lugar en una zona turística, poniendo en riesgo la vida de las personas, sonó las alarmas sobre el efecto que la violencia tiene para la industria del turismo en el país, al generar un deterioro a su prestigio y aumentar los niveles de desconfianza que la gente tiene al decidir cuáles destinos elegir para su descanso y esparcimiento.
Para todas las entidades, pero en particular para las que basan su economía en el turismo, las medidas de distanciamiento social fueron un duro golpe a su estabilidad financiera, afectando de manera profunda la capacidad adquisitiva de las personas y poniendo en riesgo miles de empleos. A medida que avanzan los esquemas de vacunación, los esfuerzos por establecer una nueva normalidad se siguen sumando para recomponer la agenda turística del país, pero esta estrategia debe ir acompañada de acciones integrales que puedan contener la inercia de violencia que se desató hace más de una década.
En el Senado de la República se aprobaron en su momento tanto la estrategia nacional de seguridad pública del Ejecutivo federal como la creación de la Guardia Nacional y sus leyes reglamentarias, con el objetivo de que el Gobierno contara con las herramientas necesarias para hacer frente a la crisis de violencia en la que se recibió el país. Hoy, casi tres años después, es conveniente reforzar el diálogo institucional en la materia, no sólo para revisar los avances, sino para acelerar el proceso de pacificación nacional.
Por eso, durante la próxima semana, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República buscará reunirse con el gabinete de seguridad del Poder Ejecutivo federal, a fin de reforzar los vínculos de comunicación que nos permitan brindar atención oportuna a los conatos de violencia que surjan en todo el país, pero en especial en las zonas relevantes para el turismo, reforzando la presencia de la Guardia Nacional en territorios disputados por integrantes del crimen organizado.
Revisar y reforzar el plan de seguridad pública nacional es pertinente. Además, todas y todos debemos desarrollar un sentido del deber con la responsabilidad cívica, y aceptar que se trata de una asignatura pendiente por resolver en el país. La seguridad pública no debe ser un privilegio, sino el principal bien con que cuente la población; lograr la pacificación es un reto que requiere de la constante evaluación, revisión y adecuación de las líneas de acción para cumplir con la demanda principal de la sociedad.
Por eso, el Gobierno, con sus poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tiene la responsabilidad de supervisar y regular esta situación, para impedir que se presente un punto más alto en la crisis de seguridad que actualmente afecta la vida de cientos de miles de personas. No podemos dejar solo al Ejecutivo federal en la tarea de regresar la paz y la tranquilidad, al contrario, es necesaria la colaboración entre poderes para fortalecer, monitorear y, en su caso, ajustar las acciones encaminadas a lograr este objetivo.
Igualmente, es preciso reforzar la coordinación con las autoridades estatales y municipales, instancias que durante un largo periodo de tiempo enfrentaron la descomposición de sus corporaciones policiacas y que en su mayoría no cuentan en la actualidad con recursos propios para contener las disputas entre grupos del crimen organizado. Sólo a través de estas líneas de acción se podrá garantizar que la riqueza cultural y turística del país esté por encima de las situaciones de violencia que puedan llegar a presentarse a lo largo y ancho del territorio nacional.
En la nueva normalidad, la seguridad debe ser una constante; es decir, una condición sin la cual no será posible llevar a cabo la transformación de la vida pública de México, lo que nos obliga a seguir impulsando políticas públicas que contribuyan a restablecer el tejido social que durante mucho tiempo se fue resquebrajando, ante la complicidad del poder político y el económico.
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